Se acelera creación de la Agencia Social que reemplazará al Ministerio de Desarrollo Social en manos del Frepaso. Se hará en la unificación en el nuevo presupuesto para hacer más eficiente el uso de cerca de $ 3.600 millones. Pero ese cambio de ministerio a agencia lo obligará a Cafiero (h) a defender su cuestionado cargo.
El gobierno intimó a los ministros sociales del gabinete para que el jueves que viene le acerquen a Chrystian Colombo un proyecto de reducción de los 70 planes que hoy administran casi $ 3.600 millones en planes de ayuda social de toda índole.
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Esa reducción lleva el germen de varias batallas: qué harán las provincias para evitar que las ayudas sean víctimas del clientelismo; si entrarán además de los planes Trabajar los fondos FONAVI (viviendas) que van hoy a las provincias y las pensiones que conceden a su aire los legisladores.
Los planes que quedarán, les dijo ayer el jefe de Gabinete a un grupo de ministros, no deben ser más de cuatro y deben reunir estas condiciones: 1) deben ser una ayuda directa y en efectivo a los pobres, que recibirán el dinero a través de una tarjeta de débito del Banco Nación; 2) deben extremar la eficiencia para superar la muy baja ratio costo-beneficio de la mayoría de los 40 planes. Se trata del porcentaje sobre cada peso presupuestado que se gasta en administrarlo; 3) deben buscar quebrar la línea hereditaria de la pobreza, es decir concentrar la ayuda en los niños hijos de familias pobres para que salgan de esa condición cuando lleguen a la edad laboral; 4) mejorar efectivamente las condiciones de urbanización de los residentes en zonas deprimidas azotadas por enfermedades por falta de agua e infraestructura sanitaria.
El proyecto que recibirá la Jefatura de Gabinete será discutido y aprobado en la reunión del gabinete del 4 de setiembre y formará parte del proyecto de presupuesto nacional que el gobierno mandará al Congreso, lo confirmó ayer Domingo Cavallo a los miembros del llamado gabinete social, antes del 15 de setiembre.Ese proyecto contendrá la reforma del gabinete eliminando el actual ministerio de Desarrollo Social del frepasista Juan Pablo Cafiero para dar lugar a la demorada Agencia Social.
Pero la sola proposición de crear la Agencia hoy en manos de los socios del Frepaso gatillará una crisis del gabinete. Fernando de la Rúa ha confesado en los conciliábulos más íntimos del poder que con el acuerdo con el FMI cree haber «estabilizado la nave» y que no habrá más cambios. «Después de las elecciones veremos qué cambios hay que hacer», deslizó a un grupo de sus amigos y asesores.
En esa crisis se tomará examen a la conducta de los socios del Frepaso y se jugará la suerte de la Alianza de gobierno. Será el momento cuando el hijo de Antonio (Cafiero) deberá esmerarse como nunca para retener su cargo en la nueva Agencia Social.
Los preliminares de este debate se plantearon ayer en la Casa de Gobierno, adonde Colombo recibió a los ministros Cavallo, Cafiero (h), Andrés Delich, Héctor Lombardo, al secretario Jorge Baldrich y un par de delegados de Patricia Bullrich (ayer de visita a Fernando Henrique Cardoso en Brasilia). Colombo les comunicó que la orden de De la Rúa era unificar y reducir los planes sociales y que se venía la creación de la Agencia Social en el nuevo gabinete.
Delich defendió la necesidad de incluir en los 4 o 5 planes que quedarán uno que aplica el Ministerio de Educación para solventar que los jóvenes entre 18 y 14 años terminen la secundaria y además estudien un oficio.
Colombo dijo que estaba muy avanzada la confección del padrón único nacional de beneficiarios que asignará a cada uno de ellos esa tarjeta y evitará las triquiñuelas que se han detectado de que una misma persona concentre varios planes de ayuda.
Cafiero logró imponer que uno de los programas que quedarán será el Seguro de Inclusión Infantil, un pago a familias pobres con niños que persigue asistir donde más duele.
Cavallo dejó planteada las aristas más agudas del programa, que serán el eje de una negociación política crucial: si el plan debe hacerse cargo del total de los $ 3.600 millones que incluyen los fondos del FONAVI ($ 900 millones para financiamiento de la vivienda) y las pensiones no contributivas ($ 850 millones de los cuales $ 240 millones lo entregan de manera «graciable» los legisladores nacionales).
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