Daniel Scioli convocó para mañana a la comisión especial bicameral que deberá aconsejar al presidente de la Nación sobre la remoción de Ricardo Branda como director del Banco Central. Ese procedimiento, previsto en el artículo 9 de la carta orgánica del Banco Central para remover a sus funcionarios que cuentan con acuerdo del Senado, prevé una serie de pasos donde la comisión actúa como un seudotribunal judicial. El «consejo» que debe brindar al Presidente sale así de una evaluación de pruebas, acusaciones y el derecho a la defensa a quien se le imputa una causal de destitución. En esta ocasión, el pedido fue hecho por Néstor Kirchner a Scioli después de que el juez federal Daniel Rafecas -con acuerdo del Senado para ese cargo desde el año pasado- dispusiera el pasado 2 de agosto el procesamiento de nueve ex senadores y funcionarios del gobierno de Fernando de la Rúa imputados por el caso de los supuestos sobornos en la votación de la reforma laboral durante ese gobierno.
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En la resolución, Rafecas acusa a Branda de haber recibido parte del soborno, involucrándolo en la operación que habrían liderado el ex jefe de la SIDE Fernando de Santibañes, el ex ministro de Trabajo Alberto Flamarique, el ex presidente provisional del Senado José Genoud y Mario Pontaquarto, el supuesto arrepentido que reactivó la causa y también está procesado.
La convocatoria a esta comisión sólo tiene un antecedente en la historia argentina cuando durante el gobierno de Fernando de la Rúa se removió de su cargo a Pedro Pou, entonces presidente del BCRA, pero este nuevo proceso tendrá algunas diferencias.
• Scioli convocó a sesionar esta comisión para mañana a las 11 después de que Kirchner enviara al Senado una nota pidiendo la apertura de este procedimiento que termina en un consejo al Presidente sobre qué hacer con el funcionario que puede ser tomado en cuenta o no. De hecho es el Presidente quien debe firmar el decreto de remoción y no está obligado a hacerlo sea cual fuere el resultado del dictamen parlamentario. La decisión de la comisión tiene, además, carácter reservado y no secreto. Esto significa que una vez que el Presidente recibe el informe puede darlo a conocer.
• Presión
Esta es la primera diferencia con el proceso que se le siguió a Pou, motorizado en aquella época por Domingo Cavallo como ministro de Economía. En ese momento los diputados y senadores actuaron de oficio, ante las denuncias que se publicitaban sobre Pou, sin que De la Rúa se hubiera animado a enviar el pedido al Congreso. El mero debate si correspondía iniciar el proceso de oficio o no llevó una parte importante de las deliberaciones.
Y en el caso de Branda, el pedido expreso de Kirchner indicando la voluntad absoluta de llevar adelante la remoción que, por otra parte, cuenta con una presión mediática suficiente como para acelerar el proceso sin que Kirchner deba hacerlo personalmente. Distintas eran las dilaciones que sufría De la Rúa en este caso donde, se sabe, no estaba absolutamente convencido de la decisión a tomar sobre Pou presionado por Cavallo.
De hecho, el día que la Bicameral le entregó el consejo final recomendando la destitución de Pou, De la Rúa nuevamente dudó y comunicó que se tomaría una semana para decidir. En ese momento los propios diputados y senadores que habían pagado el costo político de llevar adelante el proceso -y en medio de una crisis económica que ya apenas tenía dirección- casi le ordenaron: «Usted no puede perder más tiempo». Un llamado de Cavallo, desesperado por entonces en sacarse de encima la marca de Pou en el Banco Central, decidió que al día siguiente el entonces Presidente firmara la remoción.
• El tribunal convocado está integrado por el vicepresidente de la Nación, Scioli; el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado y Diputados, Jorge Capitanich y Carlos Snopek; de Economía del Senado, Rubén Marín y de Finanzas de Diputados, Rodolfo Frigeri. Tienen la misión de llevar adelante un procedimiento cuasi judicial donde deben reunir toda la prueba y discutir, además, el carácter que tiene el procesamiento que recayó sobre Branda, y si es causal suficiente para una destitución. Debe escuchar también a la defensa como si tratara de un juicio político. En el caso de Pou el ex presidente del BCRA concurrió tres veces a prestar declaración ante los legisladores. De todas formas, en esta ocasión como entonces, la decisión parece estar tomada en el Ejecutivo.
• Cuando se convocó a la Comisión Bicameral para el caso Pou la situación era muy distinta de la actual. No sólo era la primera vez que se lo hacía -ese cuerpo nace de la reforma a la carta orgánica del BCRA que el propio Cavallo hizo votar en 1994- sino que además no existía ni la misma noción de cómo debía funcionar. Carlos Menem nunca había ordenado reglamentar el proceso y entonces estaba todo por hacer.
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