Paro nacional: temen disturbios en Noroeste

La existencia de piquetes en provincias norteñas hace temer a la Gendarmería Nacional que la jornada del paro sea detonante de enfrentamientos de los manifestantes con la Policía, especialmente luego de los choques ocurridos el miércoles en Jujuy.

El paro que hoy llevarán a cabo la CGT-disidente y la CTA mantiene en vilo a Gendarmería Nacional. Altas fuentes de la fuerza aseguraron a este diario que evalúan la eventualidad de una profundización del conflicto en las zonas donde persisten piquetes, cortes de ruta y otras protestas sociales.

Los puntos clave se encuentran fundamentalmente en el norte del país. Sobre la Ruta 34, en Salta, hay tres cortes que mantienen desocupados de la provincia. En Jujuy persistía el mal clima generado el miércoles pasado cuando militantes de la Corriente Clasista Combativa chocaron contra fuerzas de seguridad. Sobre la Ruta 40, en Catamarca, también persiste un piquete de desocupados (ver aparte) al igual que sobre la Ruta 22 en Neuquén.

El secretario de Seguridad Interior, Enrique Mathov, exhortó a «cada uno de los gobiernos provinciales» a que establezcan «un diagrama de seguridad» para la jornada. En tanto, se estima que la medida se sentirá con más fuerza en el sector estatal y en el transporte.

También se notará con fuerza en las empresas de colectivos y en las rutas donde el tránsito se verá interrumpido por las protestas que llevarán a cabo los afiliados al sindicato de choferes de camiones que lidera el mandamás de la CGT-disidente, Hugo Moyano. También habrá movilizaciones en las principales capitales del país.

En Neuquén el cese de actividades se sentirá con más fuerza en los gremios adheridos a la CTA que en la provincia es más poderosa que la confederación de Moyano. Sobre todo afectará a estatales que son 50 por ciento de la fuerza laboral neuquina. Además, es muy posible que los gremios escrachen a las empresas españolas sobre todo Repsol.

En las provincias no hubo actos de intimidación claros, pero se supo que en Mendoza una bomba fue desactivada ayer dentro de un colectivo. El hecho generó preocupación en las autoridades locales; ya que anteriormente había sido descubierto un artefacto explosivo en el Ministerio de Justicia y Seguridad provincial. Desde el gobierno culparon a «grupos interesados en crear conflictos».

En Misiones, en tanto, un grupo de desconocidos arrojaron una bomba tipo molotov contra una unidad del servicio urbano de transporte de pasajeros. «Siempre se registraron ataques con piedras y otros elementos arrojados contra las unidades en vísperas de medidas de protestas, pero nunca un artefacto como éste», afirmaron fuentes policiales.

En Catamarca se aguarda un dispar apoyo sindical a la medida de fuerza. La Asociación de Trabajadores de la Educación de Catamarca (ATECA-gremio de base de la CTERA) y la filial local del SADOP, anunciaron que adhieren al paro sin concurrencia a los lugares de trabajo. También adhirieron la Unión Tranviaria Automotor (UTA), el Sindicato de Obreros y Empleados Textiles (SETYA), la Asociación Obrera Textil (AOT) y los gremios de camioneros, pasteleros y farmacéuticos.

En Santa Fe el gobernador, Carlos Reutemann, consideró que el paro «no le hace bien» al país. El mandatario basó su postura en lo mucho que «al país le cuesta arrancar por la recesión» y agregó que «todos han hecho esfuerzos».

Los gremialistas santafesinos, por su parte, anunciaron que seguirán las directivas emanadas desde Buenos Aires por los líderes de las diversas centrales sindicales respecto del paro de mañana.

En ese sentido, se estima que el transporte, como sucede habitualmente, contribuirá a paralizar en gran medida la actividad.

En Córdoba la protesta incluirá piquetes y caravanas de protesta, aunque no se efectuará un acto central como en la recordación del Cordobazo, el 29 de mayo. El paro logró en Córdoba la adhesión casi masiva de los sindicatos.

En Entre Ríos, los choferes se plegarán al paro de actividades al igual que los estatales. En el caso de los choferes se aguardan problemas porque una legislación local obliga a las empresas a prestar como mínimo 50 por ciento del servicio.