Revalúo rural: sciolismo confirmó que no utilizará receta K y ya analiza proyecto del socialismo

Daniel Scioli reunidos con el jefe de Gabinete, Alberto Pérez, la ministra Silvina Batakis y el titular de Arba, Martín Di Bella.

Sin apuros, Daniel Scioli se prepara para dar una muestra de rechazo a la doctrina K que rige en la imposición de medidas económicas. Ese paso, que extenderá la lejanía al kirchnerismo, significa no utilizar el manual K para lograr la sanción de la ley del inmobiliario rural bonaerense.

El gobernador evalúa por estas horas desechar la receta K que acercó Hernán Lorenzino para solucionar la falta de revalúo de las tierras rurales en pos de aceptar una conciliadora propuesta de reforma tributaria que impulsan legisladores socialistas del Frente Amplio Progresista, dirigidos por el opositor Hermes Binner. El "modelo FAP" ya rige en Santa Fe, donde es considerado un éxito, que echó por tierra las diferencias con los productores agropecuarios litoraleños. La clave: implementar el revalúo de tierras de manera gradual, hasta en seis años.

"Anoche dijimos paremos la pelota y evaluemos bien como son (los revalúo graduales en) Santa Fé y Entre Ríos, y si destraba esta situación que hagamos un revalúo en partes, en tres años por ejemplo, para llegar a un valor de mercado, hagámoslo. Esto es lo que desde hoy empezaremos a trabajar para ver si llegamos a un acuerdo". La encargada de confirmar que el sciolismo trabaja en el proyecto del socialismo fue la ministra de Economía bonaerense, Silvina Batakis.

Batakis dijo que en el gobierno provincial "estamos dispuestos a negociar la gradualidad de cómo se llega al 100% del revalúo", pero advirtió que seis años es un plazo demasiado largo. "Nos parecía mucho pero si (tenemos en cuenta que) no tenemos revalúo desde el 55...", argumentó la ministra, y acotó que le "encantaría llegar al 100% del valor real dentro de nuestra gestión".

Este jueves, el bloque de senadores provinciales oficialista-kirchnerista no logró juntar el quórum necesario para debatir el proyecto de ley presentado por Scioli y la sesión se volvió a cancelar por tercer vez. Ni sciolistas, ni K lograron convencer a dos legisladores de la oposición para que se sienten en sus bancas. Ante esta encrucijada, y con la presión de los dirigentes del campo que rechazan el impuestazo, ahora surgen nuevas salidas a un conflicto, que desde la Sociedad Rural Argentina bautizaron como "peor que la 125".

Por ese motivo, el mismo jueves por la tarde el ministro de Economía de la Nación, Hernán Lorenzino, viajó a La Plata para ofrecer una alternativa. Ámbito Financiero reveló que el titular del Palacio de Hacienda se reunió con Gabriel Mariotto y Alberto Pérez para imponer el criterio que había hecho público un rato antes al plantear que Scioli podría disponer "por decreto" -aunque esa figura no existe a nivel provincial-, el impuestazo.

El ministro se abrazó a la letra fría la Ley Impositiva, que la oposición le aprobó el año pasado al gobernador, que autoriza en su artículo 92 el revalúo de los inmuebles rurales. El delegado K sostuvo que ese instrumento autoriza a Scioli a aplicar el revalúo.

Sin embargo, su par provincial Batakis descartó la ortodoxa receta K. "El año pasado, la Legislatura sí nos habilitó a hacer un revalúo, a simplificar el proceso para hacer el revalúo", pero eso no resuelve, expresó en declaraciones radiales. "La Constitución de la provincia de Buenos Aires dice que todos los temas impositivos son de tratamiento de la Legislatura; el Poder Ejecutivo no puedo imponer tributos y es sano que eso sea así", remarcó la ministra.

A piori, el sciolismo cierra así otra puerta al kirchnerismo. En la gobernación platense no están dispuestos correr el riesgo político de llevar la fallida pelea legislativa a un campo de batalla judicial. Se estima, que si Scioli firma un documento y ordena el revalúo sin permiso de los parlamentarios bonaerenses, las cámaras empresarias agropecuarias, cientos de pequeños productores rurales y un puñado de grandes terratenientes harán llover amparos y presentaciones judiciales para trabar la aplicación del demorado impuestazo.