Legisladores enojados por votar bajo presión

Diputados y senadores, a pesar de disponerse a sesionar esta semana para tratar un paquete de leyes sobre seguridad, no están convencidos de que el aumento de penas pueda tener efecto en el corto plazo para combatir el delito. Sólo la presión de más de 200.000 personas en la Plaza Congreso apuró la sanción de temas que estaban pendientes o en tratamiento. Pero todos los bloques consideran que bajo presión política y de la opinión pública pueden no estar haciendo lo que corresponde. De hecho, ni se animan a decirlo públicamente por miedo al costo que esto podría tener, habida cuenta del desprestigio que sobrevuela el Congreso desde hace años. No extraña, entonces, que en la Comisión de Legislación Penal los únicos a favor de endurecer penas son los peronistas bonaerenses Carlos Ruckauf y Jorge Casanovas, y la riquista Mirta Pérez.

A la hora de marcar responsabilidades, los diputados del PJ y el radicalismo -no se puede nombrar en este caso a la izquierda, que siempre se opuso a un incremento de penas- miran hacia la Casa de Gobierno. Los peronistas hacen lo mismo, pero en el vergonzante silencio que caracteriza su relación con la Casa Rosada desde que asumió Néstor Kirchner.

Los legisladores culpan al Ejecutivo de no reglamentar leyes sobre seguridad que llevan meses votadas y ahora, dicen, deben soportar que Kirchner le diga a Juan Carlos Blumberg que, para reclamos, lo mejor es dirigirse al Congreso.

Ese lavado de manos presidencial fue el que obligó a Eduardo Camaño y Daniel Scioli a recibir al padre del joven asesinado cuando percibieron que el gobierno les enviaba la marcha contra ellos. Scioli, incluso, volvió de apuro de Santiago de Chile para estar presente. Es decir, nadie quiso hacer ni el más mínimo gesto equívoco, frente a la dimensión de la convocatoria que se veía en la plaza.

Pero aunque resulta antipático decirlo, nunca bajo presión el Congreso votó leyes que resultaran positivas. Los ejemplos no están justamente en el plano de la seguridad, pero basta recordar que fueron sancionadas por presión política y sin convencimiento de los legisladores la anulación de la Obediencia Debida y el Punto Final, la pesificación o la salida desordenada de la convertibilidad. La última vez que se recuerda que el Congreso se haya rebelado al gobierno fue durante la presidencia de Eduardo Duhalde cuando diputados y senadores se negaron a votar el bono compulsivo para entregar a los ahorristas atrapados en el «corralito».

El jueves pasado, Horacio Pernasetti, presidente del bloque radical fue claro: «No se le puede mentir a la gente diciendo que con la votación de leyes con penas más duras se solucionará el problema de la delincuencia. Se necesita una fuerte reforma en el sistema de seguridad y el Poder Judicial», dijo.

Ayer, Rodolfo Terragno fue igualmente duro con el gobierno: «El secuestro es un delito federal y, cuando se mata al secuestrado, la pena establecida en el Código Penal es cadena perpetua. Esto significa que a los asesinos de Blumberg les corresponde cárcel de por vida, sin necesidad de reformar nada. El problema es que hay que agarrarlos y condenarlos».

Este argumento fue repetido durante el fin de semana por los peronistas e incluso en los pedidos de ayuda al gobierno por parte de Felipe Solá, al que todos consideran abandonado por Kirchner que ahora se prepara a lanzar un ambicioso programa de seguridad desde el Estado nacional.

El artículo 33 del Código Procesal dice que la privación ilegal de la libertad es delito de competencia de los jueces federales, «por lo cual la Nación no se puede hacer la desentendida y tratar esto como si fuera un problema local de la provincia», dice Terragno.

Siguiendo esa línea, y en espera de anuncios del gobierno de reformas de fondo en la Justicia y seguridad, los radicales pidieron que Gustavo Béliz se presente a la Comisión de Legislación Penal para pedirle explicaciones.

Otro de los opositores al «aumento de penas» es el presidente del bloque de diputadosjusticialistas, José María Díaz Bancalari. El presentó un proyecto de regulación de la información en el mercado de telefonía celular y consiguió que se convirtiera en ley. Con el número 25.873, la norma fija la obligación de colaborar de las empresas de celulares para el esclarecimiento de distintos delitos. Pero el Poder Ejecutivo nunca la reglamentó y, por lo tanto, no está en vigencia. Incluso, bien se podría haber incluido, vía reglamentación, la creación del registro de usuarios de celulares con datos de cada persona que pidió Blumberg, sin necesidad de votar otra ley.

En el Senado pasó algo similar. Jorge Capitanich impulsó la sanción de varias leyes, algunas propias, otras llegadas desde el Ejecutivo, pero no todas fueron puestas en marcha por el gobierno de turno. Si de endurecer penas se trata, se ha votado una larga lista, aunque aún pueda considerarse insuficiente. Pero sin una reforma del sistema que debe aplicarlas, poco servirán.

• Imputabilidad

En esos paquetes se incluyó el tratamiento de un proyecto para disminuir la edad de imputabilidad a 14 años, que nunca consiguió consenso y que ahora fue incluido en el petitorio de Blumberg. Pero ese punto será de los más difíciles de consensuar.

A pesar de mantenerlo en silencio, diputados y senadores creen que la protesta del jueves pasado debió haberse repartido más equitativamente entre la Plaza Congreso y la Plaza de Mayo. Y si Néstor Kirchner insiste en la idea de asignar la responsabilidad al Congreso de las exigencias de la gente al sistema, lo más probable es que la relación entre diputados y el Presidente se resienta y el primer lugar donde se va a ver será en el propio paquete de leyes sobre seguridad.