El Parque Interama (en democracia, Parque de la Ciudad) fue el emblema, junto con las autopistas, de la Capital Federal que diseñó la dictadura militar. Su torre, de 220 metros de altura, alardeó con ser el punto más alto de toda Latinoamérica. Y hasta se le quiso dar un baño de sensibilidad social al ubicarla en una de las zonas más retrasadas de la Ciudad. Pero terminó generando el mayor juicio contra la Ciudad en toda su historia reciente. Durante el gobierno militar, fue también un símbolo de una corrupción que nunca terminó de aclararse. La Corte Suprema cortó ayer toda esa historia al rechazar una demanda de indemnización de los acreedores de la quiebra original de Interama contra la Ciudad de Buenos Aires por un monto superior a los $ 1.600 millones -actualizado llega a $ 4.030 millones-, en un juicio que se inició en el 83, cuando se le quitó la concesión a la empresa.
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La compañía pedía un resarcimiento por el valor de las construcciones que realizó en el predio, y la Corte consideró que ese valor agregado siempre fue parte de las condiciones de la concesión. Desde la Ciudad siempre se argumentó que Interama nunca cumplió con las obligaciones que había asumido con el gobierno militar de entonces.
La historia comenzó el 15 de diciembre de 1983, cuando el intendente del gobierno de Raúl Alfonsín, Julio César Saguier, decidió declarar caduco el contrato de concesión de obra que el intendente Osvaldo Cacciatore -fallecido hace una semana- había firmado con Interama SA.
No fue ésa la primera vez que el nombre del parque se paseaba por los tribunales. Parques Interama SA fue una empresa integrada por civiles y militares. En 1977 ganaron la licitación para construir un parque zoofitogeográfico -que nunca fue- y de diversiones. En el directorio podría verse a Alberto Gourdy Allende, Luis Juan Bautista Piatti, Diego Carlos Carballo Quintana, el brigadier Hugo Martínez Zubiría y el general Mario Horacio Laprida. De todo lo planeado, por lo menos el parque debía estar operativo para la llegada de turistas que acarreaba el Mundial 78, pero ni siquiera ese objetivo se cumplió completamente.
Desde el inicio hubo dudas. Junto con Interama, los socios crearon otro emprendimiento, Intamín AG con sede en Suiza, que fue denunciado penalmente por haber sobrefacturado presuntamente productos que luego eran vendidos a Interama a precios inflados. Ya por entonces, se hablaba de supuestos fraudes por u$s 150 millones. En 1982 cambia el directorio: Pablo Manuel Mariani, José María Montoya, Luis Ignacio Mariani, Horacio Elías Páez y José Pirillo se hacen cargo. Poco más de un año después, llega la democracia y Saguier cancela esa concesión. El juicio que el síndico de la quiebra de Interama, en representación de los acreedores, inició contra la Ciudad por incumplimiento, daños y perjuicios y por el resarcimiento de lo invertido en las construcciones en el predio tuvo un primer round en la Justicia comercial que condenó a la Ciudad a pagar la compensación. El 10 de diciembre de 1999 la jueza Matilde Ballerini ordenó a la Ciudad pagar las sumas reclamadas, con más intereses costas.
Apelaciones
El Gobierno porteño apeló ese fallo, pero fue confirmado por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial el 14 de noviembre de 2000.
Es entonces cuando se apela a la Corte Suprema, donde el expediente estuvo paralizado hasta después de la salida de Aníbal Ibarra del Gobierno porteño, donde se activó hasta llegar a la sentencia de ayer.
Técnicamente, fueron dos las causas abiertas: una por la compensación reclamada a la Ciudad por el síndico de la quiebra y otra que la Procuración porteña no consiguió unificar, por la nulidad del decreto de rescisión de Saguier, que por cuestiones penales terminó condenando al presidente de la sociedad Interama de entonces.
Mientras toda esta historia avanzaba, el parque continuó abierto bajo el nuevo nombre de Parque de la Ciudad, pero funcionando en una situación casi agónica y, en muchos casos, cerrando por varias semanas.
Hasta que en noviembre de 2003 un accidente genera una nueva demanda contra la Ciudad -que aún no está terminada- por el que la Justicia decide clausurarlo. Recién en febrero de este año Jorge Telerman con toda la pompa anuncia la reapertura del parque, pero con capacidades muy restringidas en relación con el proyecto original.
Accidente y clausura
Hasta Carlos Menem llegó a discutir con el jefe del Grupo «Clarín», Héctor Magnetto, en la residencia de Olivos cuando le pidió que frenara alrededor de 1990 las críticas a Carlos Grosso. El monopolio, por pedido de los Saguier, no perdonaba que el ex intendente de Menem hubiera acusado a Julio César de generar una deuda a la Ciudad por firmar la rescisión del contrato de Interama. La Justicia ahora le dio la razón al radical.
El fallo que revocó la Corte había considerado que las edificaciones se habían realizado «de buena fe y acrecentaron el valor del predio», por lo que la Ciudad se «había enriquecido».
La Corte entendió todo lo contrario y dio la razón a la defensa que presentó la Procuración de la Ciudad, donde actuaron Agustín Zbar y Víctor Samenfeld. De haberse fallado en contra del Gobierno porteño, la demanda se hubiera ganado un lugar en el Guinness: con un valor de $ 4.030 millones actualizados, es el juicio más grande que alguien le haya iniciado a la Ciudad de Buenos Aires en toda su historia. Además, ese juicio, que muchos consideraban perdido, hubiera comprometido por varios años los presupuestos porteños.
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