Oficialismo logró dictamen a favor por ley de contratación público-privada

Con el proyecto, el presidente Mauricio Macri espera atraer inversiones, aunque Cambiemos deberá aceptar varios de los cambios requeridos por la oposición para poder destrabar el debate.

Luego del fracaso de la sesión del miércoles pasado, Cambiemos logró obtener dictamen de mayoría del proyecto de ley de participación público-privada en materia de obra pública. De esta manera, la iniciativa será tratada en la Cámara Baja por segunda vez a partir de este miércoles.

En una reunión de las comisiones de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda, el oficialismo anunció modificaciones al dictamen original que habían intentado aprobar en la sesión fallida, donde prosperó una moción del Frente para la Victoria (con apoyo del massismo) para la vuelta a comisión.

Con críticas vinculadas al carácter "cosmético" de las modificaciones, el Frente para la Victoria rechazó la iniciativa y firmó un dictamen de minoría. Desde la oposición señalan que la iniciativa le otorga amplias facultades al Ejecutivo para otorgar obras públicas, con menores controles.

Al iniciarse la reunión, el presidente de la comisión de Legislación General, Daniel Lipovetzky (PRO), aseguró que tras los cambios acordados con el massismo y el bloque Justicialista, el proyecto será devuelto al Senado en segunda revisión para que apruebe las modificaciones.

"El proyecto ha mejorado muchísimo en el ámbito de los controles del Estado, de asegurar a las pymes y la industria nacional y los controles para operaciones de este tipo", destacó.

El diputado macrista Luciano Laspina confirmó que aceptaron el pedido formulado por el massista Ignacio de Mendiguren de elevar el piso a la participación nacional en los contratos de PPP, a un 33 por ciento, por encima del 25 por ciento fijado originalmente.

El legislador confirmó que se establecerán "preferencias" en los "procesos licitatorios" para sectores de la industria nacional, dada la "preocupación" que transmitió la cúpula de la CGT.

En este punto, la diputada Carolina Gaillard aclaró que la CGT había manifestado la necesidad de fijar un 50 por ciento de componente nacional en los contratos de PPP y no un 33 por ciento como quedó establecido en el dictamen.

"En lo relativo a la provisión de bienes y servicios que deba realizarse en el marco de los contratos que se celebren al amparo de la presente ley, los pliegos y demás documentación contractual deberán contener previsiones que establezcan que tales bienes y servicios tengan, como mínimo, un 33% de componente nacional", indica el dictamen de mayoría al que accedió NA.

El texto consensuado con el massismo estipula un agregado de "Compre Trabajo Argentino", así como la constitución de una comisión bicameral de seguimiento de los contratos que se efectúen bajo el régimen de PPP.

También se incorporaron al dictamen los "deberes" que contraerá la parte contratante, como la responsabilidad de fomentar proyectos vinculados al cuidado del medioambiente, y que serán monitoreados por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, conducido por Sergio Bergman.

Por pedido del bloque Justicialista, se incorporaron pautas para que en la selección de contratistas del Estado priorice a las empresas nacionales por sobre las extranjeras. A su vez, se agregó el requisito de que el Poder Ejecutivo deberá informar el impacto fiscal de los contratos e incluirlos en el Presupuesto. En este marco, se fijó un tope del 5 por ciento del presupuesto para la realización de contratos bajo este régimen PPP.

El diputado Axel Kicillof (FpV-PJ) se mostró disconforme con el dictamen de mayoría y advirtió que con esa redacción se "habilita a que un tercio de la obra pública se haga por afuera de la normativa vigente". Tras afirmar que la normativa busca convalidar un "Estado Bobo" que transfiere facultades a los privados, denunció que el proyecto "está escrito por algún estudio de abogados que trabaja con esos proveedores".