Tras procesamiento a Arribas y Majdalani por espionaje ilegal, la lupa se dirige a órdenes de Macri

La excúpula de la AFI fue acusada por violar la ley de Inteligencia y falsificar los documentos para justificar seguimientos a Cristina de Kirchner e Instituto Patria. Lo mismo recayó para exagente Coste. Justicia confirma que se utilizó la central de espías con fines políticos y se "engañó" al Congreso.

El juez federal de Lomas de Zamora, Juan Pablo Augé, dictó el procesamiento y embargo de los extitulares de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas, y Silvia Majdalani, en la causa en la que se investiga el espionaje ilegal realizado contra el Instituto Patria y el seguimiento a Cristina de Kirchner. El magistrado les prohibió la salida del país y los embargó en la suma de $2 millones a cada uno. Además fue procesado el exdirector de contrainteligencia Martín Coste. El procesamiento fue por violación de la Ley de Inteligencia y principalmente por falsedad ideológica. Se reportaron falsos los argumentos que intentaron introducir en causas judiciales y ante la Bicameral de Inteligencia del Congreso, una vez que estalló el escándalo por la aparición de un vehículo registrado a nombre de la AFI que había montado vigilancia frente al think tank kirchnerista. La prohibición de salida del país complica a Arribas que tenía previsto volver a Brasil, donde reside parte de su familia y tiene residencia.

La dirección de la causa comenzará ahora a complementarse con la del grupo “Super Mario Bros” que da cuenta de un grupo de agentes orgánicos de la AFI que realizaron espionaje a políticos y personalidades también, se presupone, con el mismo esquema de ordenes recibidas desde la cúpula de la agencia pero también con destino final de la información en la Casa Rosada. Es allí, donde Mauricio Macri comienza a estar en la mira de la justicia, más allá de las responsabilidades que le corresponden a Arribas, como jefe de los espías. Parte de las pruebas exceden la chance de que las ordenes hayan sido impartidas solamente por el extrader de futbolistas, sin la habilitación del propio Macri.

En un escrito de más de 172 páginas, el magistrado se refirió a los hechos denunciados por la actual Interventora de la AFI, Cristina Caamaño, sobre la producción de inteligencia ilegal. En la resolución, Augé hizo referencia a la declaración de Coste, y afirma que “en cuanto al conocimiento que podía llegar a tener Gustavo Arribas de las ordenes que emanaba Majdalani a Alan Ruiz, él puede confirmarlo porque la Dirección Administrativa de Asuntos Jurídicos dependía directamente de Arribas y fue dicha dirección la que armó todas las notas de contenido falso que antes mencionó”.

Además agrega que Coste “manifestó que desde que asumió como director de la mentada dirección, ya tenía conocimiento que Alan Ruiz respondía directamente a su superior directo, es decir, a la sub directora, Silvia Majdalani; que le consta que Silvia Majdalani le daba órdenes a diario a Alan Ruiz, como por ejemplo con el tema del G-20 y como Majdalani tenía la necesidad de tener información diaria, hablaba todo el día con Alan Ruiz para saber cómo estaba la situación en la calle”. El juez de Lomas de Zamora, sostuvo que “es dable concluir que si bien Ruiz fue presentado desde su llegada como Director de Operaciones Especiales, en los hechos, este se desenvolvía por encima de sus pares y superiores, y actuaba de acuerdo a las órdenes que recibía por parte de Majdalani, quien a su vez reportaba al Director de ese organismo, Arribas”.

Agregó que Arribas y Majdalani engañaron a la Bicameral y a la justicia en un “intento de ocultar el espionaje ilegal”. “Luego de haber llevado a cabo esas acciones y de que se las descubriera, los imputados Arribas y Majdalani trazaron una nueva estrategia delictiva: la de engañar a distintas autoridades a las que les correspondía el contralor de los actos llevados a cabo (Comisión Bicameral Permanente de Fiscalización de los Organismos y Actividades de inteligencia del Congreso de la Nación) y la investigación penal (Poder Judicial). En esta segunda etapa del delito investigado Arribas, Majdalani y Coste, a pedido de ellos, junto a Ruiz y otros funcionarios, confeccionaron y utilizaron documentos ideológicamente falsos”, señaló el juez. Se refiere a haber insertado un informe en la causa “G-20” que estaba a cargo del juez de Lomas Federico Villena donde se agregó 75 días después un reporte con la intervención del vehículo supuestamente para “cuidar” una amenaza potencial contra la actual vicepresidenta.

En la parte resolutiva, Augé indicó que “los funcionarios de la Agencia Federal de Inteligencia, calidad revestida por Gustavo Héctor Arribas, Silvia Majdalani y Martín Coste, tienen prohibido realizar tareas de inteligencia vinculadas con la política o seguridad interior y los elementos de prueba compilados en la pesquisa dan cuenta que las actividades desarrolladas por los imputados, fueron justamente aquellas prohibidas por el art. 2 y 4 de la ley de inteligencia 25520”.