Picolotti se complica en Córdoba

La situación de la cordobesa Secretaria de Medio Ambiente de la Nación sigue turbulenta. Tras las denuncias periodísticas sobre designaciones de familiares en su cartera y gastos importantes, ahora se suman nuevos detalles sobre posibles irregularidades en una transferencia de fondos al municipio cordobés y más favores a sus amigos de esa provincia.

Entre los casos más cuestionados, habría un pago de $ 400.000 que el municipio de Córdoba hizo con fondos de Picolotti para un estudio de saneamiento del lago del parque Sarmiento. Aquí el beneficado sería el estudio de Santiago Reyna, docente de la Universidad Nacional y amigo íntimo de Picolotti. La transferencia se habría realizado a través de su hermana. La nueva información la publica hoy el semanario Punto a Punto que se edita en Córdoba

También se habría contratado a Carlos Prósperi, otro consultor que las versiones indican que es amigo de la funcionario, por unos $ 200 mil. El caso de Prósperi es más sugestivo ya que es el Director de la Calidad del Agua nombrado hace unos meses por la misma Picolotti.

Finalmente, con los fondos transferidos a Córdoba se habrían contratado servicios o subsidiado a la Fundación Centro de Derechos Humanos y Medio Ambiente, la entidad que fundara la propia Romina Picolotti junto a su marido y titular Daniel Taillant..

Servini investiga a la funcionaria

Según una investigación periodística, en el año de gestión de Picolotti en Medio Ambiente, la secretaría casi duplicó la planta de empleados, contratando unas 350 personas. Entre el nuevo personal figuran familiares cercanos y amigos de la funcionaria. Como su hermano, Juan, quien a su vez llevó a su novia y a su cuñado. Los salarios irían desde los 4 mil a los 12 mil pesos.

En la investigación, también se denunciaron frecuentes viajes en jets privados, costosos como todo servicio de lujo, y compras millonarias de muebles y computadoras. Se dijo además que Picolotti canalizaba los pagos a través de la fundación ArgenINTA, luego de desviar hacia allí fondos públicos del presupuesto.

Las presuntas irregularidades son investigadas por la jueza federal María Servini de Cubría, quien recibió tres denuncias distintas que terminaron unificadas en su tribunal.