Rebotes de la cadena de Javier Milei: dudas de legalidad, cacerola y tensión con gremios por reforma laboral

Modificaciones en materia tributaria y penal son cuestionadas por posible inconstitucionalidad. Preocupa a CGT los cambios para “facilitar la generación de empleo genuino”. Largo prolegómeno teórico del Presidente con cuestionamientos a la casta, a la que luego pide votos en el Congreso.

Terminada la cadena nacional de Javier Miei comenzaron los cacerolazos.

En la cadena nacional de Javier Milei para explicar los alcances del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de desregulación de la economía, el Jefe de Estado también anunció el llamado a sesiones extraordinarias para completar la transformación del Estado, para lo cual pidió el voto de diputados y senadores, de la casta, a la que previamente se había dedicado durante largos minutos a denostar.

El grueso de los anuncios, como se esperaba, fueron económicos, pero el discurso del Presidente dejó también tela para cortar en materia política, principalmente por el salto al Congreso que implica tomar medidas tan profundas por decreto.

Dudas sobre la constitucionalidad, inevitable choque con la CGT por el aportado laboral, malhumor social en barrios clase media, parte del primer rebote.

Preámbulo

Para comenzar, en sus primeros pasos, el gobierno de La Libertad Avanza obliga a no dar nada por cerrado hasta que efectivamente suceda. Un ejercicio y un ensayo también para periodistas.

Las definiciones de equipos, los nombramientos, el timing de las medidas pueden revertirse. La conjugación de los verbos en potencial, tantas veces cuestionada en los manuales, vuelve a demostrar el por qué de su existencia. Lo mismo ocurrió ayer con la cadena nacional para explicar los alcances del DNU de desregulación de la economía.

En la Casa Rosada el martes daban por sentado que ese mismo día estaría publicado el texto. La reunión con los gobernadores que llevaron sus demandas y el punteo final demoraron la firma. Entonces, se conoció que Javier Milei daría una conferencia de prensa al mediodía, que finalmente se pasó para las 21. Entre los motivos: la incógnita respecto a cómo terminaría la marcha de piqueteros que haría debutar al protocolo Bullrich (ver páginas 10 y 11).

Así, a las 21 puntual, rodeado de sus ministros para darle musculatura política al anuncio, Milei leyó su mensaje. Con un largo preludio teórico respecto a la libertad individual por sobre el colectivismo y el Estado, el Presidente repitió -palabas más, palabras menos- su discurso de las escalinatas del Congreso del día de su asunción. Situación de catástrofe económica, inflación “plantada” de 15.000%, déficit fiscal, presión impositiva, pobreza y la Argentina potencia de hace cien años. La casta y los políticos fueron mencionados como los principales responsables, retomando el enemigo original. Milei, de nuevo, volvió a dirigirse a “los argentinos de bien”, el nuevo sujeto político del discurso libertario, así como antaño lo fuera “el pueblo” para el peronismo.

El Presidente se centró en 30 puntos para resumir un texto de 83 páginas y 362 artículos en los que apunta a dinamitar “el andamiaje jurídico opresor” que, según su mirada, es la causa de que nos liberen las fuerzas económicas y mantiene a la Argentina en agonía.

Cacerolas

El Congreso nacional fue uno de los epicentros de los cacerolazos.

Telam

Apenas terminado el anuncio, cuando se reposaron los entendimientos ante una marea de datos lanzados frenéticos durante 16 minutos (los primeros nueve de prólogo), sonaron cacerolazos en todos los barrios porteños, y también en distintos puntos del conurbano.

Acaso, el joven partido libertario se había entusiasmado con el escueto grupo de fanáticos que dio el 10 de diciembre hurras por la motosierra e, insólitamente, bramaba que “No hay plata”. Las protestas fundamentalmente llegaron de barrios de clase media, que sufrirán el bonus track a la devaluación: alquileres, precios liberados, prepagas sin freno, que le llegarán al bolsillo de sectores que apoyaron la propuesta libertaria.

Otra lectura, imposible de chequear, es que a las cacerolas las hayan hecho bramar un 45% más ruidoso ayer que el 55% que votó a Milei.

Como fuera: era difícil cumplir la promesa de podar 5 puntos del PBI sólo con los gastos que genera la política. Que, nobleza obliga, también está sufriendo el paso de la tijera.

Laboral

Aunque la reforma política estará concentrada en el paquete de leyes que llegará al Congreso para tratar en extraordinarias, que incluye el fin de las PASO y la boleta única (ver página 9), la reforma laboral “para facilitar el proceso de generación de empleo genuino” es uno de los puntos más álgidos.

Anoche ya se perfilaba una reunión de urgencia entre dirigentes de Unión por la Patria y sindicalistas de las CGT, que en la previa ya habían alertado una posible judicialización, en palabras de Pablo Moyano.

En ese capítulo, el decreto deroga todas las multas por mala registración y los incrementales indemnizatorios. Impulsa una simplificación registral, saca de la ley de contrato de trabajo a: estatales y municipales, mucamas, rurales y contrato de locación de servicios. Altera además el criterio de irrenunciabilidad de los derechos laborales.

Se podrán firmar acuerdos laborales individuales “a la baja”. Termina con la presunción de relación laboral en acuerdos entre monotributistas. Rompe así el esquema de responsabilidad solidaria: las empresas no tendrán que responder por lo que hacen las tercerizadas. Otros ejes: extensión del periodo de prueba de 3 a 8 meses, quita a los bancos el monopolio de las cuentas sueldo, desarme de las cuotas solidarias que se cobran los sindicatos de los trabajadores no afiliados, habilitación de los bancos de horas, causal de despido de los bloqueos de empresas. También limita le derecho a huelga.

Un paquete que apunta a romper el estado de cautela con el que hasta aquí había reaccionado la CGT ante los libertarios.

Constitucionalidad

Otro eje polémico está dado por la posible inconstitucionalidad del decreto. Serán los jueces quienes deberán resolver quizás en última instancia la modificación de leyes que debería hacer el Congreso. La excusa es el estado de emergencia en que supuestamente se encuentra la Argentina, “similar a la pandemia” como dijo el Gobierno de LLA.

Muchos de los puntos que toca el decreto necesitan sí o sí el paso por el parlamento. De hecho, en la semana, la Casa Rosada había pedido facultades extraordinarias para avanzar con las reformas.

Pero, aún así, no se pueden derogar leyes por decreto. Es el ordenamiento jurídico. No se puede intervenir por esa vía en materia tributaria y penal, por caso.

El decreto debería ser validado en el Congreso por la Comisión bicameral de Trámite Legislativo: ocho senadores y ocho diputados, pero el cuerpo no está aún conformado. Es decir, el DNU tendrá validez hasta tanto lo rechacen ambas cámaras.

Diputados y senadores, ahora, tendrán una responsabilidad mayúscula. Las negociaciones en las cámaras, donde LLA parte con una notoria desventaja, estarán atravesadas por el humor social.

Los gobernadores sacan pecho también ante negociaciones que incluyen un menú con obras públicas, compensación por Ganancias y giro de ATN a cambio de respaldos. Pero, la situación cambió, quizás, ante un texto que es más agresivo de lo que se preveía.