"No buscamos con los controles quitarle trabajo a inmigrantes"

El ministro del Interior, Aníbal Fernández, aseguró esta mañana que las medidas que se están tomando para controlar a los talleres textiles clandestinos "no tienen como objetivo perjudicar" a los inmigrantes ilegales "ni quitarle las fuentes de trabajo", sino que se busca "regularizar la situación".

Fernández se refirió de este modo a la serie de inspecciones que se están realizando en esos establecimientos, y que en las últimas horas derivó en la clausura de 18 talleres, en los cuales se encontraron a unos 300 ciudadanos bolivianos trabajando en condiciones casi de esclavitud.

En tanto, el ministro destacó la importancia de la nueva ley de Migraciones, que reemplaza a una norma vigente desde 1981, "conocida como la ley Videla", la cual "ningún gobierno en la joven democracia que tenemos pudo o se animó a cambiar, y que cambiamos nosotros".

En declaraciones radiales, el titular de la cartera política dijo que el de la inmigración ilegal "es un tema que se habló inclusive con el presidente Evo Morales cuando estuvo en la Argentina", y señaló que se están tomando medidas para regularizar la situación de esas personas.

"Toda la vida estuvieron a la buena de Dios, y hoy hay alguien que está preocupado por resolver rápidamente el tema", subrayó.

Consultado sobre los dichos de un representante de la comunidad boliviana, en el sentido de que los dueños de talleres clandestinos pagan coimas a la Policía Federal, Fernández dijo que impartió una instrucción "por escrito" para que se investigue esa denuncia.

Por otra parte, el ministro le restó trascendencia a las acusaciones formuladas por Carlos Sapere, ex jefe del Departamento Control de Permanencia de la Dirección Nacional de Migraciones, quien afirma haber renunciado a su cargo porque supuestamente le dieron "la orden de no controlar los talleres".

Fernández dijo no conocer a Sapere, y aseguró que se trata de alguien que no era "importante" en la estructura de la Dirección de Migraciones.

Agregó que ante las declaraciones periodísticas de Sapere consultó con Migraciones, y que le dijeron que era un funcionario "que estuvo en San Isidro y tuvo algún problema y lo trajeron a Migraciones central, y en algún momento tuvo una responsabilidad que no la supo llevar a cabo y que por esa razón se le aceptó la renuncia".

Afirmó luego que las condiciones abusivas de trabajo que sufren muchos inmigrantes bolivianos "sucede no sólo en la capital con los talleres textiles, sino también en el sudeste de la provincia de Buenos Aires con el ajo y la cebolla, y sucede en la vendimia y en las zafras".

Dijo finalmente que por esta razón "en diciembre del año pasado se inició un programa para incorporar al país a un millón de inmigrantes ilegales", regularizando su situación.