Diputado denuncia: "Nadie sabe cuánto cobró Gil Lavedra de Santa Fe"

Política

En diálogo con Ámbito, Eduardo Toniolli recordó que hizo un pedido de informes que nunca fue respondido. La provincia le pagó al abogado una cifra que nadie aclara.

El diputado nacional por Santa Fe Eduardo Toniolli 6 años esperando una respuesta: ¿Cuánto cobró el abogado radical Ricardo Gil Lavedra de la provincia por una representación legal en un litigio contra la Nación? Al día de hoy no tiene respuesta.

Toniolli intentó que se conozca esa cifra a través de un pedido de informes, pero no logró que prospere. "Hasta donde yo sé no respondieron nunca el pedido de informes", explicó a Ámbito. Ese pedido fue en 2015 y al día de hoy no fue respondido.

El diputado nacional, que por entonces era provincial, recordó que el acuerdo con Gil Lavedra fue asumido por la administración de Hermes Binner. El socialismo estaba aliado al radicalismo dentro del Acuerdo Cívico y Social. Gil Lavedra era por esos años una de las caras más visibles de la UCR.

"En 2015 se hace público que el gobierno de Binner había contratado los servicios de dos estudios jurídicos para litigar por tres conflictos por la coparticipación con Nación. Por el monto requería una licitación que no se hizo, fue contratación directa", señaló Toniolli.

Asimismo, destacó desde el gobierno provincial nunca dieron precisiones sobre el pago. "Se habló de que era por un porcentaje elevado de lo que obtuviese la provincia, se hablaba de un 30%. El Procurador dice que no era así, pero no aclara cuánto es el acuerdo", afirmó. "Nadie sabe cuánto cobró Gil Lavedra de Santa Fe", remató.

El honesto Ricardo Gil Lavedra pasó de ser recordado como uno de los integrantes del jurado del juicio a los militares a pleitear para extraer millones de pesos merced a sus contactos con el macrismo. Lo hizo para empujar una denuncia sin sustento contra el Grupo Indalo, pero también surgió a la luz su manejo en la liquidación de fondos que solicitaba la provincia de Santa Fe a la Nación.

Santa Fe fue representada por Gil Lavedra en un reclamo que por entonces ascendía a unos $54.000 millones. A cambio recibió comisiones y hasta se habla de un pacto de cuota litis (un acuerdo por el que se conviene que los honorarios se percibirán a condición o en función del resultado favorable o positivo del mismo). Una incógnita.

La gravedad institucional de las “comisiones” que percibió el honesto Ricardo y el estudio de Gabriel Bouzat, abogado exsocio de Carlos Rosenkrantz, generó que los partidos políticos en la Cámara de Diputados santafesina hicieran preguntas grabadas sobre los millones que iban destinados a abogados y no en beneficio de los coterráneos.

El documento datado en 2009 y dirigido a Corte Suprema de Justicia dice: “Jorge Barraguirre (h), Fiscal de Estado de la provincia de Santa Fe; Analía Colombo, Coordinadora General y Juan Cifré, Coordinador Jurídico y todos ellos con el patrocinio letrado de los Dres. Ricardo Gil Lavedra, Gabriel Bouzat y Carlos Rosenkrantz, comparecemos y respetuosamente como en derechos mejor proceda decimos”.

De esta manera los funcionarios provinciales y los abogados (uno de ellos llegó a la Corte Suprema de Justicia vía DNU de Mauricio Macri y otro hizo “trabajos” investigados en la actualidad) iniciaron la demanda contra la Nación.

No hubo llamado a licitación para convocar a profesionales que lleven adelante el litigio y con falta de transparencia se designó a dedo a los dos estudios de abogados, uno de Gil Lavedra y el otro Bouzat-Rosenkrantz.

Al doctor no le importó los reclamos, pues sus energías de acumular dinero se apoyó en la aceitada relación con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Fernando Rosenkrantz, el colega Gabriel Bouzat y el fiscal de Estado provincial, Jorge A. Barraguirre (h).

A la fecha no se sabe con certeza cuánto se llevó el abogado por representar a Santa Fe cuando son fondos públicos de rendición exigible.

La deuda inicial de Santa Fe era de $23.000 millones. Hubo negociaciones del exgobernador Miguel Lifschitz que no llegaron a nada y su sucesor, Omar Perotti, logró la ejecución de la sentencia judicial. Reclamaba $120.000 millones: obtuvo $86.000 millones.

Son dos expedientes, referidos a coparticipación, iniciados por Santa Fe contra la Nación con fallos dictados el 24 de noviembre de 2015. En una causa se decidió que era inconstitucional la detracción del 15% con destino a la Anses de los fondos de coparticipación. La otra apuntaba al decreto 1399/01, que detrae fondos de la coparticipación hacia la AFIP.

Un artículo publicado en el diario La Capital refleja la posición de Barraguirre: “Es disparatado sostener que los dos estudios jurídicos contratados por la Provincia vayan a quedarse con el 30 por ciento de lo que obtiene el Estado provincial. Se les pagó 2 millones de pesos con toda lógica para litigar con dos estudios de Buenos Aires que es donde estaba radicado el trámite. Se habla de que cobrarán 7.500 millones lo que es realmente desconcertante. Ahora el tribunal le ajustará honorarios pero hay un tope. La provincia no contrajo un compromiso de pagar de más”.

A fines del año pasado, finalmente llegó el fallo de la Corte Suprema de Justicia en el juicio por la coparticipación. El tribunal determinó que el Estado nacional tiene que pagarle a Santa Fe $86.000 millones por la quita de la coparticipación federal, en dos causas que, aunque fueron resueltas en 2015, el pago nunca se efectivizó.

En su momento se dijo además que el estudio de Gil Lavedra recibiría el 30% de lo que resultara del juicio. Dado que hablamos de miles de millones de pesos, la cifra era más que jugosa. Esa versión fue desmentida desde la estructura provincial pero no refutada con los datos concretos de la factura declarada ante los organismos recaudadores.

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