¿Qué decidió renuncia de Fernando de la Rúa?

El estado de sitio está por "encima de la Justicia." La frase lanzada por Rubén Santos el jueves 20 de diciembre habría actuado como detonador para que la jueza María Servini de Cubría decidiera procesar al ex jefe de la Federal por los delitos de abuso de autoridad y privación ilegítima de la libertad.

La magistrada federal utilizó 120 carillas de su escrito para cuestionar la orden de despejar la Plaza de Mayo impartida por Santos en las horas previas a la renuncia de Fernando de la Rúa. Además de utilizar un informe psicológico para calificar al ex jefe policial de «inmaduro», «inestable» y «vulnerable».

Según Servini de Cubría, las órdenes dispuestas para reprimir a los manifestantes fueron presuntamente «abusivas, desordenadas e imprudentes, arrojando los resultados de lesiones y muertes en diversas personas así como también detenciones infundadas».

Para ajustar su acusación echó mano a la declaraciones del ex jefe del Departamento Operaciones de Seguridad Metropolitana, Norberto Gaudiero, quien aseguró que Santos asumió personalmente la dirección del operativo y fue quien dio las órdenes para «limpiar la Plaza de Mayo».

Llamadas telefónicas

Según Gaudiero, ante la orden de Servini de Cubría de detener la represión su ex jefe le habría contestado lacónicamente que «el Estado de sitio está por encima de la Justicia».

En la resolución la jueza citó expresiones de Santos, quien señaló que una llamada de Leonardo Aiello, ex secretario privado del Presidente, le aconsejó acerca de la «conveniencia de desplazar a los manifestantes (ante la inminencia de la llegada de De la Rúa) detrás de la valla de contención». Un llamado similar recibió también del ex secretario General de la Presidencia Nicolás Gallo.

La jueza también hizo referencia a un testimonio del jefe de la Comisaría 2ª, Daniel Fernández, quien aseguró haber recibido órdenes de Santos para «desalojar» la plaza y «proceder a detenciones» conforme el decreto que impuso el estado de sitio.

Varios jefes policiales, muchos de ellos imputados en el expediente, coincidieron en que Santos reclamaba «50 detenidos», lo que fue utilizado por Servini de Cubría como argumento sobre la responsabilidad del ex jefe policial en los incidentes que terminaron con la muerte de cinco manifestantes.

Otros párrafos de la resolución también revelan conversaciones privadas del entorno presidencial. Una de ellas atribuye a Gallo haber asegurado a Antonio de la Rúa que «ya había cinco muertos y (el presidente) tiene que renunciar, porque si no nos matan a todos».

Según ese testimonio, la respuesta de Gallo habría obedecido a un planteo del hijo de De la Rúa, que desaconsejaba la dimisión para evitar que a su padre «lo echen los peronistas y así queda como (el destituido ex presidente Arturo Humberto) Illia». «Existieron momentos clave y directivas puntuales que habrían generado una represión desmedida, provocando el campo propicio para la actuación de ciertos grupos violentos extraños a la fuerza policial y, habiéndose perdido el control operativo de la misma, concluyeron en los resultados públicamente conocidos», argumentó Servini de Cubría.

La magistrada afirmó que esas directivas, «más allá de lograr el orden y la paz buscados», generaron un «desorden imperante» y «las operaciones policiales, la puesta en funcionamiento de las mismas y su posterior desarrollo» estuvieron a cargo de Santos, «desplazando responsabilidades» de otros ex jefes policiales.