Mauricio Macri anunció su ingreso a la política y ya lo procesaron

Mauricio Macri fue procesado ayer aunque no se le dictará la prisión preventiva por la supuesta comisión del delito de presunto contrabando que se le imputa a la ex empresa SEVEL SA que se dedicaba a fabricar en el país automotores con las marcas Peugeot y Fiat. La medida fue dictada por el juez en lo Penal Económico, Carlos Liporace, debido a una resolución de la cuestionada Sala A de la cámara en ese fuero que revocó la falta de mérito con que lo había calificado el suspendido juez Guillermo Tiscornia y ordenó profundizar la investigación ante la acusación de la fiscal María Gabriela Ruiz Morales. El juez dispuso un embargo sobre sus bienes de $ 4.900.000.
La causa se inició en 1993 debido a una denuncia que surgió de una declaración indagatoria del presidente de Renault Argentina, Manuel Antelo, quien ante el juez federal de Córdoba, que lo investigaba por el mismo delito, reveló que la empresa automotriz de los Macri actuaba de la misma manera. La investigación de Ruiz Morales pudo establecer que SEVEL Argentina enviaba autopartes a la zona franca de Montevideo donde SEVEL de Uruguay SA armaba los vehículos y los reexportaba a Buenos Aires con el argumento de que se le introducían piezas importadas de terceros países. Sin embargo, la fiscal dice que se pudo comprobar que ese procedimiento no se cumplió como lo exigía el convenio ex Cauce -actual Acuerdo de Alcance Parcial de Complementación Económica N° 1- que la Argentina firmó con el vecino país.

Ese procedimiento le permitió a SEVEL Argentina cobrar por derechos aduaneros en concepto de exportación y, a su vez, pagar arancel cero por importación, configurando un presunto delito de defraudación al fisco y contrabando por varios millones de pesos. Para Ruiz Morales « se simularon exportaciones definitivas a consumo» y « se realizaron importaciones definitivas a consumo» para (presuntamente) generar un reintegro aduanero y generar un saldo a favor ficticio en la balanza comercial de SEVEL SA. Tampoco se devolvieron los reintegros percibidos al momento de exportar ficticiamente y se realizaron importaciones de partes, piezas y vehículos terminados con un arancel preferencial de 2 por ciento (tasa menor).

Por este mismo hecho ya se encuentra procesado el ex presidente de SEVEL Argentina, Franco Macri, y su similar de SEVEL Uruguay, Doménico Ferraris, y a partir de ahora también lo están otros directivos de esas empresas como Armando Amasanti y Luis Da Costa. En cambio, el ex presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA) y ex directivo de SEVEL Argentina SA, Jorge Blanco Villegas, ya se encontraba sobreseído.

La fiscal consideró que las empresas imputadas forman parte de un mismo grupo económico ya que ellas, al momento de los hechos, eran conducidas por las mismas empresas económicas. Por ese motivo, Ruiz Morales pedirá, ahora, que se extienda la investigación a SEVEL de Uruguay SA y pide revisar otros períodos fiscales.

Anoche, el vicepresidente de SOCMA Americana -otra empresa de Macri-, Jorge Aguado dio la versión empresaria del proceso judicial. Sostuvo Aguado que las «operaciones cuestionadas en la Justicia fueron realizadas con el conocimiento y la expresa aprobación del servicio aduanero». El responsable de las relaciones institucionales de SOCMA Americana destacó que la resolución de la Justicia « es sólo un trámite procesal, consecuencia directa de la resolución que dicta-ra la Sala B (Marcos Grab-viker, Juan Pizatelli y Roberto Hornos) de la Cámara en lo Penal Económico en el mes de octubre pasado». Aguado también sostuvo que a Mauricio Macri, Da Costa y Amasanti se les dictó la falta de mérito en otros dos de los cuatro hechos que se les imputaban.

Después de este fallo de Liporace, queda abierto el camino hacia el juicio oral y público que podría producirse antes de fin de año aunque para Aguado « aún faltan medidas de prueba hasta ahora no realizadas en el proceso, las cuales en conjunto con otras que propondrá la defensa, llevarán a la conclusión de la inexistencia de cualquier delito». El contrabando contiene una pena de 2 a 10 años y es por ese motivo que el juez no dictó la prisión preventiva de Franco y Mauricio Macri y Ferraris. El comunicado de Aguado concluye en que «no haremos más comentarios en virtud del respeto que merece la independencia del Poder Judicial, dado que no queremos violentar de ninguna manera el criterio de los jueces que deben resolver la cuestión».