Oficialismo no pudo echar a juez (primera derrota K)

Ernesto Sanz

La suerte del cuestionado conjuez de la voladura de Río Tercero, Diego Santos Román Estévez, quedó en manos de la Cámara de Apelaciones de Córdoba. El kirchnerismo fracasó ayer en el intento de apartar al magistrado de la causa de la explosión de la fábrica militar. Un bloque conformado por jueces, abogados, radicales y un académico impidió que el consejo de jueces tomara una decisión que habría abierto las puertas para castigar a los jueces por el contenido de sus sentencias. Por siete votos contra cuatro del oficialismo el consejo decidió que los jueces cordobeses analicen «de manera urgente» las irregularidades que se le imputan al conjuez Estévez y haga conocer las resolución antes del 1 de enero,fecha en que comienza la feria judicial.

Los cuatro consejeros que representan al gobierno, la diputada Diana Conti, los senadores María Laura Leguizamón y Nicolás Fernández y la representante del Ejecutivo, Marcela Losardo (faltó Carlos Kunkel que afronta una intervención quirúrgica), sostenían la posición de « separar preventivamente» a Estévez del manejo de la causa.

La mayoría que se opuso al criterio oficial se conformó con los votos de los jueces Luis María Cabral y Luis María Bunge Campos, los abogados Pablo Mosca y Santiago Montaña, el diputado Federico Storani, el senador Ernesto Sanz y el académico Mariano Candioti.

A ese resultado se llegó después de tres horas de reunión reservada y donde al oficialismo no le quedó más remedio que aceptar la derrota.

El bloque opositor cerró un dictamen en el que señaló como deber del consejo « asegurar la independencia de los jueces para resolver las causas cuyo conocimiento le son atribuidas».

En ese sentido, remarcaron que no le correspondía a ese cuerpo colegiado considerar lo acertado o erróneo de un pronunciamiento judicial, salvo que constituya un delito o el mal desempeño. Y puntualizaron que «lo que pudiera haber resuelto el conjuez Estévez ha sido recurrido por las vías procesales idóneas, cuya decisión se encuentra pendiente en la instancia correspondiente».

Al fundar su postura en favor de la separación del conjuez, el kirchnerismo argumentó « gravedad institucional», razón que -entendió- obligaba al consejo a actuar con celeridad para corroborar irregularidades denunciadas.

Estévez fue nombrado para intervenir en la causa de un listado de abogados que tenía la Cámara Federal de Córdoba y como nunca fue nombrado formalmente juez no es necesario que sea juzgado por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Es decir, puede ser suspendido o apartado de la investigación sin recurrir a un tribunal de enjuiciamiento.

El destino del conjuez cordobés comenzó a naufragar hace dos semanas cuando sobreseyó a seis militares que fueron acusados de «estrago doloso», por considerarse que habían participado de la explosión intencional para ocultar el faltante de armas supuestamente traficadas ilegalmente a Ecuador y a Croacia.

Reprimenda

Ese fallo chocó primero con un pronunciamiento de la Cámara de Casación que avaló una pericia que ratifica que el estallido fue un atentado y no un accidente como sentenció Estévez.

Y luego recibió la reprimenda del presidente Néstor Kirchner, quien calificó el sobreseimiento como « vergonzoso».

Esa tacha presidencial actuó como detonante para que desde la unificada Comisión de Acusación y Disciplina que preside Conti se decidiera citar al magistrado cordobés. La excusa fue una denuncia que promovió el fiscal federal Carlos Stornelli por supuesta «parcialidad manifiesta» en la investigación.

La acusación fue presentada el viernes pasado, y el martes -con una velocidad poco común- la Comisión de Acusación llamó a Stornelli para que ratificara su denuncia. El fiscal sostuvo que el sobreseimiento dictado por Estévez «es funcional a un pacto de silencio» y reiteró su hipótesis que vincula la explosión con el contrabando de armas a Croacia y a Ecuador, durante la primera presidencia de Carlos Menem.

Además, señaló que «lo más escandaloso» fue que para desacreditar la pericia que concluyó sobre la « intencionalidad » de las explosiones, el magistrado se valió de un artículo publicado en la página de Internet «El rincón del vago», a la cual los estudiantes recurren para copiar monografías.

Ayer el conjuez Estévez se presentó a declarar ante el Consejo de la Magistratura. Ante sus acusadores dijo: «Resulta inadmisible que el Presidente, que es el primer ciudadano y el primero o que debe respetar y promover la independencia de los poderes esté descalificando moralmente una sentencia».

También aseguró que fue denunciado en el Consejo de la Magistratura por haber emitido un fallo inesperado.

«Me sorprende que se haya dado curso a esta denuncia cuando mi resolución aún no está firme, lo que constituye un grave acto de violencia moral en mi contra, por no haber resuelto lo que se esperaba», se defendió el conjuez.

Estévez expuso sus argumentos durante más de una hora y media ante los miembros de la Comisión de Acusación y Disciplina del Consejo.

Luego de escuchar el descargo, la diputada Conti calificó de «vergonzosa» la defensa esgrimida por el conjuez y sostuvo que «no lo aprobaría en un examen de derecho penal».

La postura del oficialismo no alcanzó, pese a que la causa tiene un impacto público y notorio.

«Es muy difícil que quienes representan a las corporaciones quieran tomar decisiones de este tipo, son más cautos», afirmó la diputada en relación a sus colegas consejeros.