Lotería de fechas para el plebiscito: ahora noviembre 25

Fernando de la Rúa será quien decida qué interrogantes se plantearán en el plebiscito para la reforma política, y el jefe del Gabinete de Ministros, Chrystian Colombo, quien tendrá a su cargo coordinar la tarea. Esto no implica desafectar del proyecto al ministro del Interior, Ramón Mestre, en cuya área se sigue trabajando en la instrumentación de esta consulta popular no vinculante. En todo caso, se admite que están en desarrollo dos estrategias paralelas; la de Mestre apunta a lograr que el Congreso apruebe el proyecto que en su momento envió su antecesor en el cargo, Federico Storani. Tanto es así, que en el plebiscito para la reforma política está trabajando el mismo equipo que asesoró a Storani, encabezado por Alberto Fohrig. Pesa, además, en Mestre la exitosa experiencia hecha en Córdoba por José Manuel de la Sota, quien no obstante la oposición local de radicales y frepasistas, logró torcerles el brazo para eliminar el Senado provincial después de la contundente respuesta obtenida en su consulta popular.

Inicialmente pensado en hacerlo, el plebiscito, el domingo 18 de noviembre, ayer se advirtió que ese fin de semana se llevará a cabo el Censo Nacional. Por lo cual, no se descartó que haya que mudarlo al domingo siguiente, el 25 de noviembre. Consultado Lautaro García Batallán, secretario de Asuntos Institucionales de la cartera de Interior, admitió esta circunstancia, y explicó la inconveniencia de realizarlo el domingo 11 de noviembre. La Justicia Electoral requiere 30 días para hacer el escrutinio de las elecciones del 14 de octubre, y sólo después de ello se podría hacer el plebiscito, hoy un tema central para el gobierno por el respaldo político que espera obtener el Presidente para su gestión. «Si la sociedad está molesta con la política, pues entonces adelante con la reforma», repiten en la Casa Rosada, aludiendo a la consulta popular, virtual desquite del gobierno de la derrota que suponen que se producirá en las elecciones de renovación legislativa.

Uno de los temas que también se analiza incluir en la consulta -De la Rúa y Colombo siguen acumulando «papeles» con iniciativas, «insumos» los llaman- es lo que genéricamente denominan «nuevo régimen municipal». El gobierno tiene hechos estudios que demuestran que hay 75 por ciento de municipios con menos de 50.000 habitantes. Y en ellos se registran distorsiones como ésta: muchos cuentan con costosos concejos deliberantes de 20 miembros y también otros de 5 ediles. El propósito es presionar para lograr un criterio común de integración menos dispendioso de estos cuerpos colegiados.

Sin embargo, se trata de un área de decisión exclusivamente provincial. En la de Buenos Aires existe una Ley Orgánica de Municipalidades, que es la que regla el número de concejales, atendiendo a la cantidad de habitantes de cada uno de los 134 distritos en que está dividida la provincia. En el Ministerio del Interior, se admite que buena parte del porcentaje aludido se refiere al interior del país. Si la Capital Federal sigue demorando la creación de alcaldías por razones políticas, ¿cómo hacer para que las provincias tengan un criterio uniforme en la división en municipios interna? Es uno de los interrogantes en Interior aún sin respuesta.