Zannini va por la quiebra extendida de los Macri y juezas cosechan apoyos

Política

Respaldo a Boquín, jueza y camaristas de Asociaciones de fiscales y jueces. Informe sindicatura, clave. Arqueología de una derrota en varios frentes.

Como adelantó Ámbito, el Gobierno, a través del procurador del Tesoro Carlos Zannini, anunció que aguardará el informe de la sindicatura de Correo Argentino SA, luego de la declaración de quiebra de la jueza Marta Cirulli para pedir extender la misma a las sociedades controlantes, SOCMA y Sideco, las holding de la exfamilia presidencial. Comenzará así el esfuerzo para presentar al emporio fundado por Franco Macri como una “pyme” con prosapia fruto de glorias pasadas. Una carrera hacia la insolvencia. Según las interpretaciones que ha demandando capítulos de bibliografía en el derecho comercial es hasta dónde pueden extenderse solidariamente esas responsabilidades por el pasivo hacia los socios. En este caso, los descendientes de Franco.

Pero la derrota de los Macri y del Estudio Tonelli no radica centralmente en la quiebra del Correo que valía $0, sino en la pérdida de control del manojo de juicios con los que el Correo había sembrado el fuero Contencioso Administrativo Federal contra el Estado. Los reclamos eran varias veces lo demandado en el concurso de acreedores por cánones incumplidos. Son cuatro, sin contar los incidentes.

El paso intermedio llegará de la mano de la apelación a la Sala B de la Cámara Comercial. Error estratégico o simple furia, Macri en su carta pública aludió a las camaristas Matilde Ballerini y María Lilia Gómez Alonso de Díaz Cordero. Se anticipó así a lo que deberá plantear ante la Cámara y posiblemente cuando llegue a integrar esa sala María Guadalupe Vázquez, la postulada por el Gobierno para ocupar la tercera vacante. Hasta ahora, la Sala ha funcionado con unanimidad. Desde allí partió el principal respaldo hacia la fiscal Gabriela Boquín. Ayer, fue la Asociación de Fiscales la que con la firma de Carlos Rívolo salió a cruzar, sin identificar emisor, a las “agresiones mediáticas” que se sucedieron en torno a la actuación de fiscales en procesos de trascendencia pública. En este caso, fue por “supuesta persecución judicial a un dirigente político” con el fin de “desacreditar su tarea”. Atajándose que no era una defensa corporativa, anunciaron que era una necesaria defensa de la institucionalidad. Boquín se llevó la marca, pero la fiscal del proceso en primera instancia Mónica Mauri. Fue la primera en opinar el 28 de junio que Correo SA debía ir a la quiebra y que el Estado no podía ser señalado de acreedor hostil.

La jueza Cirulli se encontró huyendo hacia adelante. En un fallo duro, claro y didáctico decretó la quiebra pese a la presión pública de Juntos por el Cambio y de MAcri en especial. En 2017 hacía sido denunciada por Boquín por avalar las supuestas maniobras de vaciamiento a favor de SOCMA y Sideco que ocurrían frente a sí. Su imputación está en manos de Ariel Lijo, en Comodoro Py. Sin embargo, y pese a los chispazos siempre respaldó a Boquín frente a los embates, lo mismo que la Sala B y que la Corte Suprema. La furia del expresidente la tiene como blanco por sobre las demás protagonistas que desembocaron en lo ocurrido ayer y que probablemente sea ratificado en segunda instancia.

La Lista Celeste que nuclea a un sector de jueces y fiscales salió en defensa de Boquín y de las juezas ante “los ataques mediáticos y las amenazas” que sufrieron (incluído un anuncio de juicio político que Elisa Carrió lanzó dirigido especialmente a la Cámara). Pidieron que se pronuncie la Asociación de Magistrados.

El último gran problema comienza también ahora en otro frente: expuesta como en una mesa de operaciones estará toda la contabilidad histórica entre Correo y sus controlantes. Se necesitarán arqueólogos.

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