Senado canceló su aumento salarial y debatirá un sistema para establecer ingresos de todo el Estado

Luego de las repercusiones negativas que tuvo su último incremento de haberes, los miembros de la Cámara alta dieron marcha atrás con el aumento.

La noticia de que los miembros del Senado de la Nación pasarían a cobrar dietas de $9 millones provocó críticas de distintos orígenes y la reacción de la propia Cámara alta del Congreso, que por unanimidad canceló el último aumento de sus haberes. Además, José Mayans (Unión por la Patria) introdujo un proyecto para establecer una escala salarial de todos los funcionarios públicos, que por aprobación unánime se discutirá en comisiones.

El proyecto dispone un tope máximo de los salarios de las autoridades de los tres poderes del Estado, organismos descentralizados y empresas públicas, en donde el Presidente y la Vicepresidenta quedarían en mayor escala de haberes pero no podrán superar los veinte (20) Salarios Mínimos, Vitales y Móviles, en agosto del 2024 anclado en los $262.432.

Asimismo, apunta fijar un principio de “coherencia y uniformidad” en la que los ministros, secretarios, subsecretarios y cargos equivalentes del Poder Ejecutivo Nacional; los magistrados y funcionarios del Poder Judicial de la Nación, del Ministerio Público de la Defensa, del Ministerio Público Fiscal y del Poder Legislativo, no pueden superar los quince (15) Salarios Mínimos, Vitales y Móviles.

Ignacio Petunchi

Senado aprobó reforma jubilatoria y pone a prueba el veto de Milei

El Senado aprobó una recomposición en los ingresos de los jubilados, ante la ratificación de Javier Milei de vetar cualquier modificación a su plan económico. Luego de protagonizar un jocoso momento con el titular del bloque de Unión por la Patria, José Mayans, Victoria Villarruel se ausentó al momento de la votación.

Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones establece un esquema que combina el IPC y la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE), con un ingreso extra del 8,1% para jubilados y una recomposición a los fondos jubilatorios adeudados a las provincias por parte de Nación por una suma de $703.515 millones. Actualmente, regía un sistema establecido por decreto por el Presidente.

El proyecto en general fue aprobado por 61 votos a favor y 8 en contra, entre los que estuvieron los siete senadores de La Libertad Avanza y Carmen Álvarez Rivero (PRO), aunque el resto de sus compañeros de bancada acompañaron la reforma jubilatoria. El radicalismo intentó establecer modificaciones de último momento a la redacción que el peronismo no aceptó argumentando que dilataría el aumento de ingresos a los jubilados.

En el encuentro también se determinó que el financiamiento universitario -que cuenta con media sanción de Diputados- sea tratado en una próxima sesión luego del debate en comisiones. Asimismo, se estableció la prioridad de abordar la situación de los tomadores de créditos UVA, a través de una iniciativa que obtuvo dictamen en la Cámara alta en septiembre del año pasado. Además se aprobaron pliegos diplomáticos, traspaso patrimoniales a las provincias y la adhesión al tratado internacional de Remoción de Restos de Naufragio.

Ignacio Petunchi

Senado aprobó tipificar penalmente la venta de niños

El primer proyecto de resonancia que fue aprobado por unanimidad en la sesión, y que cuenta con vinculaciones con el caso de Loan Peña, fue el que tipifica en el Código Penal la sustracción y/o comercialización de niños.

El proyecto, de autoría de la santafesina Carolina Losada (UCR), establece concretamente condenas de 4 a 10 años de prisión "al que reciba y a quien entregue a un menor de edad mediando precio, promesa de retribución o cualquier otro tipo de contraprestación, si no resultare un delito más severamente penado".

Asimismo, contempla a los intermediarios: penas de 5 a 15 años para "quien facilitare, promoviere o de cualquier modo intermediare", con agravantes para funcionarios públicos, para los que se prevé un tercio más de la condena convencional y la inhabilitación perpetúa para el ejercicio de cualquier rol estatal

El texto tiene en cuenta las situaciones de vulnerabilidad de los progenitores biológicos (habilitando la figura del arrepentido), por lo que la mayoría de los casos ocurren con fines adoptivos . Este delito es de competencia federal y prescribe cuando el niño alcanza la mayoría de edad, cuando pasa a la órbita de la trata de personas.