En las últimas el juez Rodolfo Canicoba Corral le negó la excarcelación al sindicalista Omar "Caballo" Suárez en la causa que lo llevó tras las rejas por entender que hay riesgo de entorpecimiento de la investigación en su contra.
El fiscal Gerardo Pollicita solicitó este jueves al juez Rodolfo Canicoba Corral que eleve a juicio oral la primera causa contra el sindicalista detenido Omar "Caballo" Suárez, en la que se lo procesó, en 2014, por "entorpecer las vías navegables" en medio de una protesta gremial.
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Esta causa comenzó en 2014, cuando en cinco oportunidades se bloqueó, por parte de Suárez y su gremio, las vías navegables impidiendo de ese modo la libre circulación de los buques. Sin embargo, es un proceso independiente de la causa por la que Suárez fue detenido y llevado a al penal de Marcos Paz el martes pasado.
En las últimas Canicoba Corral le negó la excarcelación al sindicalista en la causa que lo llevó tras las rejas por entender que hay riesgo de entorpecimiento de la investigación en su contra.
En ese expediente, Suárez está acusado de montar una "banda" para exigir grandes sumas de dinero a empresas marítimas extranjeras a cambio de no obstaculizar su ingreso a los puertos argentinos y otorgarle el llamado "waiver", un permiso para operar con las mismas normas que los barcos nacionales.
El magistrado entendió que por la gravedad de los hechos juzgados, por el poder de influencia que aún conserva Suárez en el sindicato, por la expectativa de pena y porque existe peligro de fuga, el sindicalista deberá permanecer detenido.
El fiscal Pollicita también se había negado a la excarcelación. El investigador cree que "Caballo" todavía mantiene influencia sobre afiliados a su gremio y podría impulsar acciones para entorpecer la investigación. Pese a que el gremio de los obreros marítimos está intervenido por orden del magistrado desde febrero, allegados al sindicalista preso siguen usando "vehículos, celulares" y ocupando lugares en edificios del sindicato.
De acuerdo a la pesquisa, el dinero que le exigía a las empresas marítimas era para "capacitar" a los marineros en (por ejemplo cursos de Inglés), pero no era cobrado por el SOMU sino por la Fundación Azul, perteneciente al gremio.
Para la Justicia ese dinero era desviado a la fundación del SOMU y desde allí a una empresa vinculada a los acusados, San Jorge Marítima S.A, desde donde "se desviaba el dinero" en perjuicio de los afiliados al gremio. Según documentación en la causa, entre 2010 y 2011 ingresaron a la investigada empresa San Jorge Marítima unos u$s 5 millones "en concepto de capacitación". El gremialista está acusado de ser el presunto jefe de la asociación ilícita.
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