La Corte de Justicia de la Capital Federal tiene previsto hoy resolver acerca de una presentación en contra del desdoblamiento de las elecciones locales de la Capital Federal, con respecto a las nacionales, anunciadas para el 30 de marzo de 2003.
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Los jueces del Tribunal Superior de Justicia -el máximo organismo en la materia de la Ciudad de Buenos Aires-se reunirán para determinar con qué figura se encuadra un escrito presentado por la menemista Raquel Kismer de Olmos. La ex legisladora se opone a que las urnas porteñas se celebren en fechas distintas de las presidenciales y cuestiona si es correcto que la Legislatura de la Ciudad haya determinado esa separación mediante una ley que ya promulgó Aníbal Ibarra.
La polémica surge por decisiones de la anterior Legislatura y la propia Constitución porteña. El ex Concejo Deliberante cobró status de Legislatura recién en 1997, un año después de la asunción del primer intendente electo por el voto de los vecinos, Fernando de la Rúa. Por ese calendario, los diputados vieron acortado su mandato, el que caducó junto con la gestión del radical y por lo tanto duró menos que el estipulado de 4 años.
Al mismo tiempo, la Constitución porteña, recién estrenada entonces, previó que podría surgir la necesidad de juntar en el mismo cuarto oscuro la votación para jefe y vice de la Ciudad y legisladores. Por eso, en la cláusula transitoria cuarta dispuso que la primera Legislatura «por única vez» podía acortar o alargar el mandato de los próximos diputados y autoridades de la Ciudad «con el fin de hacer coincidir» las elecciones locales con las nacionales. La Cámara, que gerenciaba Ibarra, decidió mediante una ley juntar las elecciones y acortar los mandatos, que son los de los actuales diputados, a 3 años y 4 meses.
Cuando Eduardo Duhalde anunció que en marzo se elegiría su reemplazante, Ibarra públicamente anunció que anticipaba las elecciones en la Capital Federal para la misma fecha. Luego los legisladores se opusieron a realizar en forma conjunta la votación local y la nacional, y sancionaron una ley que determinó el desdoblamiento.
En ese sentido, Ibarra, quien como jefe de Gobierno tiene la facultad exclusiva de convocar a elecciones, no definió la fecha todavía.
La Corte porteña primero decidirá si la presentación corresponde a una acción de inconstitucionalidad o a un amparo electoral y luego dará intervención al fiscal general Luis Mandalunis. La candidata a jefe de Gobierno, Olmos, solicitó también una medida cautelar para que la ley porteña quede sin efecto mientras que los jueces resuelven la cuestión de fondo.
Para Olmos, «el desdoblamiento avanza sobre la Constitución de la Ciudad y avanza sobre la competencia del Poder Ejecutivo».
Para Olmos, «quienes impulsan el desdoblamiento es porque carecen de un proyecto a nivel nacional. Yo sí lo tengo, y se encuadra en la figura de Carlos Menem», manifestó.
En cuanto al fundamento de la presentación judicial, la candidata opinó que la ley recientemente sancionada «avanza sobre la Constitución porteña y sobre las competencias del Ejecutivo».
El Tribunal Superior de Justicia, si bien no tiene un plazo procesal para expedirse, sobre este tipo de cuestiones no demora demasiado en resolver. El primer paso lo daría hoy, para aceptar dar un encuadre a la causa.
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