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Cristina de Kirchner buscó resguardarse de las muchedumbres cuando llegó aTucumán. El temor a alguna protesta de ruralistas la hizo saludar a adictos desde la ventanilla del vehículo blindado que la llevó a la sede de la cumbre del Mercosur.
Más llamativa será la confirmación de que se acerca la hora del libre tránsito entre los miembros del bloque y sus países asociados, esto es, que se podrá viajar sin pasaporte y sólo con documento o cédula de identidad. Un anuncio motorizado por Brasil, que se apresuró a filtrar en los últimos días como para que no se pongan en duda los derechos de autor. Sin embargo, otra vez aparecen los bemoles. Por un lado, su aplicación, que implica la extensión a los países asociados de una ventaja que ya rige para los miembros plenos del Mercosur, dependerá de trabajos de adecuación normativa país por país. Pero, lo más importante, tendrá seguramente severas restricciones. ¿Puede esperarse que, por caso, Ecuador y Colombia lo pongan en marcha en el marco de su actual ruptura de relaciones y amenazas cotidianas? ¿Y Perú, receloso del dinero que llega de Venezuela para financiar organizaciones bolivarianas, abrirá más sus fronteras a esas influencias?
Cuando se les mencionan estas preguntas, los funcionarios que intervinieron en las deliberaciones sonríen de modo elocuente. El embajador ecuatoriano en la Argentina, Francisco Proaño (una de las cabezas de la delegación de su país ante la ausencia de Correa y hasta la llegada hoy de la canciller María Isabel Salvador), dijo a este diario durante la recepción que el canciller Jorge Taiana ofreció a sus pares en el Jockey Club que «si hay un compromiso internacional en ese sentido, se cumplirá». Pero el problema con Bogotá es de fondo, y habla por sí solo que el documento que votarán los jefes de Estado vaya a mostrar la satisfacción general por los pasos dados por ambos países para normalizar sus relaciones. ¿Será que se celebran también los pasos hacia atrás?
Por otro lado, el libre tránsito se vincula con la condena que también se aprobará hoy de la llamada Directiva de Retorno, la decisión de la Unión Europea de encarcelar por hasta 18 meses a los inmigrantes ilegales antes de su expulsión. La Argentina busca presentarse como modelo de trato humanitario a los inmigrantes y relaciona la cuestión con su política de derechos humanos, en sintonía sobre todo con Ecuador y Bolivia, dos de los países cuyos emigrados más sufrirán la «fortaleza europea».
No se sabe si se anunciará formalmente hoy en el plenario de jefes de Estado o en la reunión bilateral entre Cristina y Luiz Inácio Lula da Silva, o, acaso, en el encuentro que mantendrán ambos en agosto en Buenos Aires, pero ya está convenido que el comercio en los dos sentidos pueda realizarse, además de en dólares, en pesos y en reales. Un avance importante para que se reduzcan los trámites y costos financieros de las empresas exportadoras e importadoras, aunque esté lejos de, como se ha dicho, acercar la posibilidad de una moneda común. Al margen, queda una acotación. En el marco actual de un comercio bilateral deficitario para nuestro país, la nueva modalidad restará demanda de dólares en el mercado, constituyéndose en un elemento que contribuirá a una presión a la baja.
La frustración que, algo fingidamente, sí asumirá la Argentina como saldo de su ejercicio de la presidencia rotativa es la nueva postergación de un acuerdo para un Código Aduanero común. Se argumenta que, debido a su transición política y sus conocidos problemas con el contrabando, Paraguay enfrió la cuestión. La insistencia argentina en que los derechos de exportación (retenciones) e importación sean resorte nacional se topó con el rechazo de Uruguay. La necesidad de consenso para sacar adelante normas, o la carencia de él cuando se las quiere congelar, son en ese sentido una ventaja para el gobierno kirchnerista, en plena pelea doméstica por una cuestión que ni sueña poner en manos de una burocracia supranacional.




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