Los partidos, de fiesta: sin internas y con más fondos

El Senado decidió ayer de improviso convertir en ley el proyecto que deroga la obligatoriedad de llevar adelante internas abiertas en los partidos políticos. La decisión, tomada sobre tablas, se sumó a otra regresión hacia la vieja política que el Congreso debatió en la Cámara de Diputados: el régimen de financiamiento de partidos políticos que incorpora una suba de 50% en los fondos que recibirán para la campaña de 2007.

El proyecto, que fue votado el 15 de noviembre pasado en Diputados, ingresó ayer al Senado y las perspectivas de una votación rápida eran algo lejanas. Pero de no haberlo planteado Miguel Angel Pichetto sobre tablas ayer, se hubiera obligado a Cristina Kirchner a pagar el costo de debatirlo en su comisión la semana próxima.

En ese sentido, para el oficialismo votar el proyecto fue una complicación. Eliminar la obligatoriedad de llevar adelante internas abiertas en todos los partidos fue una medida nacida a la luz del concepto de la «nueva política» en 2002. Pero su aplicación comenzó mal: se la impuso en la reforma por ley del régimen de partidos políticos y luego Eduardo Duhalde la suspendió por decreto, a la luz de las conveniencias de la interna del PJ, en esos momentos preocupado porque Carlos Menem no avanzara en una candidatura a presidente con todo el PJ unificado detrás.

Finalmente, el sistema pleno nunca se aplicó, un decreto eximió a partidos que tuvieran candidato, el peronismo no la utilizó para la fórmula presidencial y sólo el radicalismo puede exhibir un uso mas o menos frecuente de esa herramienta.

De ahora en más, entonces, sólo podrán votar en las internas de los partidos quienes estén afiliados a ellos. Así fue históricamente y seguirá siendo ahora para confirmar que esas estructuras se manejan sólo mediante la vieja figura del puntero que junta votos y los lleva a la dirigencia partidaria para negociar cargos. Nada más lejos de la «nueva política» ahora sólo se impulsa en la palabra.

Riesgo

Las internas abiertas, aunque con aspectos criticables, ayudaban de alguna forma a romper ese clientelismo interno punteril. Pero generaban potencialmente un riesgo, que Raúl Alfonsín minimizó cuando se planteó aplicar ese sistema en la UCR: militantes o votos comprados de partidos contrarios podían birlar los controlesel día de la votación y perjudicar así al mejor candidato del contrincante.

Por eso se busca con la derogación convertida ayer en ley que otras fuerzas políticas no puedan influir ilegítimamente en las postulaciones de un partido, al contrario de lo impulsado desde hace 10 años.

Es claro que el partido que lo quiera hacer podrá elegir sus candidatos por convenciones, internas cerradas o abiertas o cualquier otro procedimiento que autorice su carta orgánica o la Justicia electoral. Pero resulta hasta gracioso hablar de internas abiertas o cerradas en un país donde el partido de gobierno, el peronismo o Frente para la Victoria, no tiene autoridades desde marzo de 2004 y hace un año que se encuentra intervenido, sin visos de que esta situación se vaya a corregir en breve.

La discusión en Diputados comenzó sobre la base de un proyecto presentado por el diputado del Peronismo Federal, Jorge Landau, para suspender las internas abiertas en 2007, pero los diputados decidieron avanzar en la derogación de la norma, algo que fue propuesto especialmente por el macrismo y el lopezmurphysmo, a través de Pablo Tonelli.

Al mismo tiempo, se debatía en Diputados, en medio de una tediosa sesión, el proyecto que reforma la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos con un incremento de 50% en el tope de gastos para las campañas, estableciendo que podrá gastarse hasta $ 1,5 por votante en publicidad electoral, lo que implica elevar en 50 centavos el límite.

El tope de gastos, entonces, pasará de $ 25 a $ 37,5 millones por partido político, se elevó en los debates realizados por la Comisión de Asuntos Constitucionales de Diputados.

En 2002, la Ley de Financiamientode los Partidos Políticosestableció, en medio de la crisis económica y social que estalló en diciembre de 2001, el tope de gastos en campaña, pero su aplicación resultó casi un chiste. Los partidos que terminaron presentando su balance de gastos, como obliga la ley, pueden dividirse en dos grupos. Los más chicos dieron cuenta más o menos lógica de lo gastado -el ARI, inclusive, utilizó esa rendición como herramienta de campaña-, pero los partidos grandes presentaron números en algunos casos poco creíbles.

Esa idea no es un invento de la prensa. Los considerandos de origen del proyecto sancionado ayer lo decían explícitamente: «Quedó de manifiesto que el objetivo primordial perseguido por la norma no ha llegado a cumplirse satisfactoriamente». La ley intentaba lograr un mayor grado de transparencia en el manejo de los dineros partidarios destinados a la publicidad y esclarecer el origen de esos fondos. Fue imposible conseguirlo.