Superpoderes: votan prórroga sólo parcial para dictar decretos

Miguel Pichetto

El Senado tiene previsto sancionar este miércoles el proyecto que prorroga toda la legislación delegada del Congreso al Ejecutivo y que vence el próximo 28 de agosto. El pedido de votación -mediante un proyecto firmado por Cristina Kirchner, Jorge Yoma y Miguel Pichetto- estuvo marcado la semana pasada por sospechas y denuncias de la oposición, en especial del radicalismo, que acusó al gobierno de intentar introducir junto a la prórroga por tres años de la legislación delegada, la renovación de todos los poderes que fueron otorgados por el Congreso al gobierno tanto en la Ley de Emergencia Económica como en las leyes de Presupuesto. Y aunque esas sospechas tienen su base cierta en la intención, todavía vigente, de llegar a un acuerdo para prorrogar poderes especiales cedidos a este gobierno y a los dos anteriores, lo que votaría el miércoles el Senado sería en realidad sólo la prorroga -según lo acordado ahora con la UCR por dos años- de la legislación delegada. Es decir, de toda esa maraña jurídica de potestades que el Congreso, por una cuestión práctica, no ejerce y cede al gobierno desde cobrar los impuestos hasta el control de la defensa.

El problema es que esta semana puede haber una colisión entre Diputados y el Senado. En la Cámara baja tiene también preferencia para debatirse en el recinto un proyecto de José María Díaz Bancalari sobre prórroga de legislación delegada, que técnicamente le gusta mas a la oposición y que fue presentado, además, dos meses antes que el Cristina Kirchner en el Senado. Los presidentes de ambas cámaras deberán decidir, entonces, si se trata el del jefe del bloque peronista en Diputados o el impulsado por la primera dama.

La reforma de 1994 estableció en una cláusula transitoria la obligación de revisar la legislación que delega facultades, que la Constitución otorga al Congreso, hacia el Poder Ejecutivo. Ese proceso de revisión supone analizar aproximadamente 4 mil leyes, de las 25 mil en vigencia que componen el sistema legal argentino. Pero esa revisión -a cargo de un equipo de la Universidad de Buenos Aires- todavía no llegó a su fin y, por lo tanto, el gobierno debe prorrogar por dos o tres años la vigencia de esa delegación hasta que se terminen la compilación y el resultado de acuerde políticamente.

• Sin acuerdo

Paralelamente, el Congreso había comenzado ya en 1985 un intento de unificación de la legislación civil y comercial. Dos comisiones se hicieron cargo y una llegó a terminar la tarea, pero el resultado fue vetado por Carlos Menem, por lo que ni llegó a tener sanción en alguna de las cámaras. Por lo tanto, a pesar de la instrucción constitucional de 1994, hace 19 años que se intenta unificar y compilar esa legislación y no hay acuerdo.

Pero la intención actual del gobierno está muy lejos de esos proyectos de crear un digesto de legislación delegada. El radicalismo ya sabe desde hace tiempo que el diálogo a que convoca el gobierno tiene incluida la discusión de esos superpoderes y se niega a aceptarlo. Incluso Eduardo Duhalde, a pesar de la nueva armonía instalada en su relación con el kirchnerismo, rechaza que la Ley de Emergencia Económica -y todos los poderes delegados que incluye- vuelva a ser prorrogada una vez que venza en diciembre de este año. Esa ley, junto a otras potestades cedidas al Ejecutivo que venían heredadas del gobierno de Fernando de la Rúa, le permitieron a Duhalde declarar la emergencia económica, modificar el sistema cambiario -nada menos que la salida de la convertibilidad-, modificar la Ley de Quiebras, pesificar deudas y depósitos, renegociar contratos con empresas de servicios públicos privatizados. Es decir, casi todas las medidas que tomó Duhalde durante su gobierno y que utilizó a través de 40 decretos.

Néstor Kirchner superó esa cantidad en uso de los superpoderes, mas allá de los decretos de necesidad y urgencia que firmó en uso de otros poderes, los que da el artículo 99, inciso 3 de la Constitución.

Por ahora, y mientras se delinea la estrategia legal para hacer sobrevivir los superpoderes mas allá de diciembre, el gobierno se contentará esta semana con sancionar la prórroga de la ratificación «en el Poder Ejecutivo, a partir de agosto de 2004 por el plazo de tres años... la totalidad de la delegación legislativa sobre materias determinadas de administración o situaciones de emergencia pública, emitidas con anterioridad a las reforma constitucional de 1994». Junto con esa disposición, el gobierno pide que se ratifiquen todos los decretos emitidos en uso de esos poderes, una decisión lógica que se tomó cada vez que se procedió a renovar esta delegación.