Tucumán: evalúan pedidos de juicio político contra Miranda

La comisión de Juicio Político de la Legislatura tucumana tratará esta tarde los dos pedidos de destitución que pesan sobre el gobernador Julio Miranda.

La comisión fue citada anoche luego de que fracasó, por falta de quórum, el intento de archivar el requerimiento del juez de Instrucción de la IV Nominación, Víctor Pérez, de que se someta a un juicio político al mandatario provincial.

Si bien el PJ tiene siete representantes y dos ex bussistas aliados en la comisión -los otros tres son de la oposición-, sólo seis fueron anoche a la Legislatura, faltando los peronistas Germán Alfaro, Edgardo Rocha y Julio Topa (Movimiento Independiente).

La falta de quórum para archivar anoche mismo el pedido de Pérez, quien quiere citar a declarar a Miranda en la causa en la que investiga el presunto pago de coimas a los 27 legisladores que votaron por la reforma constitucional, generó malestar en el PE.

"No era intención emitir un dictamen, sino sólo informar sobre el último pedido", aseguró la titular de la comisión, la mirandista Teresa Felipe de Heredia, quien acotó que al mediodía se reunirá el bloque del PJ y esta tarde lo hará la comisión.

El de anoche fue el segundo fracaso de la comisión en su intento por archivar los pedidos en contra de Miranda, ya que el sábado tampoco tuvo quórum para tratar el primer planteo: el de cinco asociaciones civiles por la muerte de una docena de niños.

Una vez que entra un pedido, la comisión tiene 15 días para tratarlo; para archivar la petición o darle curso (correr traslado de la acusación al acusado) sólo se necesita la simple mayoría de los miembros presentes en la reunión, según las leyes locales.

A las 15:30 de ayer, Pérez solicitó la destitución de Miranda, previo juicio político, por supuesto "cohecho activo" durante el proceso que terminó el 19 de febrero con la sanción de la ley que habilitó la reforma de la Constitución provincial.

La polémica se inició el 22 de febrero cuando el diputado nacional Ricardo Bussi denunció ante Jerez que el legislador de su partido Jorge De Faveri le había dicho que "el oficialismo (el PJ) había ofrecido plata para aprobar la reforma".

Desde que llegó al gobierno en 1999, el gobernador Miranda manifestó sus intenciones de reformar la Constitución provincial -la actual data de 1990 y de su sanción no participó el justicialismo, sino FR-, para adaptarla a la nacional de 1994.

Los opositores sostienen que el verdadero objetivo de la reforma es permitir la reelección de las actuales autoridades, hoy prohibida por la Constitución, sin embargo Miranda dijo hace dos meses que la reelección debería regir para el próximo mandato.

Hace cuatro meses, Pérez solicitó el desafuero de los 27 legisladores que el 19 de febrero apoyaron la reforma pero la Legislatura rechazó el pedido, sin embargo, hubo 10 parlamentarios que insistieron y consiguieron que el cuerpo los autorice a declarar en la Justicia.

Los ex bussistas De Faveri, Diego Nieva, Gustavo Rojas Alcorta, Adriana Neske, Albero y Julio Topa; los peronistas Augier de Rojas, Vargas Aignasse y Edgardo Rocha, y el radical Juan Vildoza fueron desaforados para poder declarar, como lo están haciendo.

La decena de legisladores pidió que se los autorice a ir a la Justicia después de que se conoció que Ducca, esposa del legislador Poliche (ex bussista), declaró ante Jerez que Miranda autorizó el pago de 2 millones de pesos en coimas.

Sin embargo, el 30 de julio, cuando Pérez la citó como testigo, la mujer negó haber hablado de un reparto de dinero, razón por la que la fiscal Teresita Marnero le inició una investigación por presunto falso testimonio.

En la causa en la que instruyó Marnero, el juez Alfonso Zottoli declaró nula la declaración de Ducca ante Jerez, por considerar que el Código Procesal Penal de Tucumán prohíbe que una persona testimonie contra su cónyuge.

El lunes, la sala III de la Cámara Penal concluyó que la polémica declaración de Ducca no puede ser tomada como prueba válida en la causa por las supuestas coimas, sin embargo, Jerez anticipó que planteará un recurso de casación para que la Corte Suprema de Justicia revise el fallo.

La decisión de Jerez, avalada por el ministro fiscal de la Corte (es el titular del Ministerio Público), habría estimulado a Pérez a pedir la destitución de Miranda, según fuentes judiciales.