Masivo rechazo de provincias peronistas a la política de Fernández Meijide

Cuarenta y tantos minutos de aquí para allá. La entrada al ministerio por la avenida 9 de Julio estaba clausurada, por las dudas, como si esperaran una «batalla campal». Lo cierto es que aún no empezaba la conferencia de prensa que iba a dar la titular de Desarrollo Social, Graciela Fernández Meijide, y ya se había distorsionado todo. Prime-ro, la tediosa espera, agudizada por un terrible estado climático de 30 grados de calor; y la cereza de la torta fueron los más de 200 desocupados del partido bonaerense de Florencio Varela que con incansables repiques de tambor, no dejaron concentrar la atención en las conclusiones que iba a anunciar la ministra con motivo del cierre del año 2000. Por suerte, se llegó a un acuerdo y los vecinos del microcentro pudieron dormir la siesta.
Sin embargo, con firmeza en la voz, la ministra contó plan tras programa, toda la ejecución anual y los delineamientos que la cartera de su dominio supo realizar. De entre los participantes, había algunos que aseguraban «qué bien todo lo que se ha hecho» y otros que se preguntaban, mientras la ministra arrojaba las cifras resultantes de los planes, «¿de qué país está hablando?».

En realidad, 2000 fue para el ministerio, más que de puras rosas o puro barro: acuerdos, desacuerdos, y cuestionamientos por parte de algunos gobiernos provinciales con la Nación. Las dos críticas más duras y más adoptadas por los que «reprocharon» el accionar de Desarrollo Social, fueron por un lado, el incumplimiento en los términos de ejecución de los planes y, por otro, una «truncada» relación con la Nación que se resolvía en un diálogo áspero. Así, por ejemplo, lo había denunciado la secretaria de Promoción Comunitaria de Santa Fe, Roxana Latorre, en el mes de octubre. Según Latorre, la Nación hacía más de 4 meses que no les enviaba ayuda alimentaria y por eso había «mucha preocupación porque vemos que el gobierno central lanza al ruedo programas sociales aparentemente sofisticados y no está cumpliendo con lo fundamental que es la comida».

Otra de las quejas, puede representarse en boca del ministro de Acción Social de Formosa, Alberto Zorrilla, quien aseguró que «hubo una controversia y sigue habiendo porque se incorpora (a la organización y ejecución de los planes en las provincias) un coordinador nacional con perfil aliancista». Por su parte, la directora provincial de lo que eran los planes PRANI y ASOMA (de alimentación para mayores y niños, que ahora se unificaron en UNIDOS), en Santa Cruz, Liliana Periotti, aseguró que el gobierno «no cumplió» con las entregas y que la provincia realizó una contrapropuesta basada en lograr una transferencia dineraria y comprar los alimentos a las industrias locales para que además se pueda reactivar la economía local.

Este cuestionamiento fue uno de los más repetidos en las distintas provincias: «¿por qué hay que recibir atún importado en el puerto de Buenos Aires, en lugar de mermelada producida en la provincia?». Aunque la batalla fue peleada, en el medio de los reclamos aparecieron dos grandes cambios: uno, fue el «Pacto Fiscal»; otro, la remoción y renovación de los responsables más directos de la ejecución de la política de asistencia, como la ida del secretario de Políticas Sociales, Eduardo Bustelo. Así, las posturas se dividieron entre los que se vieron esperanzados la posibilidad de un real cambio y los que no.

En el primer caso, se puede hablar del ministro cordobés de la Solidaridad, Herman Olivero, que pasó de hablar de actitudes «politiqueras, clientelistas y desaconsejables» por parte de la Nación, a pensar en lo positivo que será el futuro. En el caso más intransigente, se ubica Claudia Scappini, que no pudo convencerse de las novedosas propuestas, acuerdos y cambios.

Volviendo a la reunión de prensa que la ministra comenzó con un «fue un año difícil», se informó como contrapartida, qué montos fueron gastados por los programas sociales durante el año 2000. De las cifras cabe destacar que de los 1.200 millones que corresponden al ministerio que preside Fernández Meijide, 850 millones corresponden a pensiones no contributivas y son 350 millones los que se disponen para la ejecución de las políticas sociales. Entre los gastos, es destacable la partida asignada en Salta, que fue de 49.496.530 pesos, como una de las más importantes, teniendo en cuenta los episodios ocurridos en Tartagal en mayo y en noviembre.

La menos importante, fue para Tierra del Fuego, donde se gastó 6.601.398 pesos. Finalmente, entre muchísimos temas enumerados en la conferencia, la titular de Desarrollo Social destacó el Plan Jefas de Hogar, que está desarrollando su etapa inicial en la provincia de Mendoza; la regularización del Registro Nacional de Personería Jurídica para las comunidades indígenas, la protección por medio de pensiones a la población enferma, los microemprendimientos y los desarrollos en infraestructura.