Piden que la Corte rechace nulidades del punto final

Los intentos de extradición motorizarán una suerte de «guerra jurídica» en los estrados judiciales, porque varios militares que se encuentran detenidos, ya dieron instrucciones a sus abogados para que avancen en el pedido de declarar inconstitucional la ley que anuló la leyes de Obediencia Debida y Punto Final.
Apuestan, en un efecto dominó, a obligar a la Corte a una definición sobre la reciente ley sancionada por el Congreso que anuló las leyes del perdón.

Se especula que la Corte -con el ingreso de Eugenio Zaffaroni a mediados de octubre-podría resolver que la anulación fue incorrecta y que no tiene validez. Pero como contrapartida, y en función de los recientes acuerdos internacionales en materia de Derechos Humanos revería la doctrina adoptada durante 12 fallos y declararía la inconstitucionalidad de ambas leyes.

Claro, que mantendría la postura de que las leyes no son retroactivas y que por lo tanto, su aplicación es hacia adelante. Esto implicaría el virtual congelamiento de las dos megacausas reabiertas recientemente.

Esa era la hipótesis que se manejaba ayer en Tribunales, aunque los supremos aseguraron que la definición de la Corte estará lista cuando esté completa con sus nueve miembros y que, por ahora, todas las versiones son meras suposiciones.

Por lo pronto, ayer el Ministerio de Asuntos Exteriores francés dijo que el caso Astiz no «está cerrado», y dio luz verde a dos fiscales para que avancen en la Corte Suprema de Justicia y logren la extradición del ex capitán de la Armada Alfredo Astiz.

•Apelación

El fiscal de la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca, Hugo Cañón y el fiscal federal Antonio Castaño intentaban terminar anoche el recurso de apelación a la decisión del juez federal Alcindo Alvarez Canale de rechazar el pedido de extradición de Astiz. Estimaban que estarían en condiciones de presentarlo ante el Tribunal en las primeras horas de mañana.

El recurso ataca fundamentalmente al artículo 37 de la Ley de Cooperación Internacional en materia penal, según la cual un país no puede solicitar la extradición de un imputado por un mismo hecho luego de haberse rechazado una solicitud anterior.

El mencionado artículo fue el sustento de la sentencia del juez Alvarez Canale para obstaculizar los intentos del gobierno francés de trasladar al ex marino a su territorio para juzgarlo allí por la desaparición de las dos religiosas.

Sin embargo, Cañón y Castaño entienden que el proceso abierto contra Astiz por la causa ESMA es incierto, habida cuenta de que la Corte Suprema de Justicia, aún no determinó si la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final dispuesta por el Congreso es válida o ilegal.

«Todavía no hay certeza jurídica en el país que permita asegurar que Astiz vaya a ser juzgado en la Argentina por el crimen de las monjas francesas Alice Domon y Leonie Duquet», remarcó ayer el Fiscal General de Cámara.

Otras de las cuestiones que serán atacadas tiene que ver con la ley de extradición que sufrió modificaciones en relación al año '90 cuando también Alvarez Canale le negó a Francia la posibilidad de extraditar a Astiz.

Castaño le aseguró a este diario que la fiscalía como representante del gobierno francés buscará en la Corte Suprema un pronunciamiento distinto al del juez Alvarez Canale, pero advirtió que «se trata de un proceso largo».

Ayer el juez Alvarez Canale salió a aclarar su decisión de fallar contra el reclamo francés. En tal sentido, aseguró que su decisión «no significa impunidad» para el ex capitán «ni que deje de ser juzgado por los hechos que se le imputan».

Astiz fue trasladado a la Capital Federal y puesto nuevamente a disposición del juez Sergio Torres que investiga la causa de la ESMA.