No hay solución electoral

Si se toman con seriedad las últimas declaraciones del presidente Duhalde («es un disparate, irrealidad y falta de respeto seguir como presidente» -lo había acusado el menemismo-; «sólo un demente podría aspirar a ser candidato a gobernador después de haber estado al frente del país en semejante crisis»), hay que convenir que el Presidente, al menos, busca seriamente una salida institucional en el menor plazo. Claro, una cosa es Duhalde y otra el duhaldismo, que pretende apuntalarlo para mantener poder, cuando menos bonaerense, si no se puede en el próximo gobierno. El duhaldismo, además de conocidos intendentes bonaerenses en el nivel alto y «manzaneras» en el nivel bajo, lo integra también su esposa Chiche, a quien Eduardo Duhalde dijo que propondrá como candidata a vicegobernadora bonaerense. «Busco la tranquilidad», dijo el Presidente mientras sus seguidores quieren poder y protección contra investigaciones judiciales por el pasado bonaerense.

Aunque Duhalde, al menos, de buena fe quiera elecciones honradas y en los tiempos previstos nada se lo facilita. No hay solución sin arriesgar el país a un presidente débil y surgido de minorías, lo cual lo colapsaría aun más. Otras soluciones no son constitucionales.

Para las internas no podría excluirse a los afiliados a otros partidos y dejar votar sólo a los independientes y a los afiliados al propio partido. Simplemente porque no hay padrones serios para hacerlo. Si se sacara a todos los afiliados ajenos y también a los independientes -violando el espíritu de la Ley de Reforma Política de la Ley de los Partidos porque se trataría de una interna «cerrada»-, tampoco podrían hacerse esos comicios porque, aun referidos sólo a afiliados propios, los padrones son fraudulentos. Sólo el justicialista de la provincia de Buenos Aires supera el millón y medio de «afiliados», nunca se actualizó desde 1983 y no se cree que las reales afiliaciones que fueran hoy ratificadas llegarían a 400.000 o 500.000. Un padrón así adulterado desvirtuará cualquier «interna» que abarque al justicialismo de todo el país.

Claro, frente a la casi segura imposibilidad de internas apareció la Ley de Lemas y que se dirima allí, sin que exista «voto travesti» de un partido a otro, porque se evitaría la interna del 24 de noviembre (van todas las fórmulas que quieran a los comicios del 30 de marzo pero se suman los votos a las fórmulas más votadas de cada partido). El salteño Romero tiene su idea y dice «que cada fórmula del justicialismo» lleve los símbolos partidarios (escudo, fotos de Perón, etcétera). Supera a la Ley de Lemas, que es anticonstitucional, como lo dice el radicalismo más serio. La Constitución señala que a la segunda vuelta van «las dos fórmulas más votadas», supone que no se pueden sumar votos de fórmulas distintas para calcular el respaldo de cada partido. Además, esa Constitución reformada establece el voto «directo» (para eso se suprimió el Colegio Electoral) y sería «indirecto» si el voto a un candidato terminara sumándose a otro.

Por todo esto se pensó en el proyecto Romero, con todas las fórmulas pero sin agrupar votos para que se mantenga el carácter de «directo» y que vayan a segunda vuelta constitucionalmente «las dos fórmulas más votadas», sean del mismo o de distintos partidos. Esto sería constitucional.

Pero ¿qué pasaría? El justicialismo se presenta con 5 candidatos encabezando fórmulas distintas. Cada uno obtendría, digamos, 10% aproximadamente y representaría un triunfo histórico con 50%. Pero resulta que a la segunda vuelta podrían ir sólo la fórmula de Rodolfo Terragno, porque logró 11%, y Elisa Carrió, porque tuvo 12% en el ejemplo. El presidente de la Nación futuro surgiría de la preferencia política de apenas 23% de los ciudadanos y podría ser primer magistrado alguien que inicialmente lograra 11% o 12%. Un escándalo. Se derrumba el país.

No hay solución. No se puede hacer un plebiscito para que la gente opine si se pueden sumar votos de fórmulas distintas del mismo partido porque el derecho del ciudadano a plebiscitar está incluido en la Constitución pero dice que «no se puede ejercer sobre cuestiones de la misma Constitución». Entonces tampoco sirve.

Los adláteres de Carlos Menem hablan de elecciones generales en enero. Es formal, no resuelve el problema de fondo. Legisladores justicialistas insisten con Ley de Lemas sin tomar en cuenta el problema constitucional descripto. El duhaldismo -como prueba de que en tema electoral también enfrenta a su jefe- no quiere dar quórum en el Congreso. Ni pensar que puedan sancionar otra ley electoral que requiere mayoría calificada (de la totalidad de los diputados, no sólo de «presentes»).

La única solución, endeble también pero para cumplir con la Constitución y no caer en «internas» fraudulentas, parece ser la siguiente: reagrupación de candidatos justicialistas en lo posible en dos fórmulas o tres pero no cinco. Así se aseguraría que uno de esos binomios, al menos, pase a segunda vuelta. Requiere diálogo de candidatos y fusiones con renunciamientos para llegar a algo así. No se necesita Ley de Lemas ni ley alguna porque es cuestión del propio PJ ante las perspectivas y debería entrar el duhaldismo, aunque exija resguardos para el futuro.