Una reforma parlamentarista debilitaría más a la política

Política

Jorge Yoma fue, siendo diputado, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara. Como senador condujo también la comisión respectiva en la Cámara alta. En 1993-94 fue uno de los hombres clave en la redacción de la Constitución derivada del pacto de Olivos. Hoy, Yoma ocupa una banca en el Senado, es un interlocutor frecuente de Duhalde e integra el Consejo de la Magistratura. Se trata, por lo tanto, de uno de los dirigentes más experimentados en materia institucional que posee la clase política y acaso uno de los más perspicaces. Por eso es importante leer este diá-logo que mantuvo ayer con un periodista del diario y en el que repasó todos los aspectos de la reforma que propone el gobierno para modificar las instituciones, bajar el costo de la política y llegar a un nuevo esquema constitucional. Veamos lo que dice Yoma:

Periodista: ¿Está de acuerdo con la reducción del Congreso?


Jorge Yoma:
Sí, y le doy números. En Estados Unidos, con una población de 250 millones de habitantes hay un diputado cada 600.000 habitantes. En Brasil, con una población de 150 millones, hay un diputado cada 300.000 habitantes. En cambio en la Argentina, con 40 millones de habitantes hay un diputado cada 150.000 habitantes. Nosotros tenemos 72 senadores y en Estados Unidos tienen 100, con 50 estados.

• Compensación

P.: Claro que si usted reduce afecta también a los partidos chicos, que no tendrían forma de superar el piso de la cifra proporcional de reparto.

J.Y.:
Pero eso lo compensa con elecciones cada cuatro años. Entonces, en vez de renovar por mitades, renueva toda la cámara, es decir, la misma cantidad de bancas que pone en juego hoy.

P.: Un reproche que se le hace a la elección cada cuatro años es que lleva al país a un péndulo peligroso. Supongamos que en 1999 hubiera ganado Duhalde con un Congreso propio y en 2003 gana, imaginemos, un López Murphy con un Congreso también propio. El país iría de un extremo al otro abruptamente.


J.Y.:
Es cierto. Y por eso la renovación por mitades le garantiza una ondulación más suave en ese cambio, que expresa el cambio en el estado de ánimo de la opinión pública. Habría que buscar un dispositivo para garantizar esa suavidad. Sin embargo, la elección cada cuatro años tiene la ventaja de no someter al Ejecutivo a una tensión electoral permanente, que impide muchas veces planificar. Además de aumentar el costo económico porque cada dos años los partidos deben hacer enormes esfuerzos de recaudación para solventar las campañas, que muchas veces son pagadas de manera indirecta por el Estado.

• Recursos existentes

P.: Esta reforma pone el énfasis en la dimensión de las instituciones pero mira menos su funcionamiento, ¿no le parece?

J.Y.:
Es cierto. Uno podría hacer una revolución en la eficiencia del Congreso, por ejemplo, con sólo aplicar algunos recursos que ya existen. Le doy un caso: las cámaras pueden delegar en una comisión la sanción de una ley y evitar el plenario. Se hizo una sola vez, en el Senado, a propuesta mía, en el caso de la extensión de los derechos de propiedad intelectual a los bienes informáticos. Se podría adoptar el sistema inglés, que no exige quórum para iniciar las sesiones, pero sí para la votación y que achica el quórum en el caso de un segundo llamado a votar, lo que le quitaría a la oposición la posibilidad de obstruir con la ausencia. Son reformas técnicas de un enorme peso en la eficiencia del sistema democrático.

P.: Da la impresión de que la reforma política es la manera que los políticos encontraron para evitar una reforma administrativa del Estado más profunda y drástica. ¿Hay algo de esto?


J.Y.:
No. Si hablamos de las provincias yo le debo decir que reforma administrativa es reforma política. El mayor peso del gasto lo impone la burocracia política. En especial a nivel provincial y municipal. Los municipios están sobredimensionados no sólo por los Concejos Deliberantes, también por defensorías del pueblo, tribunales de cuentas, fiscalías de Estado y otras instituciones innecesarias o redundantes. Lo mismo sucede en los Estados provinciales, con un funcionariado no de empleados públicos sino de cortesanos del caudillo local.

P.: ¿Los sistemas electorales de algunas provincias no contribuyen también a esa exageración del gasto político?


J.Y.:
Desde luego. Fíjese en la ley de lemas, que produce una inflación en las candidaturas, generalmente de los oficialismos, que terminan siendo pagadas por el Estado. Si uno mira este aspecto del gasto comprenderá que la reforma que se propone desde el gobierno se puede perfeccionar mucho.

P.: ¿Cuál es el reproche que usted le hace?

J.Y.:
Que pone demasiado el acento en el Legislativo de las provincias. Es cierto que muchas veces está sobredimensionado. Pero si se ataca sólo allí se estará produciendo un solo efecto: cortar el gasto de la oposición. El oficialismo de las legislaturas seguirá financiándose con partidas del Ejecutivo, que deriva recursos a través de subsidios, pensiones y otras maneras indirectas de sostén.

• Refundación

P.: ¿Usted está de acuerdo en que, además, la reforma política contenga una reforma constitucional?

J.Y.:
Sí, creo que hay que refundar la institucionalidad en el país y llevar adelante una reforma en los tres poderes.

P.: ¿La Constitución del '94 ya tiene suficiente rodaje para que se la pueda evaluar?


J.Y.:
Sí, y hay cosas que funcionaron bien y cosas que hay que eliminar. Yo perfeccionaría la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, que es difusa; mantendría la independencia del Ministerio Público (los fiscales); pero eliminaría el ballottage, lo mismo que el tercer senador.

P.: Pero los radicales se van a enfurecer si usted les quita el tercer senador...


J.Y.:
No, porque puede dejar dos senadores por provincia con sistema D'Hont. Además, habría que vincularlos de alguna manera con la representación del Estado provincial porque ahora los senadores nos hemos convertido en representantes del pueblo, es decir, reprodujimos la Cámara de Diputados.

P.: ¿Usted está a favor del parlamentarismo?


J.Y.:
No. Por formación y cultura yo pertenezco a una provincia de caudillos, así que tengo una propensión natural al presidencialismo. Pero además creo que en el momento actual hay que legitimar la construcción del poder político de manera más fuerte y no llevarlo a que se respalde en una rosca de la clase política en el Congreso, que es lo que propone el parlamentarismo.

P.: Pero los radicales le dirían que cuando hay una crisis política el parlamentarismo, con un primer ministro vinculado al Congreso, le permitiría salvar a un gobierno.

J.Y.:
Eso es en los manuales. Cuando a usted le toca un presidente nabo, la crisis se lleva puesto al primer ministro y al presidente también. Si usted tiene un presidente con ejercicio pleno del poder, los efectos de la crisis se disminuyen. Mire si no el caso de Menem, que tenía recursos institucionales, sobre todo en el Congreso, de los que carecía, por ejemplo, De la Rúa.

• Cerco comprensible

P.: ¿La reforma constitucional debe tocar la economía?

J.Y.:
De ninguna manera. Sería un error tremendo porque la construcción de un modelo económico es una tarea del mediano plazo, en cambio la adopción de normas dogmáticas en una Constitución es algo estructural, que no debe estar ligado a una circunstancia cambiante. Si no terminaremos como Brasil, que le puso el precio al pan en la Constitución.

P.: ¿Cómo está viendo este cerco a los políticos que se ha tendido desde el cacerolazo?


J.Y.:
Lo veo comprensible porque la sociedad se siente estafada por el sistema político. Hace menos de dos meses el Congreso votó una ley sobre la intangibilidad de los depósitos y después el Estado se quedó con el dinero de la gente. Se le dijo uno a uno hasta hace dos meses y después se devaluó. Es lógico que se expanda la sensación de estafa. Pero también hay que advertir que el acoso indiscriminado a los políticos sólo agravará las cosas porque es la dirigencia política la que debe hacer funcionar las instituciones y no podrá hacerlo en estado de agresión permanente.

Entrevista de Carlos Pagni

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