Otro informe advierte sobre libertad de prensa en el país

La autocensura adquirió envergadura en el ejercicio del periodismo en Latinoamérica en 2005, en especial en Colombia y México, según el informe «Ataques a la prensa en el 2005» difundido ayer por el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, en inglés) de manera simultánea en Washington, El Cairo, Londres y Bangkok.

La autocensura «socava» la prensa de América latina, en especial en aquellas regiones donde no impera la ley y que «más necesitan contar con periodismo de investigación y libre flujo de información», señaló el CPJ. Según el informe en la Argentina, varios gobiernos provinciales y el nacional «manipularon» la asignación de publicidad estatal, «como castigo a quienes informan de modo crítico y recompensaron» a los medios que los respaldaron. El capítulo referido al país dice, entre otros conceptos: «La prensa argentina siguió en 2005 trabajando en libertad y mayormente sin temor a los ataques físicos. Pero varios gobiernos provinciales y el gobierno nacional manipularon la asignación de publicidad estatal como castigo a quienes informan de modo crítico y recompensaron a los medios que los respaldaron. Dos nuevos estudios determinaron que la distribución de la publicidad gubernamental con motivación política socava la libertad de prensa en la Argentina.

Poder Ciudadano, una organización no gubernamental que promueve la participación cívica, reveló que la distribución de publicidad estatal está regida por «una regla no objetiva», que permite a funcionarios a favorecer a medios «amigos». El análisis de la entidad demostró que «Clarín» recibió la mayor cantidad de publicidad del gobierno, un total de 7,1 millones de pesos (2,3 millones de dólares estadounidenses).

• Anomalías

Pero el estudio puso al descubierto anomalías en otras partes. «La Nación», el segundo matutino más importante con una circulación diaria de 160.000 ejemplares, recibió 17 por ciento menos en ingresos por publicidad gubernamental que «Página/12», aun cuando llega a más del doble de lectores de lunes a viernes.

Poder Ciudadano, que divulgó su informe en setiembre, observó que el presupuesto de publicidad del gobierno era de 88 millones de pesos (29 millones de dólares estadounidenses). Las dependencias regionales también compran publicidad; los avisos anuncian temas tales como servicios hospitalarios y programas escolares, e informan a los ciudadanos sobre sus obligaciones y derechos. El informe concluyó que «el derecho a la libertad de prensa se ve resentido porque los beneficiarios de la pauta podrían no informar todo lo que haga a cuestiones problemáticas para el gobierno, además de que siempre existe la posibilidad de obtener informaciónsesgada por el flujo del dinero oficial».

Un informe divulgado en diciembre por Iniciativa Pro-Justicia de Open Society, un grupo radicado en Nueva York que promueve reformas legislativas en todo el mundo, y la organización no gubernamental argentina, Asociación por los Derechos Civiles, también examinaron la distribución de publicidad gubernamental. El informe, titulado «Una censura sutil: abuso de publicidad oficial y otras restricciones a la libertad de expresión en Argentina», reveló «una cultura enquistada de abuso persistente por parte de funcionarios de gobiernos provinciales que manipulan la distribución de publicidad con fines políticos y personales», e indicó que tales decisiones tienen efectos especialmente « insidiosos» en las provincias en las cuales la publicidad oficial es crítica para la supervivencia de muchos medios. Aun cuando los medios nacionales dependen menos de la publicidad gubernamental, afirmó el informe, «esto no impide que el gobierno nacional asigne publicidad según lo que sólo se puede describir como favoritismo político». La prensa mantuvo una relación tensa con el Presidente Néstor Kirchner y su gobierno. En julio, Kirchner acusó a los medios de «histéricos» cuando la prensa sugirió que los aumentos en los pagos a jubilados habían sido motivados políticamente. Mabel Moralejo, directora ejecutiva de FOPEA, indicó que Kirchner busca desacreditar a los periodistas que cuestionan sus políticas.

Kirchner y otros funcionarios argumentaron que el gobierno estaba expresando su derecho a no estar de acuerdo con las críticas en la prensa.