21 de febrero 2005 - 00:00

Variante nueva: habría funcionarios y varios organismos a la cabeza

El juez Carlos Liporace se dedicó todo el día de ayer domingo a estudiar la larga declaración que rindió ante él Walter Beltrame, ex empleado de la empresa Southern Winds. Este se entregó el viernes a la Justicia, que lo buscaba por su presunta responsabilidad en tráfico ilegal de drogas.
El juez Carlos Liporace se dedicó todo el día de ayer domingo a estudiar la larga declaración que rindió ante él Walter Beltrame, ex empleado de la empresa Southern Winds. Este se entregó el viernes a la Justicia, que lo buscaba por su presunta responsabilidad en tráfico ilegal de drogas.
La novedad que trascendió este fin de semana -que sólo la citó un columnista político porque son conocidas las ataduras a que está sometida hoy la prensa en la Argentina-es la posibilidad de que no haya sido la Fuerza Aérea la máxima responsable del contrabando de 60 kilogramos de cocaína desde el Aeropuerto de Ezeiza hasta Madrid salvo en el «grado de complicidad», respondiendo órdenes superiores. Tampoco lo sería en primer lugar la empresa Southern Winds (SW), en cuyos aviones se concretó el contrabando de droga a España, aunque en sí en mucho mayor «grado de complicidad» que la Aeronáutica, aunque ésta fue hasta ahora la más castigada. La responsabilidad mayor se ubicaría ahora en quienes dispusieron la estatización de Southern Winds, otorgándole subsidios desde el Estado aunque sabiéndolos, desde el inicio, insuficientes, por lo cual se le autorizarían rutas nuevas valiosas y se le permitirían para compensar «franquicias especiales», por caso menos controles o elegir las rampas de aviones en Ezeiza.

En la responsabilidad de estas ventajas «complementarias» del subsidio estatal, que inevitablemente implicaba contrabando -aunque no se sepa si también se permitía en el nivel de drogas prohibidas-, aparecen en la cabeza de lo que ocurría en Ezeiza la Secretaría de Transporte, que encabeza el poderoso funcionario kirchnerista Ricardo Jaime, un grupo de sindicalistas y lo que se denomina el «Grupo Córdoba». Jaime es de Córdoba, también de esa provincia es originalmente Southern Winds, la azafata detenida de esa línea aérea por contrabando es pariente de un alto funcionario judicial también cordobés y habría más.

El único columnista que mencionó algo de la nueva versión de los hechos cita al diputado y gremialista aeronáutico Ariel Basteiro, pero otras fuentes señalan que habrían actuado en la «vista gorda» para Southern Winds no menos de otros tres sindicalistas de comisiones internas de la ex LAPA. Alicia Castro, ex azafata, sindicalista hoy diputada fue más allá estos días: directamente dijo que Southern Winds era una empresa comercialmente inviable y que fue creada para contrabandear.

El cargo de secretario de Transporte, que hoy posee el «pingüino» Jaime, originalmente lo suponía suyo el dirigente de la CGT Hugo Moyano, que inclusive recurrió a Néstor Kirchner, quien le respondió que no podía satisfacerlo porque le correspondía a Jaime. Los aviones de Southern Winds participaron activamente en el proselitismo de Néstor Kirchner antes de que asumiera la presidencia de la Nación, aunque nadie puede afirmar hoy que no cobrara sus servicios. Los periodistas, por ejemplo, recuerdan que cuando Néstor Kirchner era solo gobernador sureño alquiló desde la gobernación vuelos charters de aviones de SW para la inauguración de la pista de El Calafate, en Santa Cruz. Había tanta vinculación que en los aviones viajaba como anfitrión el padre del actual propietario, Juan Maggio.

Esta grave transgresión permitida de «valijas sin pasajeros» hacia una empresa que pasaba a asociarse con el Estado tuvo origen en que el gobierno de Néstor Kirchner no quería, por razones de prestigio político, las tomas de aeropuertos por los trabajadores de la empresa comercial privada de aeronavegación LAPA que entró en concurso y dejó de volar. También había cesado DINAR, otra privada. Se decidió formar la estatal LAFSA sólo para mantenerle los sueldos al personal. Se habría establecido que al efecto de hacer menos onerosa la carga para el Estado --y sobre todo porque a tal subsidiopara salarios a trabajadores sin tareas se oponían con indudable lógica la Jefatura de Gabinete y el Ministerio de Economíase optara por la asociación con otra empresa privada sumamente endeudada y con vínculos con el nuevo gobierno, SW, a la cual se le pagaban mensualmente $ 4 millones y medio para combustible de los aviones en vuelo, más casi $ 6 millones de sueldos de personal, también a cargo del Estado vía la estatal LAFSA. El aporte «extra», no en dinero, era la «vista gorda» para las cargas de SW a que se obligó a la PAN (Policía Aeronáutica Nacional) en Ezeiza.

• Desinformación

La Secretaría de Transportes, a cargo de Jaime, no habría informado al presidente Néstor Kirchner de la forma como se financiaba que el personal de la ex LAPA no tomara con carpas y pancartas los halls de los aeropuertos del país. Tampoco lo sabría el jefe de Gabinete, Alberto Fernández. Sin embargo, el gobierno sabía días atrás que la máxima responsabilidad de lo ocurrido no era de la Fuerza Aérea, sino de alguien de su propia tropa de funcionarios cuando ordenó decapitar exageradamente la cúpula aeronáutica. Estos militares tienen culpa por haber tolerado la anormalidad en Ezeiza que se encuadra dentro de lo que el gobierno Kirchner se impuso como misión apenas asumido: destruirles el sentido de responsabilidad a las Fuerzas Armadas y que se sometan totalmente a lo que el gobierno disponga, sea bueno o sea malo, en una nueva forma de «obediencia debida». Como prueba del desconcierto en los uniformados vaya lo que dijo un miembro de la Aeronáutica este fin de semana: «Hace por lo menos más de un año que salen valijas sin pasajeros y sin control por SW por orden superior fuera de Ezeiza. Nosotros hablábamos e imaginábamos que se enviaban repuestos y hasta pensamos quizá dinero para ir cubriendo los fondos de la provincia de Santa Cruz que, según dicen los políticosen los diarios, tienen faltanteen el exterior. Pero nunca supusimos narcotráfico». Una ingenuidad sólo comprensible por el estado de desintegración en que el gobierno puso a las Fuerzas Armadas. Si la Aeronáutica no había sufrido los avasallamientos institucionales del Ejército, la Armada, las fuerzas policiales, ¿por qué iban a abrir un conflicto con el más alto nivel del gobierno? Este fue el temperamento que impuso la «vista gorda».

Todo culminó ahora echándoletoda la culpa a la Aeronáutica, aunque no parece ser ése el criterio del juez actuante, Carlos Liporace, que nunca procesó a los empleados de una empresa privada que escanea las valijas (se cree que las «sin pasajero» ingresaban directamente a los informado en detalle los uniformados cómo eran realmente las cosas y las responsabilidades en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza en relación a SW. Inclusive Pampuro habló con el periodismo con autorización de una parte del sector oficial antes que Horacio Verbitsky -uno de los máximos cerebros hoy día para las maldades de este gobierno y con influencia y poder desconocidos en décadas pasadas para ningún periodistalanzaraaviones desde autos). Por eso se propone investigar esta semana a los directivos de SW. Más aún: según otra versión de ayer, sería de fuentes judiciales de donde se hizo trascender a la prensa, luego de 4 meses y medio de la denuncia, el contrabando de droga en Ezeiza. Se habría hecho ante la magnitud de organismos públicos comprometidos -incluida la SIDE-y saberse que más de 30 personas conocían el hecho y sorprendentemente guardaban secreto.

Aunque se lo sabe débil de carácter y propicio para obsecuencias, nadie puede imaginar a un ministro de Defensa como José Pampuro dando una conferencia de prensa, como ocurrió junto a los jefes aeronáuticos, para ratificar su «absoluto apoyo a la Fuerza Aérea» si no le hubieranla campaña contra la Aeronáutica y contra Pampuro. Verbitsky alertó a la Casa Rosada, dicen los que conocen la conjura oficial, para echarles la culpa a los militares o el kirchnerismo quedaba «pegado» al contrabando de droga si tal grave hecho se circunscribía a Southern Winds. Más aún si esta empresa ya se había lavado las manos el 5 de octubre pasado del contrabando descubierto el 17 de setiembre. El vicepresidentede SW hizo una denuncia con identidad reservada, forma insólita en un ejecutivo de empresa para un delito ocurrido en su propia compañía. Dice que lo hizo así por «temer por su vida». No está nada claro a quién le teme. Sin duda no al matrimonio español que al ser detenido circunstancialmente en Cádiz, España, por otro tema de droga, no pudo ir al aeropuerto de Barajas, en Madrid, a recibir otro envío más de los habituales desde la Argentina vía SW. Esta imposibilidad de retirar las valijas desató toda la investigación.

• Defensa

Verbitsky, autor de la maniobra del gobierno «todo a la Aeronáutica», ayer se defendió atacando al juez, a empresarios y hasta a este diario y su director por no haber asimilado «su versión» distorsionada de los hechos.

En España «dicen» que sus perros ya la habían detectado pero los que conocen judicialmente el expediente saben que sólo descubrieron droga en las 4 maletas luego de que efectuaran numerosas vueltas por la cinta sin que nadie las recogiera. Tampoco creen la versión española de que algo tan grave como valijas con droga rotuladas ( etiquetas falsas) para la «embajada argentina en España» sólo haya motivado que un funcionario llamara telefónicamente a la embajada y se contentara con que le dijeran que «no esperaban ningún envío» sin tomar ni siquiera el nombre y cargo del funcionario diplomático. Tampoco se entiendecómo la embajada no hizo ninguna averiguación posterior ni por qué no se le avisó la situación al nuevo embajador, Carlos Bettini, quien asumió una semana después del día del contrabando y se enteró recién ahora de lo que había sucedido. La posibilidad de que también la embajada argentina en España estuviera en la maniobra del silenciamiento junto a tantos organismos del gobierno y conspicuos funcionarios habría motivado a fuentes judiciales a lanzar sigilosamente a conocimiento público la situación. La periodista de «La Nación» que dio la primera información, Alejandra Rey, fue esposa del ex juez Julio Virgolini.

Se conocen también otros detalles de la siniestra trama estatal que hay detrás de esta droga descubierta por un juego de casualidades en España.
Ambito Financiero, el 31 de enero, antes que nadie, publicó (en Contratapa) una nota pequeña sobre un miembro de la SIDE descubierto en relación con irregularidades en Ezeiza. Eran datos demasiado sueltos como para que el periodismo pudiera hilvanarlos, más si gran parte de la estructura del Estado argentino estaba involucrada. El expediente de esa detención se habría hecho desaparecer misteriosamente del juzgado interviniente en Campana. La SIDE estaba en conocimiento de lo que sucedía en Ezeiza. Es posible que tuviera sospechas sobre agentes « operativos»; por ejemplo, si se ratifica que a cambio de la cocaína se recibían como pago desde España pastillas de éxtasis, algo que obligaría a toda una organización local de venta para transformarle en dinero contado para su subsistencia a SW.

El 26 de octubre, por intermedio de Interpol, España hizo conocer a Interpol en la Argentina el descubrimiento de droga en Barajas. Interpol aquí siempre informa a la Policía Federal ya que depende de ella, que también habría sabido desde hace 4 meses lo que ocurría en Ezeiza. ¿Podrían ignorarlo entonces el Ministerio del Interior y la Casa Rosada? España habría « aguantado» largo tiempo la información del hecho, por lo cual se sobredimensiona la cantidad y el
nivel de involucrados.

No se puede entender que frente a lo ocurrido el 17 de setiembre y denunciado el 5 de octubre la Aeronáutica haya mantenido al frente de Ezeiza al brigadier Alberto Beltrame si no tuviera el respaldo de que cumplió órdenes de «vista gorda» y pensando que todo iba a terminar de dirimirse entre la empresa SW, la Secretaría de Transporte de la Nación y el propio gobierno nacional. Tampoco se entendía, hasta ahora, por qué ese brigadier Beltrame decía «en lo que me han metido», invocaba a su madre de 80 años y el honor de su apellido, tratándose de un héroe de Malvinas.

• Interrogante

Tampoco se entendía por qué aconsejó a su hijo Walter a permanecer oculto -aunque en la propia casa paterna-durante 4 meses. Se cree que fue para que no se transformara en «el pato de la boda» ya que siempre habría recibido órdenes de facilitar el paso de las valijas sin pasajeros en Southern Winds y el padre le habría aconsejado que esperara a que el asunto se dirimiera donde debía, o sea en altas esferas del gobierno. ¿Le dieron el puesto en Southern Winds a Beltrame hijo para que facilitara la colaboración del brigadier Beltrame padre aunque ya la orden de no intervención de la PAN en la compañía asociada al Estado se había impartido « desde afuera de Ezeiza»? Otro tema por dilucidarse, pero se derrumba día a día el «invento» de Verbitsky de la culpa a la Fuerza Aérea, aunque para calmar un poco la conciencia por su mentirosa intervención mencionó en su columna de ayer a Ricardo Jaime -algo gravísimo proveniente de Verbitsky-y a Guillermo Moreno, secretario de Comunicaciones, como «fuentes de negocios dudosos y relaciones promiscuas con empresas».

Una última versión trascendida ayer: la Aeronáutica no habría sido tan tonta de hacer desaparecer las cintas de los movimientos de Ezeiza el 16 de setiembre (día en que se embarcó la droga) cuando sabía que el 5 de octubre había ya una denuncia judicial.

El hecho de que Walter Beltrame haya sido alojado en un calabozo del edificio de la Aduana, a cargo de otro funcionario «pingüino de raza» como Ricardo Echegaray, «pega» más al gobierno con el escándalo. Un preso así iría a dependencias de Gendarmería o de la Policía Montada, dependiente de la Policía Federal. ¿Puede haber presión sobre Beltrame, de 26 años? Ni siquiera se están guardando las formas.

Dejá tu comentario

Te puede interesar