En medio de la puja entre el Gobierno y la oposición por la ley antitarifas (ver nota pág. 11), desde el interbloque Argentina Federal presentaron ayer un proyecto en de Diputados que denominan "ley de Equidad Federal de Servicios Públicos". La iniciativa propone la transferencia a la Ciudad y la provincia de Buenos Aires de la jurisdicción sobre los servicios de las distribuidoras Edenor, Edesur y la transferencia de todo el paquete accionario que tenga el Estado nacional sobre AySA.
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"Creemos que esta iniciativa es un avance en la construcción de una Argentina más justa, solidaria y federal. No existen fundamentos para seguir sosteniendo una situación de clara desigualdad. Cada distrito debe procurar la sustentabilidad de sus servicios públicos", manifestó el diputado Martín Llaryora, uno de los impulsores de la propuesta.
En los fundamentos del proyecto señalan que "una de las principales distorsiones tarifarias en la prestación de servicios públicos se verifica en la presencia del Estado nacional de manera directa en la prestación de servicios públicos en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense ".
El texto advierte que la situación es particularmente desigual en el sector de distribución de energía eléctrica, que "a diferencia del sector gasífero donde todo es federal", es de "jurisdicción local" y "regulado por leyes locales".
Además de Llaryora, la iniciativa lleva las firmas de Pablo Kosiner, Alejandra Vigo, Paulo Cassinerio, Sergio Ziliotto, Melina Delú, Ariel Rauschenberger, Javier David, Andrés Zottos, Juan José Bahillo, Mayda Cresto y Walberto Allende.
"Calculamos que para fines de este año, el Gobierno nacional, desde el inicio de su gestión, habrá transferido a AySA SA más de $34.500 millones que provienen de la recaudación realizada en todo el territorio nacional a una empresa que sólo presta servicios en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y parte de la provincia de Buenos Aires", sostuvieron los legisladores de Argentina Federal.
La propuesta especifica, además, que se transfiere a los distritos porteño y bonaerense los contratos de concesión del Servicio Público de Distribución y Comercialización de Energía eléctrica firmados entre el Estado nacional y las empresas Edenor y Edesur en 1992. Por otra parte, propone que el Ente Nacional Regulador de Electricidad (ENRE) sea el encargado de dictar las normas complementarias que resulten necesarias, de aprobarse el proyecto.
De la misma manera, la iniciativa plantea la transferencia de la empresa de agua y finalmente determina que los traspasos que propone la iniciativa se hagan efectivos en un plazo de 90 días de aprobada la norma.
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