Washington - El imponente despliegue de recursospropagandísticos y mediáticos utilizados -al menos-por los dos principalescandidatos para las próximas elecciones estadounidenses, replantea el tema delfinanciamiento de las campañas proselitistas y del origen de los fondos paraafrontar esos gastos.
Si bien la Ley Federal de Campañas Electorales fue sancionada en el año1971, un escándalo de magnitud como el «caso Watergate» generó la introducciónde enmiendas que derivaron -entre otras cosasen la creación de la ComisiónFederal Electoral. Aunque en esa época se prestó mucha atención al allanamientode las oficinas del Comité Nacional del Partido Demócrata, el cuestionamientofundamental en la campaña presidencial de 1972, consistió en que grandes sumasde dinero no fueron declaradas públicamente.
La Comisión Federal Electoral (Federal Election Comission-FEC) es unaagencia reguladora independiente que tiene a su cargo la administración yaplicación de las leyes federales sobre financiamiento de campañas políticas;está integrada por seis miembros que son designados por el presidente yconfirmados por el Senado (tres comisionados por cada uno de los dos partidosmayoritarios).
Al cabo de más de 25 años de actuación, puede decirse, tal como nos loexpresara el comisionado Danny Mac Donald (actual miembro de la FEC enrepresentación del Partido Demócrata), que se encuentra cumplido el principalfundamento que abonó la creación de ese organismo: garantizar la transparenciay preservar el derecho que tienen los ciudadanos a saber de dónde obtienen lospolíticos su financiamiento, cuánto dinero recaudan y cuándo y de quién recibenesas sumas.
En la Ley Federal de Campañas Electorales, aplicable tanto a laselecciones presidenciales como a las de los miembros del Senado y la Cámara deRepresentantes, están contemplados tres grandes aspectos: a) la declaraciónpública de los fondos recaudados y gastados en las elecciones federales; b) lasrestricciones a los aportes y gastos; y c) el financiamiento público de lascampañas presidenciales.
La ley dispone que todos los candidatos, comités de partidos políticos ycomités de acción política (CAP) presenten a la Comisión Electoral informesperiódicos acerca de su financiamiento. Por ejemplo los candidatos debenrevelar el nombre de los comités partidarios de los cuales recibieron aportes,y el de todos los individuos que les donaron más de u$s 200 en un mismo año.También la ley electoral impone límites bien diferenciados según se trate deaportes realizados por individuos a un candidato o a un comité partidario quenunca podrán superar los u$s 25.000 por año.
En cuanto a las corporaciones, organizaciones laborales, contratistasdel gobierno federal y ciudadanos extranjeros existe una estricta prohibiciónde efectuar donaciones para las campañas electorales o de gastar dinerodirectamente -por ejemplo en publicidadpara influir en las eleccionesfederales.
Del otro lado, los candidatos presidenciales pueden recibir patrociniopúblico para sus campañas a partir de un fondo especial que maneja elDepartamento del Tesoro estadounidense. Ese fondo es financiado exclusivamentepor medio de aportes voluntarios de contribuyentes que incrementan en u$s 3 elmonto de sus impuestos anuales federales sobre la renta. Los candidatos puedenaceptar el patrocinio público, ya sea para la campaña de la elección primaria ode la elección general, o para ambas. Sin embargo, si aceptan fondos públicosdeben respetar los límites de gastos y otras restricciones que impone laComisión Federal Electoral.
Sólo los candidatos de los partidos mayoritarios (según la ley aquellosque hayan obtenido más de 25% de votos en la elección anterior) tienen derechoa una donación de la Comisión Electoral a fin de cubrir los gastos de sucampaña para la elección general, pero no pueden gastar una suma mayor que elmonto de esa donación. En 1996, el aporte estatal fue de u$s 61.820.000 porcada candidato de los dos partidos mayoritarios.
Dejá tu comentario