Negó diputado dictámenes con firmas falsas

Política

El peronista santafesino Oscar Lamberto respondió con una cuestión del privilegio que presentó en la sesión de ayer de Diputados a las acusaciones de una ONG sobre el manejo de las actas de aprobación de dictámenes en la Comisión Mixta Revisora de Cuentas -encargada de controlar la forma en que el gobierno ejecuta los presupuestos- que él preside.

Esa organización acusó a la comisión de tener un acta con firmas, específicamente del radical Mario Losada, en una fecha en que el ex senador estaba fuera del país.

Lamberto rechazó ayer las denuncias y explicó el procedimiento de aprobación de dictámenes en la Revisora de Cuentas.

Con el apoyo del jefe del Frente para la Victoria, Agustín Rossi, Lamberto se preguntó en el recinto: «¿Para qué se falsificaría un acta de una comisión en el Congreso sobre un tema aprobado por unanimidad?». Y siguió: «Después de 20 años en el Congreso, me parecería una tontera y, además, no tendría ningún sentido, ninguna utilidad».

Que los diputados o senadores no firmen los dictámenes en el momento en que se están emitiendo en las comisiones, sino más tarde en sus despachos puede ser una irregularidad reglamentaria, pero ciertamente es el hecho más común en ambas cámaras.

Pero, según Lamberto, ése tampoco es el caso de la Revisora de Cuentas. Explicó que las actas no tienen relevancia legal a los efectos de la aprobación de los informes de la Auditoría General de la Nación sobre cuentas al Poder Ejecutivo, ya que esto se hace en los dictámenes de la comisión que los diputados y senadores firman en el momento de terminar el análisis y decidir la aprobación o el rechazo de las cuentas.

Las actas se elaboran como seguimiento administrativo de los temas que va despachando la comisión: «Cuando se firman los dictámenes, se confecciona un acta de uso interno para decir qué expedientes se han aprobado, y cuando se firma esa acta no están presentes los legisladores, porque el acta se firma después de hecha, nunca antes», dijo durante la cuestión de privilegio presentada contra la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, organización que hizo un estudio del funcionamiento de la comisión y brindó los datos a la prensa.

«Esa acta la firmamos dos personas, primero la directora de la comisión, luego el senador radical Mario Losada -entonces era vicepresidente de la Revisora- y después yo. ¿El acta se puede haber firmado después de la fecha? Es probable, porque las actas se firman después de escribirlas», dijo.

En el fondo de toda la cuestión, hay una sospecha que algunos diputados y senadores de la Revisora de Cuentas sólo cuentan en privado: creen que algunas de las denuncias fueron motorizadas directamente desde las oficinas de Leandro Despuy, presidente de la Auditoría General, organismo que depende de la Revisora, pero que mantiene una relación tirante desde hace años.

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