Ordenan seguir investigación sobre Kirchner por presunto desvío de fondos

Néstor Kirchner.

La Cámara Federal porteña ordenó profundizar una investigación sobre el ex presidente Néstor Kirchner, quien fue denunciado por el presunto desvío de fondos para obras de infraestructura hacia la Secretaría de Medios.

Así lo dispuso la Sala II de la Cámara, al revocar una decisión de primera instancia que había dispuesto el archivo de la denuncia contra el ex presidente.

En consecuencia ordenó que se investigue a Kirchner por la presunta utilización de fondos pertenecientes a un fideicomiso creado para la realización de obras de infraestructura hacia la Secretaría de Medios.

Según la denuncia ese desvío se habría efectuado a efectos de incrementar el presupuesto oficial en función de la proximidad de las elecciones legislativas del año 2005.

Los camaristas Horacio Cattani, Martín Irurzun y Eduardo Farah, integrantes de la Sala II, consideraron "prematura" la decisión del juez federal Sergio Torres de archivar el expediente.

El juez de primera instancia había tomado intervención tras un dictamen de la Auditoría General de la Nación, que detectó las presuntas irregularidades.

Pero la denuncia se originó el 20 de octubre de 2005 a raíz de una denuncia del abogado Juan Carlos Iglesias, a partir de artículos periodísticos.

Según la denuncia los fondos hacia la Secretaría de Medios habrían sido girados desde el fideicomiso creado por el decreto 976/01 para la realización de obras de infraestructura.

La presunta transferencia de fondos habría tenido la intención de incrementar el presupuesto de publicidad oficial ante las elecciones legislativas de octubre de 2005, en las que Cristina Kirchner se presentaba como candidata a senadora por la provincia de Buenos Aires.

En ese marco, la Auditoría General de la Nación analizó controles de la Secretaría de Transporte, entre octubre de 2001 y diciembre de 2004 sobre los 1.684 millones de pesos transferidos al Sistema Ferroviario Integrado (SIFER) y al Sistema Integrado de Transporte Automotor (SISTAU).

El juez de primera instancia había investigado las contrataciones directas y transferencias por 17 millones de pesos en compensación a la Obra Social de Conductores de Camioneros y Personal de Transporte Automotor de Carga y la Fundación para la Formación Profesional de Transporte.

Pero luego archivó las denuncias tras considerar que la propia Auditoría sostuvo que los hechos no ameritaban una denuncia penal.

Tras ello, el fiscal Oscar Amirante interpuso un recurso al cual hicieron lugar los camaristas.

Los camaristas entendieron que "analizar la relevancia penal o no de un suceso constituye una facultad propia e indelegable de la instancia judicial" y no de la Auditoría.

Además, según remarcaron los jueces en el fallo, de la investigación podrían surgir nuevos delitos como negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos, y defraudación.