El Gobierno nacional no quiere mover fichas en el tablero político por la causa Botnia. Con el fin del corte de ruta en Gualeguaychú y el plan de control ambiental de la pastera y del Río Uruguay en marcha, no quiere hacer movimiento bruscos. Nada mejor podría haber resuelto el juez federal subrogante de Concepción del Uruguay, Gustavo Pimentel, para mantener la paz en las orillas.
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En una resolución de 11 carillas, Pimentel aceptó al Estado nacional como querellante en la causa por múltiples delitos contra los vecinos asambleístas y a la vez desestimó llamar a declaración indagatoria a un grupo de ellos por esas mismas infracciones. O sea, aceptó la demanda del Gobierno, pero se negó a citar a las personas que la Rosada considera responsables. Una de cal, otra de arena, en Balcarce 50 conservan en pie la medianera.
El magistrado sostuvo en su fallo que no es posible convocar al estrado a Jorge Omar Frizler, Sira Nidia Muñoz, Osvaldo Daniel Fernández, Juan Antonio Ferrari, Ana María Acosta, Paola Soledad Roble, Cristina Limba, Víctor Limba, Alejandro Crimella y José Gómez porque los delitos que el Estado les imputa no tienen "base fáctica" para darle "verosimilitud" a las causas ya iniciadas. No hay pruebas.
Según se desprende del apartado III, de las páginas 4 y 5 del oficio, "el querellante ha incorporado una multiplicidad de valoraciones jurídicas carentes de correspondencia con otros episodios fácticos sobre los que pudieran actualmente recaer". Y es por eso que la aceptación de los múltiples delitos queda "condicionado a la localización de cierta base fáctica que sólo una profundización y enriquecimiento reconstructivo de la causa o causas ya iniciadas permita darle verosimilitud y procedibilidad".
Pimentel decidió de esta manera con el informe de la fiscal Daniela Neyra en la mano. Días atrás, Neyra consideró que habría que desestimar por completo el planteo del Estado. No cree conveniente que se instruya una causa por otros delitos además de la obstrucción del tránsito sobre la ruta 136.
Sin embargo, para la administración kirchnerista los asambleístas son responsables de los delitos de homicidio culposo, amenazas, amenazas agravadas, daños a bienes públicos, entorpecimiento del normal funcionamiento de los transportes, instigación a cometer delitos, intimidación pública, apología del delito, otros atentados al orden público, delitos que comprometen la paz y la dignidad de la Nación, atentados al orden constitucional y a la vida democrática, sedición, atentado y resistencia contra la autoridad y encubrimiento.
La presidente Cristina de Kirchner oficializó la demanda contra los entrerrianos el 15 de junio pasado, con la publicación en el Boletín Oficial del decreto 828/2010. La jugada del Gobierno queda en evidencia por que el Procurador General del Tesoro de la Nación, Joaquín Da Rocha, todavía no presentó ni una sola prueba ni una hoja de documentación para hacer avanzar la causa.
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