El fiscal ante el Superior Tribunal de Justicia de Santa Cruz, Claudio Espinosa, denunció a la Corte Suprema de Justicia y al Congreso nacional ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por intentar removerlo y reponer en el cargo de procurador a Eduardo Sosa.
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Vía internet, Espinosa presentó un escrito contra el máximo tribunal por conculcar "flagrantemente" sus "garantías y derechos constitucionales inherentes a la inamovilidad y estabilidad" en su desempeño como funcionario judicial y "vulnerar" su derecho de defensa.
Espinosa giró la denuncia que realizó ante ese cuerpo de la Organización de Estados Americanos (OEA) a la Cámara de Diputados de la provincia, en la que puso en conocimiento que también dirigió un planteo de medida cautelar ante el Congreso nacional.
El caso Sosa ya había sido llevado a la CIDH años atrás por el ex procurador, ante la falta de respuesta a su reclamo de restitución por parte del Superior Tribunal de Justicia de la provincia.
Pero ahora, Espinosa recurrió al organismo internacional "a los fines de que dicho cuerpo se abstenga de sancionar cualquier norma" que conlleve su "remoción" en el cargo que -según remarcó-"ejerce legítimamente".
La nota de Espinosa fue leída en la sesión de este miércoles en la legislatura provincial, donde el PJ presentó una resolución "repudiando los proyectos de intervención existentes en el Congreso de la Nación" y declarando "personas non gratas" a todos los firmantes de los mismos.
En su presentación ante la CIDH, Espinosa fundamentó a su favor que en 1996 la Legislatura provincial dio acuerdo legislativo a su designación como agente fiscal y que recién luego el Superior Tribunal de Justicia aceptó la inconstitucionalidad del articulo 9 de la ley 2404 que establecía la supresión del cargo de procurador y la cesantía de Sosa.
Para Espinosa, el fallo de la Corte Suprema de Justicia que ordena la reincorporación de Sosa "vulnera el sistema federal de gobierno, principio de división de poderes, autonomías provinciales, derechos público provincial" y remarcó que no puede ser desplazado "ni por una fallo de la Corte ni por una ley del Congreso de la Nación".
"Solamente puedo ser removido bajo un procedimiento de juicio político y por las causales establecidas en la constitución provincial", advirtió.
La presentación ante la CIDH fue informada al Ejecutivo mediante una nota dirigida al vicegobernador Hernán Martínez Crespo, y se produce mientras la oposición impulsa en el Congreso proyectos de intervención en Santa Cruz para reponer a Sosa en su anterior cargo y dejar sin efecto el puesto de agente fiscal que actualmente ocupa.
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