¿Quién defiende del defensor?

La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires o cree que los contribuyentes no tienen problemas, o profesa una extravagante idea de lo que es la defensa del vecino ante los atropellos del monstruo estatal. Es lo que surge, por lo menos, de la designación ayer del defensor adjunto, un puntero radical de la 5ª sección (Flores) basada en dos antecedentes: 1) que fue presentado por Luis Farinello, sacerdote católico y militante del duhaldismo en la provincia de Buenos Aires; 2) que Gustavo Tirso Lesgueberis -tal el nombre del nuevo funcionario-fue presidente de la Juventud Radical porteña. Es por lo menos abusivo que el partido que gobierna el distrito fuerce a los taxpayers a quedar a merced de los abusos de la administración con el solo auxilio del delegado del duhaldista cura Farinello (esto le valió que el marxista Abel Latendorf votara contra él).

O de la defensora titular, la abogada Alicia Oliveira, que llegó al cargo también desde las antípodas ideológicas de la Alianza y a quien no se le conoce otra actuación pública que la aparición ante los vecinos en la última inundación en el barrio de Belgrano. Estos, indignados ante cualquier representación del gobierno, la maltrataron sin reconocerle títulos como defensora.

El cargo de defensor del pueblo se paga bien en la Capital Federal. El titular (Oliveira) recibe la misma soldada que un legislador, es decir unos $ 5 mil; los adjuntos (el designado Lesgueberis será uno de los seis que se han repartido los partidos políticos de la Capital), 80 por ciento de esa suma. La última reforma les quitó el cobro de fondos reservados para los gastos de la función.

Si no hubiera sido así, duplicarían hoy el estipendio con que los honra el presupuesto municipal.

Trayectoria

Lesgueberis es hoy un alfonsinista que hizo época como presidente de la Juventud Radical a mediados de los años '90, cuando militaba bajo el mando de Jesús Rodríguez en el llamado Ateneo del Centenario.

Es hombre de Flores, donde compartió muchos años el local con el ex diputado porteño Rubén Gabriele a quien, según la jerga radical, «le partió el local» es decir se llevó parte de la militancia del comité, cuando Gabriele tuvo un traspié judicial. Es un viejo militante del presupuesto público: fue alfabetizador oficial en tiempos de Alfonsín, ha asesorado en temas educativos, violencia y derechos humanos a funcionarios del gobierno de la Alianza.

Estudió ciencias sociales en el Instituto Joaquín V. González, de donde salió con un título de «profesor en ciencias jurídicas, políticas y sociales» que usa para dar clases en colegios secundarios que ahora seguramente abandonará porque el nuevo sueldo se lo va a permitir.