Malo para país: gobierno logró imponer más control a Justicia

Política

El gobierno logró a la cero de hoy la aprobación por 148 votos contra 89 y 2 abstenciones el polémico proyecto de reforma judicial que aumenta el poder del Ejecutivo en la designación y remoción de los jueces. La iniciativa que ensombrece la posibilidad de que haya en la Argentina una Justicia independiente en los años que vienen la consiguió presionando a los propios diputados y a legisladores ajenos que temen aprobar una ley que seguramente será declarada inconstitucional. El aumento del poder de la representación política agrava los problemas que ya tiene el Consejo de la Magistratura desde su creación (es caro y poco eficiente). Desde que funciona, el peronismo quiso eliminar la representación de técnicos (jueces, abogados, universitarios) y reducir la participación de las minorías. El kirchnerismo de la tentación hegemónica, que designó una Corte Suprema de Justicia a su medida, con la eliminación de los integrantes que el propio peronismo había impuesto en la década pasada, completa el círculo con este corsé sobre la independencia judicial. El gobierno logró reunir los votos con aliados del duhaldismo y algunos diputados radicales e independientes. Rechazaron en cambio la iniciativa (que es ley) la oposición del macrismo, el ARI de Elisa Carrió y los partidos moderados del interior del país.

El gobierno se aprestaba a convertir en ley esta madrugada en la Cámara de Diputados la polémica reforma del Consejo de la Magistratura. Los diputados oficialistas se mostraban distendidos tras lograr holgadamente los votos para la aprobación con la ayuda de legisladores duhaldistas, radicales y de partidos provinciales. Sin embargo, muchos aliados «extra Frente para la Victoria» del gobierno apoyaron la aprobación del proyecto en general pero no estaban convencidos de dar su respaldo al artículo 2, que determina la integración del Consejo y que, según la oposición y las asociaciones de abogados y jueces, colisiona con el artículo 114 de la Constitución Nacional que hace mención al «equilibrio» entre los diversos estamentos que componen el Consejo.

Guillermo Baigorri, de San Juan, uno de los aliados circunstanciales del gobierno, afirmó que apoyaba la reforma en general pero no en particular. A la hora de los cruces verbales, no alcanzaron los embates de la oposición, repetitivos y previsibles tras un intenso verano marcado por un profundo debate, para torcerle el brazo a la conducción kirchnerista. La estrategia del gobierno en la Cámara apuntó a enfriar el nivel de discusión. Para eso mandó a la primera línea de discursos a sus diputadosabogados expertos en el tema, Luis Cigogna, presidente de la Comisión de Justicia, y Juan Manuel Urtubey, titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales. Estos alfiles kirchneristas hablaron de derecho comparado, de técnica jurídica y escaparon así a los argumentos de politización del Consejo, principal crítica de la oposición al proyecto. Un poco más político estuvo otro abogado kirchnerista, el tucumano Gerónimo Vargas Aignasse: «El país está en otra etapa en cuanto a la reforma judicial. Lejos está el Presidente de querer manipular la Justicia. Debemos tener una Justicia federal para todos los sectores de la sociedad y debemos terminar con el elitismo judicial en la Argentina».

  • Equilibrio
  • En el recinto y en los pasillos de la Cámara, el santafesino Agustín Rossi defendía a vivas voces su concepto de « equilibrio» previsto en el artículo 114 de la Constitución nacional. «Equilibrio en el Consejo implica una composición tal de sus integrantes que obligue a todos a buscar el consenso para avanzar en la designación y remoción de jueces», argumentaba el diputado del Frente para la Victoria. Es que el proyecto oficialista propone reducir de 20 a 13 los integrantes de este órgano colegiado.

    Allí el gobierno mantendrá cinco representantes (dos senadores, dos diputados y un representante del Poder Ejecutivo), con lo que se arroga el poder de bloqueo en el nombramiento y desplazamiento de jueces, para lo que se necesitan al menos las 2/3 partes de sus integrantes. Paradójicamente el oficialismo se defendió en el debate con el que fue el principal fundamento de los embates de la oposición: la politización del Consejo. Mientras para los partidos opositores esto violaba la independencia del órgano, destinado a controlar los excesos del poder político, para el gobierno es el principal acierto de la reforma ya que aumenta la representatividad de los miembros que son elegidos popularmente. Rossi y Federico Storani protagonizaron un duelo aparte. Tras excederse en su tiempo para exponer, y gracias al tiempo cedido por una compañera suya de bloque, el radical citó como antecedentes del Consejo de la Magistratura, que buscaban atenuar el hiperpresidencialismo, al núcleo de coincidencias básicas acordado entre Carlos Menem y Raúl Alfonsín en 1994, y el Consejo de Consolidación de la Democracia impulsado por el ex presidente radical en 1986.

    Atento y rápido de reflejos, Rossi, jefe de los diputados K, le replicó con cita textual en mano que ese experimento alfonsinista nunca había recomendado la implementación de un consejo de jueces. Sin embargo, Storani insistió en rebatir los argumentos kirchneristas que postulan que el Consejo es caro e ineficiente. «No es caro porque gasta menos de 2% del presupuesto del Poder Judicial, y tampoco es ineficiente porque mientas que el Senado destituyó un juez cada ocho años, el Consejo de la Magistratura desplazó a diez en siete años», retrucó el radical. «El verdadero motivo para la reforma es la manipulación de la Justicia», concluyó.

  • RE acomodamiento
  • La sesión extraordinaria de ayer marcó un reacomodamiento trascendental de las piezas políticas del recinto, previo al inicio de las sesiones ordinarias el próximo miércoles. Con la inminente fractura del Peronismo Federal, y el consecuente éxodo de votos al Frente para la Victoria -ver nota aparte-, el gobierno tendrá prácticamente asegurada la mayoría parlamentaria en ambas Cámaras. La nueva era kirchnerista en el Congreso se traducía en gestos de confianza y tranquilidad en manos de Carlos Kunkel, quien se encargaba de acomodarle la solapa del saco a Alberto Balestrini, y también en signos de resignación ante un debate que, ante el hecho consumado de la mayoría oficialista, tuvo a Mauricio Macri como un ausente casi permanente en el recinto.

    El jefe de los diputados radicales, Fernando Chironi, equiparó al kirchnerismo con el menemismo: «Al peronismo, incluida su variante kirchnerista, nunca le interesó el Consejo de la Magistratura. Lo aceptaron a regañadientes para conseguir la reelección de Menem. Ahora se lo quieren sacar de encima para consagrar impunidad y garantizar la reelección de Kirchner, y cuanto antes mejor». Más combativa se mostró Elisa Carrió. La jefa del ARI abrió su discurso recordando que el martes en San Juan se había inaugurado el barrio Presidente Kirchner. «Hoy aquí, se estrena el barrio Presidente Kirchner y señora», disparó irónicamente la arista. Una de las sorpresas de la sesión la protagonizaron los diputados cordobeses del Frente Nuevo de Luis Juez. Cuando todos especulaban que los legisladores de la agrupación del intendente de Córdoba, aliado al gobierno, votarían junto al gobierno, Norma Morandini expuso el rechazo de los cinco legisladores del bloque al proyecto. Se preguntó, al igual que casi todo el arco opositor, por qué había desde el gobierno tanto apuro para resolver en dos meses lo que tardó cuatro años (1994-1998) en regularse. «Uno de los males del país es el diálogo roto, hay que atender a los sectores de la sociedad civil que nos advierten que con la reforma se va a romper el equilibrio de los distintos estratos. Pese a los votos y a la legitimidad que obtuvo el gobierno en las urnas, la reforma merecería un debate más profundo», fue su reclamo. Y metafóricamente mencionó los fantasmas que en 2001 rompieron el vínculo entre los legisladores y la gente. Los discursos de la izquierda estuvieron a cargo de Laura Sesma del partido Socialista y de Claudio Lozano de la CTA. La diputada del partido liderado por Hermes Binner alertó sobre la profunda crisis de descrédito de las instituciones judiciales, y la consideró incluso peor que la hecatombe económica de 2001. «En el contexto de la entrega de superpoderes y del uso discrecional de decretos de necesidad y urgencia de parte del Poder Ejecutivo, esta reforma agravará la falta de confianza en la Justicia. Y el costo lo va a pagar el Poder Legislativo». Lozano, con un tono enérgico y efusivo, pidió también tener en cuenta a los organismo de derechos humanos, que pese a acompañar importantes medidas del gobierno en esa materia, como las Abuelas de Plaza de Mayo, el CELS y el Movimiento Ecuménico, se oponen sin embargo a esta reforma que también elimina el carácter permanente del Jurado de Enjuiciamiento.

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