Scilingo declarará por videoconferencia

E l canciller Rafael Bielsa, antes de partir a Nueva York, a cubrir desde esta semana el puesto temporario de presidente del Consejo de Seguridad de la ONU, gestionó con la rapidez del rayo un exhorto de la Justicia española para que testigos argentinos pudieran declarar por videoconferencia en el juicio que se llevará a cabo en Madrid contra Adolfo Scilingo. El ex marino, dado de baja de la Armada, quedó detenido en España en octubre del '97 después de confesar ante Garzón que él había participado en los vuelos de la muerte como integrante de los grupos de tareas de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). El 14 de enero comenzará el juicio oral en España. Las decisiones últimas en materia de extradición o de aceptación de lo que un tercer país pide por exhorto, son «políticas», no judiciales, dado que se trata de peticiones entre Estados soberanos. ¿Habrá evaluado el canciller que el novedoso procedimiento de la «videoconferencia» que aprobó, promete repercusión mediática que irá en contra de la política del Presidente? Néstor Kirchner había gastado saliva e iracundia convenciendo allá por agosto de 2003 al Congreso (y a la sociedad) de la necesidad de anular las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.

• Derogación

El Poder Legislativo accedió y despejó el camino para el principal objetivo político de Kirchner: que sean juzgados en el país los responsables de violaciones de derechos humanos durante el régimen militar. Antes, había derogado de un plumazo el decreto que impedía las extradiciones de militares acusados de cometer delitos contra los derechos humanos. La opinión pública podrá ver ahora «en vivo y en directo» el incumplimiento de un tópico central de la agenda del Presidente: se juzgará a un represor fuera de los tribunales nacionales. ¿Será éste un bumerán para la imagen de Kirchner como lo fue el caso de la cubana Hilda Molina o el acto del 24 de marzo en la ESMA? No hay quien pague el costo político de un acto fallido, salvo el propio canciller. Quedaría para el sureño la ventaja de mostrar que está dispuesto a jugar con blancas y con negras simultáneamente. Es que resulta difícil creer que nada de este novedoso procedimiento de testificación se habló en el viaje de la senadora Cristina Fernández de Kirchner a España, más aún con el perfil del embajador Carlos Bettini, él mismo una víctima o un «joven idealista», según el cristal con que se mire.

La Cámara Federal porteña hizo lo suyo, el pleno de los magistrados aprobó el ingenio de testificar por videoconferencia y el sorteo determinó que sea el juez Claudio Bonadío el encargado de citar a los testigos. Bonadío tiene cierta proximidad con Bielsa, el magistrado supo organizar cenas en el coqueto edificio del Ministerio de Relaciones Exteriores que cedió el canciller cuando hacía los pininos en las artes diplomáticas. No se explicó por qué hubo un sorteo cuando se tratará de testimonios sobre hechos sucedidos en la ESMA, cuya investigación lleva adelante ya el juez federal Sergio Torres. ¿Se animarán los camaristas Martín Irurzún, Eduardo Luraschi, Horacio Cattani, Gabriel Cavallo y Horacio Vigliani a emular a aquellos que juzgaron a los comandantes, cediendo el recinto histórico del «juicio a las Juntas» para la videoconferencia con España? El rating en días de baja audiencia por las vacaciones estivales puede levantar: el escrito presentado por la querella, propone la declaración de varios peritos (cinco por videoconferencia), españoles y argentinos, para que expliquen al tribunal los efectos de las torturas continuadas sobre las personas y las secuelas que pueden sufrir los supervivientes de los denominados «vuelos de la muerte».

• Reparos

El procedimiento que se hará con España, por el cual declararán 132 personas que residen en el país, tiene reparos en la Justicia local. El Consejo de la Magistratura aún tiene en revisión el mecanismo de las videoconferencias que había motorizado el ministro Horacio Rosatti. Se buscaba economía procesal y disminuir los traslados que hace el Servicio Penitenciario Federal con los reclusos.

Hubo una prueba piloto y se instalaron dos equipos: uno en el Complejo Penitenciario Federal Nº 1 de Ezeiza y el otro en la sede del ministerio en la Ciudad de Buenos Aires. El plenario del Consejo decidió ciertas limitaciones, no se aplicaría para declaraciones testimoniales (justo lo que pide España), careos, reconocimientos en rueda de personas y notificaciones de auto de procesamiento, de sentencias y de libertad.