Piden elevar a juicio oral y público la causa "Los Sauces"
Lo solicitó el fiscal Gerardo Pollicita. Cristina, Máximo y Florencia Kirchner están acusados de encabezar una asociación ilícita.
-
Diputados analiza la reforma a la ley de Glaciares
-
Marchas contra la ley de Glaciares: manifestaciones, horarios y todos los cortes de hoy
A días de la reaparición pública en el sindicato de SMATA, Cristina de Kirchner fue citada a declarar por las presunta coimas que destaparon los cuadernos de Centeno y recibió el pedido de elevación a juicio del fiscal Pollicita en "Los Sauces".
Según el fiscal, a partir de evaluación de los pagos en alquileres, que habrían alcanzado a suma de casi $ 23 millones sin IVA, que fueron "a parar al patrimonio de los Kirchner" en tanto que los empresarios eran "contratistas del Estado".
Este expediente lo tramitó originariamente el juez Claudio Bonadio. En un procesamiento de 392 páginas, ese magistrado acusó a Cristina, sus dos hijos, Báez, López, Mercado, Fabián De Sousa, Sanfelice, Manzanares, tres escribanos y seis directivos de empresas de Báez de montar una asociación ilícita, una figura penal que se utiliza habitualmente cuando la acusación es endeble.
Para Bonadio, los alquileres no eran alquileres sino coimas, aunque no logró detectar ni un solo edificio sin inquilinos y no encontró sobreprecios. Es más, describe una trama de supuestos pagos de coimas con retornos de alquileres pero todos los movimientos de Los Sauces se hicieron a través de cheques, que fueron depositaron en bancos, con lo cual todo está declarado y a la vista.
Luego de procesar a 21 personas, Bonadio se declaró incompetente y derivó el expediente a Ercolini, quien investiga otras causas por supuestas irregularidades con la obra pública. Ercolini sobreseyó en diciembre de 2011 a Cristina por una pesquisa similar, donde también se acusó al fallecido empresario hotelero Juan Carlos Relats dueño de JCR S.A. por alquilar habitaciones de Los Sauces y, al mismo tiempo, ser beneficiario de contratos del Estado para el mantenimiento de rutas.
En su fallo, Ercolini sostuvo que los mandatarios tienen derecho a administrar sus bienes y que los movimientos tienen que tener cierta lógica de mercado. "No tengo elementos que permitan sostener en modo alguno que el alquiler abonado hubiera sido excesivo, o la inversión realizada injustificada y con esto sospechar que el mismo, en las condiciones mencionadas, hubiera sido una exigencia para que, a cambio de ello, se otorgara al grupo Relats la concesión de diversa obra pública".




Dejá tu comentario