No cesa escándalo por bono para pagarles a empresarios
-
Debaten sanciones para los diputados que visitaron a represores: faltaron todos menos Arrieta
-
Organizaciones sociales se manifestaron frente al Ministerio de Capital Humano en reclamo de alimentos
Se sabe que una autorización de ese tipo necesariamente tiene que salir del Ministerio de Economía. La Dirección Nacional de Deuda Pública, comandada por el contador Jorge Amado, es la encargada del seguimiento de toda la deuda y fue en esta ocasión la dependencia que informó a los senadores cuáles serían las deudas a pagar con los $ 1.300 millones en bonos a emitir.
Las dudas que había en ese momento sobre el destino de los fondos a ex integrantes del Grupo Greco quedaron confirmadas con ese informe. Fue el que usaron radicales como Gerardo Morales o Sanz para rechazar cualquier acuerdo propuesto por el PJ sobre el tema y lo que llevó finalmente a la suspensión de todo el proyecto.
En el gobierno no se dan nombres sobre los responsables de haber incluido la deuda con los Greco -de la que no se sabe aún a ciencia cierta si debe ser pagada o no, por otra parte-. Todo apunta, entonces, al Ministerio de Economía, aunque desde el piso de la ministra Felisa Miceli se señala al renunciado Alfredo MacLaughlin y al sistema legal de pagos de deuda que se manejó durante la administración de Roberto Lavagna en esa misma cartera.
La deuda, mientras tanto, podría formar parte de un capítulo de la historia de la industria del juicio en el país. La Justicia había ordenado al Estado pagarles a los Greco y herederos una indemnización por el incumplimiento de un acuerdo firmado entre esos mendocinos y Héctor Fassi, procurador del Tesoro durante todo el gobierno de Raúl Alfonsín, en 1987.
En esa lista se incluyó a José, Oscar y Héctor Greco, Margarita Granzzoto de Greco y Libertad y Jorgelina Bassil, herederas de otro de los fundadores del grupo.
El gobierno radical les reconoció a los Greco-Bassil que la dictadura no había sido equitativa en la distribución de cargas durante la intervención y la posterior quiebra del Grupo. Se firmó así una cesión de empresas con devolución en efectivo y vino que fue muy criticada en aquel momento.
El Estado nunca cumplió ese acuerdo y la Justicia falló a favor del Grupo, el 28 de diciembre de 2001. Ese era el último día de la gestión de Adolfo Rodríguez Saá en la presidencia, el país estaba sumido en el mayor caos que se recuerde y volvía a aplicarse en una semana por segunda vez la Ley de Acefalía. La sentencia, dicen en el Senado, no fue apelada por el Estado.
En ese momento justo pudieron ocurrir dos cosas: una negligencia por parte de los abogados del fisco que no recurrieron ese fallo a tiempo o una negligencia penal en perjuicio del erario.
Eso deberán investigarlo ahora tanto la Auditoría General como la comisión investigadora que propusieron la semana pasada los radicales y que involucra no sólo el pago al Grupo Greco sino a todo el sistema de prioridades de cancelación de deuda estatal.
El pago así aparece apurado por primeravez en las listas de deuda consolidada en la era Lavagna en el Ministerio de Economía, pero el pedido al Congreso de mayor endeudamiento para cancelarlo fue hecho en épocas de Miceli-MacLaughlin. Por qué se incluyeron dentro de un paquete con pagos a jubilados resarcimientos a familias de desaparecidos y a ex empleados de YPF por deudas de programa de propiedad participada de la empresa, parece ser la principal incógnita. ¿Se pensó que en medio de ese fárrago de bonos, que también incluían pagos a jubilados militares, no se repararía en un pago nominado como para «proveedores» que en realidad incluía a los Greco-Bassil?
Dejá tu comentario