El Gobierno salió nuevamente ayer a defender a la secretaria de Medio Ambiente, Romina Picolotti, luego de que el fiscal federal Guillermo Marijuan iniciara una investigación penal contra la funcionaria por presunta malversación de fondos públicos.
El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
La causa, que quedó en manos de la jueza María Servini de Cubría, recoge cuatro denuncias que habían sido realizadas en distintos juzgados por presuntos desmanejos administrativos.
Según trascendió, el fiscal Marijuan intentará averiguar cuántos empleados contrató Picolotti y con qué remuneraciones, cuántas veces alquiló aviones a dos empresas privadas para trasladarse al interior del país y cuál era el papel que la fundación pública ArgenINTA tenía en la financiación de los gastos de la secretaría y en los gastos del Programa de saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo.
Ante este escenario, el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, volvió a respaldar ayer a la secretaria medioambiental y se mostró "feliz" de que se investigue para conocer el desempeño de Picolotti.
"Es procesalmente lo correcto. Hay cuatro personas que denunciaron sin saber qué denunciaban", afirmó Fernández en declaraciones a radio América y evaluó que con la investigación "se van a dar cuenta todos de por qué" se denuncia a Picolotti.
El jefe de ministros pidió, en este sentido, al fiscal que "investigue como corresponde, sin altisonancias".
Se trata de una ratificación del respaldo que Fernández brindó a su funcionaria a comienzos de julio pasado, cuando la funcionaria se convirtió en el eje de las críticas a partir de una investigación periodística que advertía acerca de supuestas irregularidades en el manejo de fondos de la Secretaría.
Por entonces, Fernández había señalado que "de ningún modo" podían "darse por ciertas esas denuncias" y acusado a "un funcionario despechado que fue sacado de su puesto" en la secretaría de Ambiente de haber montado una "campaña" contra el Gobierno.
Los cargos contra Picolotti tomados por Marijuan fueron hechos por tres diputados del ARI, el dirigente político Ricardo Mussa y los abogados Ricardo Monner Sanz y Enrique Piragini.
La Justicia deberá determinar ahora si Picolotti y sus colaboradores malversaron los fondos públicos que les fueron confiados, es decir si los usaron del modo y con los fines detallados en el presupuesto.
Dejá tu comentario