Otra vez, Ibarra vs. Duhalde por el juego

La Ciudad de Buenos Aires y el gobierno nacional se enfrentarán esta semana por las ganancias de un pozo de $ 1.300 millones anuales, la mitad del presupuesto porteño. El monto es el total de las ventas de Lotería Nacional en la Capital Federal, a través de sus agencias de billetes y diversos juegos de azar, pero especialmente en la ruleta flotante anclada en la costa del Río de la Plata y sus máquinas tragamonedas. Una nueva y polémica partida tendrá lugar esta semana cuando la Legislatura intente crear un organismo que le permita a la Capital Federal controlar y pedir parte de las apuestas porteñas.

Desde la Ciudad, Aníbal Ibarra quiere supervisar la actividad y que genere ingresos al distrito, pero muchos legisladores se oponen a lucrar con la ruleta, que consideran inmoral y declararon prohibida por ley. Desde la Nación, que defiende los ingresos de Lotería -que son destinados al área de Acción Social que administra Hilda Chiche de Duhalde-envían señales contra la creación de un instituto porteño. Incluso el titular del organismo, Carlos Gallo, supone que ese monitoreo sería anticonstitucional a pesar de estar inscripto en el estatuto de la Capital Federal.

Mañana, en la Legislatura, los titulares de los bloques debatirán la norma con la idea de sancionarla el jueves en el recinto, ya que cuenta con preferencia para ser tratada ese día. El organismo podrá crear juegos propios de la ciudad, como billetes y raspaditas, que además competirían con los que ya circulan, nacionales y provinciales.

El Casino Estrella del Mar, que arribó a la ciudad en el último tramo de la gestión de Carlos Menem, genera más de la mitad del monto total de apuestas. Unos $ 1.700 millones pasaron por sus ruletas y tragamonedas desde entonces; $ 700 millones el año pasado y en 2002 superará esa cifra, a pesar de la pérdida que también los juegos de azar presentaron ante la retracción económica. La ruleta y las máquinas -prohibidas por la Ley de Juego en el área de la Capital Federal-son las más atractivas para ludópatas y aficionados.

•Instituto

Legisladores y gobierno porteño intentarán echar mano a las arcas de Lotería Nacional con la creación del Instituto de Juegos de Azar, un ente que contará con un reducido directorio y no podrá repartir nombramientos. La idea es que se arreglen con personal contratado ya existente en otros organismos, como la propia Legislatura. La demorada ley está alentada para controlar el paso de $ 1.300 millones que los productos de Lotería Nacional vende, y dejar una partida para el presupuesto capitalino. La norma consiste en la reglamentación de la Ley 538, de Juegos, sancionada a fines de 2000. Tenía fecha para ser tratada en el recinto de la Legislatura el jueves 29 de agosto pasado, pero no hubo acuerdo en la comisión que preside la socialista Delia Bisutti.

Mientras que el duhaldista Jorge Argüello, legislador porteño, intenta que Ibarra y el Presidente sellen un convenio para transferir fondos del juego, en el tablero de la disputa debaten el jefe de Gobierno, Lotería Nacional y la empresa CIRSA dueña del casino flotante.

Ibarra asegura que quiere recaudar de las apuestas de los porteños y por eso firmó, a poco de asumir, en 2000, un convenio con Lotería para que le ceda una parte del producido del juego, pero como incluía el producido de las ventas del casino, el convenio no llegó siquiera a considerarse en el recinto. Ahora los legisladores parecen haber cambiado de estrategia. A Lotería Nacional no le entusiasma la creación de ese instituto y considera que la ciudad no puede tener injerencia sobre su actividad como ente nacional. CIRSA, que explota 600 máquinas recreativas, sólo en los tres primeros meses de este año vendió $ 297.398.000, pero en general los juegos de azar registran una reducción de 20% con respecto al año anterior. Por ahora la empresa podría pensar en un barco mellizo (ver nota aparte), ya que sobre el buque casino la disputa judicial se centró en la injerencia sobre el río, que en primer lugar se consideró territorio nacional y no porteño. Fernando de la Rúa, siendo jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, lo clausuró en el mismo momento que el barco se estrenaba. La clausura luego fue levantada y más tarde comenzó la disputa con Ibarra cuando siendo ya Presidente, De la Rúa autorizó con un decreto la instalación de máquinas recreativas en la ciudad, lo que dio lugar a varias causas judiciales que aún no resolvieron la cuestión de fondo.

•Encomienda

Algunos legisladores, ahora, como el «adolfista» Miguel Doy, el peronista Jorge Mercado y el independiente Jorge Giorno, quieren avanzar sobre la Ley de Juegos y proponer una enmienda. El artículo que quieren eliminar es el que establece que sólo el jefe de Gobierno puede proponer la instalación de un casino en la ciudad de Buenos Aires y que la propuesta debe ser aprobada por dos tercios de las bancas. Como la modificación de la norma, para que se elimine ese punto y cualquier diputado o bloque pueda llevar el proyecto al recinto, no necesita de mayoría especial, los interesados reunirían una mayoría simple para dar permiso a las ruletas en la ciudad. Mercado, por caso, amenaza con presentar un recurso de inconstitucionalidad de la Norma 538 en caso de fracasar los conciliábulos para su modificación.