Qué dice y qué significa lo que se firmó en Olivos

Convocados por el presidente de la Nación, los gobernadores y los líderes parlamentarios nacionales firmaron un acuerdo de doce puntos, que establece:

1. Sostener y ampliar los programas sociales y mejorar su aplicación para combatir, con eficiencia, los efectos de la pobreza y la indigencia. Lanzar de inmediato en todo el territorio nacional un plan de emergencia, con la participación de organismos del Estado nacional, las provincias y los municipios, organizaciones no gubernamentales y la ciudadanía solidaria.

Los gobernadores se impresionaron por los efectos en los medios de las noticias de la muerte de niños desnutridos, pero también este punto refleja la intención del gobierno de privilegiar, en lo que hace a gasto, los planes Jefas y Jefes de Hogar que están señalados como un fondo clientelístico.

2. Refirmar la vocación de la Argentina de integrarse al mundo, respetar los acuerdos internacionales suscriptos y arribar a acuerdos convenientes a los intereses nacionales con los organismos multilaterales de crédito.

Este punto es el motivo que usó el gobierno para la convocatoria a la multipartidaria de Olivos. Resume la intención de la cumbre de respaldar la negociación del gobierno con el FMI.

3. Garantizar la estabilidad cambiaria, el cuidado de las reservas y el control de la inflación, alentando con medidas e instrumentos adecuados la reactivación del aparato productivo.

Es la función del gobierno por obligación legal. Trata de justificar el no uso de reservas para pagar el vencimiento de la semana pasada con el Banco Mundial.

4. Valorar la rebaja de dos puntos en el IVA, con el fin de reactivar el consumo y establecer que el Estado nacional absorba el costo fiscal de la medida.

Es fruto de una negociación entre Nación, que quiere empujar medidas de activación del consumo, y las provincias, que buscan evitar el desfinanciamiento, ya que el IVA es coparticipable.

5. Impulsar, durante la presente semana, el tratamiento parlamentario de la renuncia del Presidente el 25 de mayo y proponer como fecha de elecciones generales para presidente y vicepresidente el 27 de abril de 2003; y la segunda vuelta, el 18 de mayo.

Es el principal objetivo político del gobierno, porque atrasa de nuevo la elección presidencial y la acerca a la fecha de transmisión del mando, como requiere Duhalde. Esta cláusula fue objetada por Alberto Natale y Néstor Kirchner.

6. Instrumentar, antes de la primera quincena de febrero de 2003, la negociación de los acuerdos bilaterales para el financiamiento ordenado del año 2003, correspondiente a la ratificación legislativa en los casos que fuere necesario. Asimismo, se ratifica el acuerdo de financiamiento ordenado de 2002.

Lo reclama el FMI, pero también Lavagna en sus negociaciones con las provincias.

7. Aprobar, antes de la finalización del año 2002, el proyecto de ley cálculos de recursos y presupuestos de gastos de la administración nacional para el año 2003.

Lo reclama el FMI, y es lógico que se pida comenzar el año con un presupuesto aprobado.

8. Incluir en dicha ley la eliminación de planes de competitividad.

Lo reclama el FMI.

9. Modificar la ley de entidades financieras, teniendo como objetivo la inclusión medidas en materia de transferencia de activos bancarios y la eliminación de normas que implican restricciones o discriminan a funcionarios encargados de llevar a cabo procesos de rehabilitación, cuando actúen de buena fe y en el marco de las normas existentes.

Es una reforma que reclaman los organismos financieros y el propio Banco Central para evitar que sus directivos terminen procesados por cumplir con sus funciones. La objetaron también Natale, Kirchner y Aníbal Ibarra.

10. Propiciar la aprobación del proyecto de ley con sanción en la Cámara de Diputados de la Nación que restituye la facultad del Congreso de sancionar normas sobre moratorias.

Es otro reclamo del FMI en esta negociación, para que los ministros de Economía no usen este perdón impositivo cada vez que les caen los ingresos.

11. Mantener las actuales normas que regulan el funcionamiento de la ley de concurso y quiebra y de las ejecuciones. Constituir en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional una unidad de emergencia para ejecuciones extrabancarias y crear con el mismo fin una comisión parlamentaria especial para su seguimiento.

Lo reclamó el FMI en el último tramo de la negociación para frenar las presiones del monopolio «Clarín» para torcer la ley a su favor. Lo observó Aníbal Ibarra.

12. Consolidar la normativa vigente vinculada a la cancelación de deudores al sistema financiero.

Se busca evitar -como pide el Fondo y acepta Lavagna- que el Congreso rechace el veto total de Duhalde a la ley que permitía pagar deudas financieras con bonos.