Mal consejo a Evo: dictar decretos

Es conmovedora la facilidad con que la izquierda se apropia de las herramientas de sus adversarios cuando quiere sostener posiciones de poder. Un análisis de la Convención Constituyente de Bolivia que publica el sitio Argenpress llama a los seguidores de Evo Morales a dejar de discutir papeles porque en realidad es mejor gobernar por decretos de necesidad y urgencia. A lo Menem y a lo Kirchner.

El proceso de la Revolución Bolivariana en Venezuela ha convertido la idea de la Asamblea Constituyente en una fórmula mágica para la transformación latinoamericana que se pretende usar después de cada elección ganada. Sin embargo, en ciertas condiciones la estratagema de la Asamblea Constituyente puede convertirse en receta de una autoderrota, debido a que confunde las relaciones causales entre la Constitución y el poder real.

Aplicando la lógica de las ciencias militares, podemos entender a la Constitución como un objetivo final de la guerra, pero jamás como el teatro de operaciones de la guerra ni como un instrumento bélico. La Constitución siempre es el resultado de la lucha por el macropoder nacional, no es, ni puede ser, un medio de conquista del poder.

La Constitución es el Palacio de Versailles, donde termina la Primera Guerra Mundial y los vencedores definen el orden de posguerra. Pero, antes de firmar la Magna Carta del orden de posguerra, hay que ganar en los teatros de operaciones de Verdún y del frente oriental.

Reconocer el cambio constitucional como elementoprogramático de la lucha del futuro es correcto; convertirlo en el campo de batalla política del momento, sin embargo, puede ser un grave error.

Todo partido o movimientolatinoamericano que gana las elecciones sobre la base de un programa desarrollista y bolivariano, tiene que escoger el centro de gravedad de su política de transformación. El objetivo de escoger este centrum gravitatis es la consolidación y ampliación del poder propio, a costo del poder de las fuerzas oligárquicoimperiales.

La lucha por una nueva Constitución, iniciada con fuerzas que no tengan una clara superioridad sobre las del enemigo, es decir, con fuerzas que no garantizan su derrota, se convierte en un error político estratégico. En primer lugar, tener una nueva Constitución sin tener una abrumadora superioridad de fuerzas reales, no tiene importancia alguna, como muestra, entre tantos otros ejemplos, la Constitución colombiana de 1991. Ninguna clase dominante o dirigente en el mundo, sea feudal, burguesa o socialista real, actúa conforme a la Constitución cuando esto no convenga a sus intereses. Creer, que la Constitución determina la realpolitik de un gobierno o que se pueda lograr esto en una sociedad de clases, es simplemente ilusorio, aunque sea éticamente deseable.

La actual experiencia de Bolivia es aleccionadora. La Asamblea Constituyente le ha permitido a la oligarquía y al imperialismo construir una fortaleza legal-política- propagandística -a través de los necesarios dos tercios de votos de cada artículo de la nueva Constitución- que es virtualmente inexpugnable por las fuerzas del gobierno.

Una nueva Constitución no impide los golpes de Estado de la contrarrevolución, como vimos el 11 de abril de 2002 en Venezuela y el 11 de octubre de 2006, en Bolivia. Lo que impide los golpes es el poder real y, por eso, todo nuevo gobierno latinoamericano que desconoce la Doctrina Monroe y los intereses de las transnacionales, tiene que concentrar sus escasos recursos en la guerra real, no en la del papel y de los conceptos.

El instrumento ejecutivo idóneo para tal política son los decretos ejecutivos. La implementación de la política neoliberal se hizo en gran medida mediante decretos ejecutivos, previstos ya en la teoría política de John Locke como medio legítimo de gobernación. Este instrumento dificulta el bloqueo parlamentario de la reacción.