El presidente Kirchner recibió ayer al brigadier Schiaffino, primer helicopterista que llega al comando de la FAA.
Los principales hombres del gobierno se mantuvieron ayer subsumidos en la crisis provocada por las operaciones de narcotráfico descubiertas en Ezeiza y en las que se encuentra sospechada la empresa Southern Winds, compañía seleccionada por la Secretaría de Transporte para oficiar como instrumento de operación del Estado en el sector aerocomercial. El propio Néstor Kirchner encabezó dos reuniones, por la mañana y por la tarde, para discutir el nuevo diseño que tendrá la seguridad aeroportuaria. Participaron de esos encuentros el jefe de Gabinete, Alberto Fernández; el ministro del Interior, Aníbal Fernández, y el de Defensa, José Pampuro. Por la tarde, una de las entrevistas se destinó a recibir al nuevo comandante de la Fuerza Aérea, Eduardo Schiaffino, quien será puesto en funciones hoy a las 12.
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De los despachos oficiales se dejó trascender información sobre esa operación, en cambio se mantuvo un hermético silencio sobre el destino que tendrán los funcionarios sospechados por connivencia con Southern Winds, en especial el secretario de Transporte, Ricardo Jaime. Sobre estas vinculaciones sólo se conoció una manifestación presidencial: «El gobierno no tiene nada que ver con Southern Winds», afirmó el Presidente (ver vinculada).
Precisamente el compromiso de funcionarios del riñón del gobierno, por acción u omisión, en las operaciones de la empresa aérea comenzó a hacerse sentir en el rumbo que tomará la reforma en la seguridad aeroportuaria. De hecho, no se producirán despidos en la Fuerza Aérea, donde casi la totalidad del personal de la Policía Aeronáutica (2.500 hombres) será reubicado en la nueva entidad a constituirse. Para la fundación de esa especie de «prefectura aérea» se utilizará al actual personal civil de la anterior controladora. El personal militar será derivado a distintas dependencias de la Fuerza Aérea.
Mientras se estudian estas reformas y se legisla sobre ellas, Kirchner firmará un decreto de necesidad y urgencia derivando las competencias de control a Interior, donde estará radicada la nueva institución. El mando provisorio de la seguridad de los aeropuertos no estará a cargo de la Gendarmería provisoriamente, como se había especulado.
Una curiosidad: sea por vía de la Gendarmería o por la identidad del nuevo jefe de la Fuerza Aérea, Schiaffino, el ministro Julio De Vido sigue teniendo una enorme gravitación sobre la actividad de Seguridad y Defensa. La misma que posee sobre los aeropuertos y el transporte por ser el jefe inmediato de Jaime, quien le viene reportando desde que era ministro de Gobierno de Santa Cruz y el cordobés director general de escuelas de la provincia. En cuanto a la Gendarmería, es conocida la afinidad entre De Vido y el nuevo jefe de esa fuerza. Si se le suma la cercanía a Roberto Bendini, se puede llegar a la conclusión de que Kirchner confía el mando político de las fuerzas a De Vido y el operativo o «técnico» a Pampuro, quien ostenta la mejor relación institucional con el personal militar.
Las razones por la cuales se analizó ayer en la Casa Rosada la conveniencia de no llevar la purga en la Policía Aeronáutica más allá de lo razonable hay que buscarlas en la intimidad del escándalo. En Interior y en Defensa tomaron conocimiento de que los brigadieres expulsados de la fuerza liberarían informaciones delicadas sobre la vinculación entre funcionarios y Southern Winds si se mantenía lo que, para ellos, es una persecución de carácter ideológico, llevada adelante por inspiración de Horacio Verbitsky. De hecho se le atribuye a este consejero presidencial, periodista y militante de los derechos humanos ser el responsable de la defenestración de casi todos los brigadieres que revistaban en la Aeronáutica. Si se computan que en el sector castrense deciden Pampuro, De Vido y Verbitsky dan ganas de pensar que Kirchner maneja a los militares con un triunvirato, como a los sindicalistas. ¿Quién puede ser responsable último de algo con ese sistema?
Esta metodología y el miedo que suele dominar a los funcionarios de la línea media del gobierno frente a su jefe máximo, son factores que servían ayer para explicar por qué tantos organismos del Estado estaban al tanto de lo que sucedía en Southern Winds pero ninguno despertaba a Kirchner sobre esa realidad. Algo ya informó este diario ayer al respecto pero conviene reconstruir los datos. En agosto de 2004 un informe de la DEA informó al Estado argentino sobre las sospechas que aparecían alrededor de las operaciones de Southern Winds.
• Informe
En octubre del mismo año, personal de línea de la SIDE produjo un informe ante la oficina de control de las drogas (dominada por el santacruceño José Graneros) sobre las mismas sospechas. En la reunión participaron oficiales de la Policía Federal, la Bonaerense, la Gendarmería, la Prefectura y la Policía Aeronáutica. En noviembre de 2004, la DEA y la SIDE elaboran un informe detallado que incluye las operaciones de narcotráfico que se detectaron en Ezeiza. Es en ese informe que se reconstruye la vía Tacna (Perú), Córdoba, Ezeiza, Madrid y la imputación a Southern Winds.
Ayer apareció otro dato inquietante, en forma de versión. ¿Es verdad que en la composición accionaria de esa compañía existe 17% o 23% que está en manos de una sociedad «offshore»? ¿Conoce Kirchner la identidad de esos socios? ¿Se trata de un funcionario de su gobierno? ¿O de un empresario del sector aerocomercial?
Nadie ayer en el gobierno pudo contestar estas preguntas, mientras se seguía diseñando la nueva «prefectura».
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