20 de noviembre 2020 - 00:00

Procurador: día clave en Senado por mayoría para la designación

El oficialismo intentará dictaminar el tema durante la mañana de hoy, en la Comisión de Justicia que comanda el cristinista Oscar Parrilli. Frente de Todos envalentonado tras el guiño que dio la comisión de "expertos" que creó el Ejecutivo para analizar cuestiones judiciales.

Alberto Weretilneck y Daniel Rafecas
Alberto Weretilneck y Daniel Rafecas

Con el fin del período de sesiones ordinarias cada vez más cerca -el Gobierno ya da por descontado que habrá convocatoria a extraordinarias-, el kirchnerismo buscará hoy definir un tema trascendental en el Senado: si relaja la vara para votar al procurador general -jefe de fiscales- y desactiva los dos tercios que en la actualidad necesita dicho cargo para bajarlo a una mayoría absoluta, es decir, la mitad más uno de la Cámara alta.

Quien se encuentra en medio de todo este embrollo es el postulante del Gobierno y juez federal, Daniel Rafecas, que ya dijo en un puñado de ocasiones que no aceptaría las modificaciones en cuestión. Es decir, bajaría su candidatura, situación que genera una supuesta fricción entre el Ejecutivo kirchnerista y el bloque cristinista del Senado.

El apuro para dictaminar que existe en la Comisión de Justicia de la Cámara alta, que comanda el legislador cristinista Oscar Parrilli, se da tras el guiño que dio la comisión de “expertos” que creó el Ejecutivo para analizar cuestiones judiciales. De hecho, el Frente de Todos intentó, en una burda maniobra, activar el tema a través de proyectos opositores que ni siquiera pudieron ser retirados por un bloqueo K.

La semana pasada, el oficialismo recibió una ayuda extra de un aliado más que ocasional. La pata de Juntos Somos Río Negro en el Senado y exgobernador, Alberto Weretilneck, presentó un proyecto que establece un plazo de cinco años de duración para el procurador general y defensor general -con una reelección-, con posibilidad de reelección por un único período consecutivo, y que las designaciones sean por una mayoría absoluta. También pretende modificar el mecanismo de remoción en ambos casos.

Opiniones

Durante el último mes, la comisión de Parrilli escuchó a varios expertos que, en gran parte, se opusieron a las intenciones del cristinismo en el Senado. Por caso, el lunes pasado, el exprocurador general Nicolás Becerra señaló que el cargo “debe tener respaldo suficiente y consenso político adecuado para ejercer sus funciones”, y dejó claro que la “verdadera independencia” se la “otorgó el respaldo de los dos tercios del Senado”.

Por su parte, el abogado y profesor de Derecho Constitucional Roberto Gargarella adelantó que la idea de eliminar la mayoría agravada terminará en una judicialización del asunto. “Les digo a quienes presentan proyectos que afectan la independencia del Procurador que nos ahorren otra batalla constitucional que terminará en tribunales”, manifestó.

En cambio, el doctor en Ciencias Jurídicas y especialista en Constitucionalismo Guido Risso calificó a la Constitución argentina como “contradictoria e incompleta” y como la culpable de “generar muchísimos problemas en lugar de resolverlos”.

Un par de semanas atrás, otros “expertos” coincidieron en suavizar las mayorías, siempre y cuando deje de ser vitalicio el cargo del procurador. “Si se opta por un mandato de cuatro años, con cambio de Gobierno y de procurador, el número de la mayoría se puede relajar”, expresó el titular del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales y profesor de posgrado de Derecho Procesal Penal en la Universidad de Buenos Aires, Ernesto Binder.

El especialista recordó que “todos los países de América Latina que pasaron a un sistema acusatorio abandonaron la idea del carácter vitalicio del Ministerio Público”, y agregó que ya tomaron ese camino Santa Fe, Salta, Córdoba y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Por último, Binder sostuvo que “si uno va a los modelos de seis años y que el procurador trabaje con Gobierno de distinto signo, es mejor tener el número de los dos tercios para que tenga consenso de la dirigencia política”.

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