El PJ del Senado intentará ponerse al día con el gobierno, pasado mañana, en un virtual juego de pinzas sobre la Corte: en la misma sesión, dará ingreso formal al pliego de Eugenio Zaffaroni, candidato de Néstor Kirchner a cubrir la silla que dejó Julio Nazareno, y también largará la demorada etapa de sentencia contra Eduardo Moliné O'Connor, en busca de otra vacante para el Ejecutivo en el máximo tribunal.
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En esta ocasión, el oficialismo quedará expuesto a dejarle servido un nuevo argumento a la defensa de Moliné para desarmar el juicio político, cuando se lean los cargos y se presente la comisión acusadora de Diputados que cumple el papel de fiscal. Muchos senadores consideran que debe haber 37 presentes mientras dure la lectura y se formulen los alegatos sobre los casos Macri, Meller y Magariños, lo cual puede llevar entre 6 y 9 horas de corrido. En las sesiones habituales, sólo es necesario que haya quórum al comenzar el encuentro y al momento de aprobar proyectos o mociones. Si se aplica supletoriamente el Código Procesal Penal, corresponde que el tribunal -la Cámara alta- tenga, por lo menos, 37 miembros en sus bancas de manera permanente. Lo contrario equivaldría en un proceso judicial normal a que los fiscales o los defensores hagan sus cargos o descargos en ausencia del juez. El problema es que parece imposible imaginarse semejante cantidad de legisladores sin levantar las posaderas de los asientos en ese tiempo. Sería un récord mundial si se cumpliera este requisito. Las autoridades de la bancada justicialista descartan una obligación de tamaña envergadura y sostienen que, según el reglamento senatorial, no hay ninguna imposición sobre el quórum, razón por la cual corre la misma regla de siempre: sólo es imprescindible la presencia de 37 como piso al comenzar y lo mismo una vez que se procede a votar. Lo curioso es que, en este caso, no hay iniciativa que votar después de que se lean las acusaciones y los fiscales de la Cámara baja aporten datos sobre las causas en las que se le achaca mal desempeño en sus funciones a Moliné. Hay que cumplir con una formalidad de procedimiento.
Miguel Angel Pichetto se lo advirtió a Ricardo Falú, titular de la Comisión de Juicio Político de Diputados: «No te asombrés si hay 6 senadores mien-tras hablás», le sonrió el responsable del bloque PJ. Falú, que tendrá la misión de informar sobre los reproches al ministro de la Corte dentro de 48 horas, pedirá a oficialistas y opositores que permanezcan en sus butacas para evitar así que Gregorio Badeni y el equipo que asesora al acusado trasladen sus reclamos de nulidad del proceso al ámbito tribunalicio y terminen desbaratando este sueño tan acariciado por Kirchner. La falta de quórum -es decir, la ausencia de jueces-será la excusa perfecta para judicializar el proceso, algo que inquieta a Falú y compañía, y demostrar la violación del debido proceso.
Tras el papelón de la semana pasada, cuando peronistas disidentes, radicales y provinciales voltearon el plenario del juicio político a Moliné en el Senado, el bloque PJ -que fracasó a la hora de disciplinar a la propia tropa-tratará de mostrarse disciplinado y de hacer valer el acuerdo con la oposición a fin de avanzar en la destitución del ministro de la Corte y, al mismo tiempo, otorgarle rango parlamentario al diploma de Zaffaroni ( por el momento, sólo cuenta con sello de la mesa de entradas, mero paso administrativo, pero requiere el aval de los senadores).
Aunque le impriman celeridad a ambos trámites, resulta improbable que puedan estar resueltos antes de mediados de noviembre. Según el cronograma estimado por los legisladores, el proceso contra Moliné insumirá más de 60 días como mínimo, plazo similar -si bien podría ser más corto-al de confirmación del polémico penalista como noveno juez.
La sesión del miércoles, sin embargo, puede encontrar algunos sinsabores o efectos no deseados por el justicialismo leal a la Casa Rosada, amén del ya mencionado. La agria discusión mediática que involucró al senador radical Raúl Baglini -quien pidió permiso para excusarse por tener causas con su firma de abogado ante la Corte-, y al diputado Falú (quien deslizó sospechas sobre un supuesto «pacto espurio» que habría derivado en la frustración de hace 5 días), entre otros, puede tener su correlato en el recinto.
El conjunto de senadores, antes de limitarse a oír la acusación (que llevará, por lo menos, 4 horas continuadas con el secretario parlamentario, Juan Estrada, y su número 2, Ma-nolo Canals, como narradores), deberá discutir precisamente el planteo de Baglini, además de la recusación que formuló la defensa de Moliné contra Cristina Fernández de Kirchner.
• Polémica
El constitucionalista Badeni impugnó a la primera dama porque no tendría la imparcialidad necesaria debido a su obvia relación de parentesco con el Presidente, quien, por cadena nacional de radio y TV, puso precio a las cabezas de Nazareno y de la denominada «mayoría automática». Cristina de Kirchner debe oficiar de jueza en el Juicio Político -igual que sus pares-y, además, controla la comisión encargada de conducir al ministro de la Corte a la guillotina, Asuntos Constitucionales.
Tanto esta puja -ya desestimada, por supuesto, en esa dependencia-como el reclamo de Baglini amenazan con entorpecer la deliberación y sumir en un interminable debate a los legisladores, aun cuando resulta pre-visible que el PJ sostendrá a la Kirchner en su carácter de jueza y hará lo mismo con Baglini. La UCR, muchos peronistas como Eduardo Menem y Sonia Escudero, y los provinciales del Interbloque Federal (que animan el renovador salteño Ricardo Gómez Diez, el lopezmurphysta tucumano Pablo Walter y el vice 2º del cuerpo, Pedro Salvatori, del MPN) opinan que el intercambio de criterios no se agotó en Asuntos Constitucionales y exigen abrir la disputa en el hemiciclo.
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