¿Un proceso ya sin retorno?

La avanzada del gobierno cordobés para reducir en 50% los cargos legislativos tuvo, aunque en menor medida, su correlato en otras provincias, donde también se gestaron intentos por rebajar los gastos políticos. Sólo unas pocas aplicaron una fórmula efectiva y obtuvieron buenos resultados, como el caso de Misiones y Buenos Aires, entre otras. Pero hay al menos una decena de estados que, en cambio, todavía le escapan al compromiso.

Por su parte, el gobierno nacional, primero Federico Storani y después el subsecretario de Relaciones con las Provincias, Oscar Cetrángolo, manifestaron su deseo de que los gobernadores utilicen sólo tres por ciento del presupuesto global local para los gastos de las legislaturas y la Justicia.

En rigor, las claves pioneras de la «transformación» tenían sus antecedentes desde el año pasado en la provincia de Buenos Aires. La unicameralidad -con la que se dice ahorrarían 50 millones-, el control sobre el gasto, la suspensión de las listas sábana, la realización de internas abiertas simultáneas y la demostración de que los legisladores no se enriquecieron durante su mandato, fueron las banderas por las que luchó el gobernador Carlos Ruckauf.

Además, las ideas de «reingeniería del dispendio» fueron completadas por el mandatario cordobés, José Manuel de la Sota y aceptadas por Carlos Reutemann. Entre las pretensiones cordobesas, no se ubicaría en primer término la anulación de una de las cámaras sino la reducción de los funcionarios componentes de las mismas ( Ver aparte) y la posible eliminación de ministerios «no prioritarios». Santa Fe, tampoco apostaría al bicameralismo, aunque aceptaría la reforma, los recortes en los gastos y alguna que otra eliminación institucional.

De las reformas más originales ya aplicadas, están las tomadas por el jefe de la Cámara de Diputados bonaerenses, Aldo San Pedro, que con la tijera firme, clausuró la residencia oficial de los presidentes de ese cuerpo, remató 23 autos, canceló el contrato por 48 celulares y se atrevió a anunciar una reducción de 50 por ciento en las comisiones parlamentarias.

Por último, las «puntas para el saneamiento», incluyen la derogación de los 44 millones que anualmente percibían los legisladores bonaerenses en concepto de gastos reservados.

Un sondeo realizado por este diario sobre el factible recorte en el poder judicial y legislativo en las provincias, arrojó que no existe una «mentalidad» orientada a la reforma, sino que la mayoría de las provincias se ubican a sí mismas en «una posición privilegiada en el ranking nacional». Así lo afirmaron voceros de Mendoza, San Juan, La Rioja, San Luis, Entre Ríos, Santiago del Estero y Santa Cruz. Sin embargo, en muchos casos (como por ejemplo en San Juan, donde entre los tribunales y la Legislatura se insume casi 10 por ciento del presupuesto provincial), los porcentajes destinados a los gastos superan 3 por ciento y no hay más que una mínima intención de resolución.

Claro que existen excepciones particulares como Corrientes, donde la intervención de Ramón Mestre, con una rigurosa política y saltando por sobre los pasos que debería dar un gobierno no intervenido, intentó sanear, ajustar y reorganizar el déficit mensual. Y se aferra a la negativa de habilitar la Legislatura para evitar erogaciones que pudieran complicar el pago de los sueldos correntinos. Además, están las provincias que dan vueltas a la reducción del gasto, como Formosa, Tucumán o Jujuy.

Entre los destacados, no puede obviarse la «receta misionera», que en tan sólo un año, con una fórmula «clásica», pero efectiva, redujo su déficit a la mitad. Misiones, achicó 45 por ciento los gastos corrientes, logró contener el gasto público al mismo tiempo que aumentó la recaudación impositiva y apostó fuerte a la obra pública.

Del lado de los «vergonzosos», ya están atrincherados por la lupa acusadora del país, Tucumán, donde los legisladores ganan más de 15 mil pesos por mes; y, Formosa, Chaco y Buenos Aires, donde los sueldos anuales superan el millón.