Militares a prisión, parte de la campaña

Política

No pareció casual, más bien reiterada, la invocación de Cristina de Kirchner a que si Evita viviera estaría con las Madres de Plaza de Mayo. Es decir, sería montonera. Y el Sheraton Hotel, tal vez el Hospital de Niños. Quizás olvidó que el propio Perón despidió a los jóvenes imberbes de la Plaza de Mayo, no los respetó ni como militantes (categoría casi papal para la primera dama, ya que también hizo un homenaje a los minoritarios militantes de otros partidos), fue él mismo a quien Evita aconsejó seguir (al pueblo peronista) hasta las últimas consecuencias, al tiempo que escribía casi sin puntos ni comas en sus últimas cartas: «Viejito, el amor de mi vida, lo que más quise», el que no se equivocaba. Otros tiempos, otra memoria.

Al margen, sin embargo, de lo que sería Evita (o de presumir lo que hubiera sido hoy o en los '70, ¿entonces con Ignacio Rucci o con Mario Firmenich?), lo que está claro del mensaje es que la candidata de la Casa Rosada anticipa lo que se viene en términos proselitistas: una oleada de reivindicaciones en materia de derechos humanos con la convocatoria a los estrados judiciales a cientos de militares con causas de todo el país, sabiamente observadas hoy por el Eduardo Duhalde a cargo de los Derechos Humanos y el Procurador del Presidente más que de la Nación, Esteban Righi: de Tucumán a Rosario, Concordia, Salta, Capital Federal o Buenos Aires, con el Ejército como principal imputado. Si hasta se menciona en esa oleada que podrían convocar al general retirado y hoy embajador en Colombia, Martín Balza, por su actuación en Paso de los Libres.

Habrá, por lo tanto, revuelo internacional (ya llega el de pronto admirado juez Baltasar Garzón) y detenciones castrenses, un considerable esfuerzo del gobierno para mostrarse como el impulsor de las sanciones que se habían archivado con las consagradas leyes de Obediencia Debida y Punto Final a través de una Justicia independiente. Parte de la campaña electoral, ya que los prisioneros militares -según el propósito oficial aunque la determinación finalmente dependerá de los magistrados- serán trasladados a cárceles comunes, sin duda esposados y con televisión en directo rumbo al penal de José C. Paz, entre otros cautiverios. Al revés de los procedimientos tradicionales o anteriores, cuando se notificaba a la fuerza y luego el jefe de ésta enviaba discretamente a los uniformados detenidos a unidades militares ad-hoc.

El general Roberto Bendini ya advirtió que él se encuentra en imposibilidad de cobijar militares presos en sus cuarteles, incluyendo en esa advertencia (a partir del mes próximo) a dos de sus compañeros de carrera, hoy entubados en Granaderos. No se le ocurre a Bendini hacer cuestionamientos de forma o fondo, como por ejemplo lo han hecho sus colegas del Uruguay; además de esa falta de voluntad o de admirable seguimiento a su comandante en jefe, también carece de la capacidad si pretendiera hacerlo: hoy es un rehén de la Justicia santacruceña, en cualquier momento de desobediencia debida lo procesan y pierde el cargo.

No está en la misma situación el jefe de la Armada, Jorge Godoy, almirante que ha rediseñado unidades en Río Santiago con la esperanza de que sus marinos acusados terminen en esos cuartelescárceles y no en prisiones con reos comunes. Nadie sabe si logrará el objetivo que no se propuso Bendini, aunque resulta complicado para su jefatura -de acuerdo con la tempestad desatada para ese momento- que conserve al controvertido Alfredo Astiz detenido en la Marina. Se inicia un ciclo de ebullición militar con marcada presencia y respaldo de organizaciones de derechos humanos, marco mediático, el que parece encajar en la previa publicitaria de las elecciones de octubre. Y que se enlaza con el propósito oficial de que Evita, si viviera, tuviera un rol que ella jamás pudo haber imaginado. Bizantina discusión.

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